(Por: Rubén Lasagno) – El Interventor de YCRT hizo declaraciones en Tiempo Sur y dejó más dudas que certezas. No vamos a abordar todo el texto porque es muy extenso y el funcionario hace cirugía mayor en las palabras para no dejar más expuesto el contraste fenomenal que existe entre el discurso y la realidad.
Cuando cruzamos las declaraciones de Pablo Gordillo con los registros portuarios de Punta Loyola, los anuncios oficiales de exportación y la reciente resolución del Presupuesto 2026, los datos verifican la existencia material de las operaciones comerciales que menciona el interventor pero el impacto real de estos ingresos sobre el déficit estructural exhibe un panorama más complejo que da lugar a una nota en el diario La Nación que lapida al yacimiento, pone en duda su utilidad y por supuesto, su sustentabilidad.
El análisis de las declaraciones de Pablo Gordillo expone una radiografía técnica sobre la estructura de financiamiento de YCRT, marcando un contraste directo entre la narrativa de los números oficiales y la dinámica operativa real de la empresa.
“Caja Pagadora”
Cuando Gordillo afirma que el 96% del dinero enviado por Nación cubre exclusivamente sueldos, clarifica la naturaleza de la intervención estatal actual; hay ausencia de inversión operativa porque el Tesoro Nacional no está financiando el desarrollo de la mina, el mantenimiento ni la logística. La inyección de fondos nacionales funciona como un subsidio directo al sostenimiento de la planta de personal.
Hay una “autonomía operativa forzada” y esto implica que todo el resto del funcionamiento de YCRT (incluyendo obras como el balizamiento en Punta Loyola) debe financiarse estrictamente con el flujo de caja que la empresa logra generar por su cuenta a través de la venta de carbón y energía.
Gordillo en sus declaraciones busca justificar el déficit estructural que refleja el presupuesto oficial, atribuyéndolo a un problema de trazabilidad temporal en el diseño del documento de gastos y referido a los “Ingresos no contabilizados”señala que el presupuesto proyectado para 2026 se cerró en septiembre de 2025, por lo tanto, el cálculo oficial de déficit “es ciego” a los ingresos autogenerados que la empresa logró concretar después de esa fecha como las ventas de fin de 2025, comercialización de energía y el nuevo contrato de siete buques que suena muy lindo, pero no hay precisiones ni de producción ni de comercialización, hasta el momento.
El mensaje de fondo es que los números que evalúa el Gobierno Nacional muestran un escenario financiero mucho más negativo que la capacidad real de comercialización que la empresa demostró en los últimos meses.
Los pagos “no remunerativos”
De acuerdo a Gordillo la dependencia con la administración central genera una parálisis en la actualización salarial de los trabajadores, creando fricciones internas.
YCRT tiene un sistema automático de ajuste ligado a la paritaria nacional. Sin embargo, por el congelamiento dictado sobre las empresas públicas, la ejecución de esos aumentos requiere la firma de la oficina de Empleo Público de la Nación, la cual ha frenado las autorizaciones.
Al tener los fondos inmovilizados, YCRT gestionó ante la Secretaría de Energía un atajo: liquidar esos aumentos como “sumas no remunerativas” (adelantos). Esto evita un conflicto gremial inmediato, pero precariza temporalmente el ingreso del trabajador al no impactar en cargas sociales ni aguinaldos y expone una fuerte descoordinación entre las distintas dependencias del Estado Nacional.
A principios de julio de 2026 y según los dichos de Gordillo, porque no ha mostrado un solo contrato de comercialización que así lo corrobore, la conducción de YCRT cerró oficialmente un contrato a largo plazo para la comercialización de 210.000 toneladas de carbón. Dado que la capacidad operativa promedio de los buques carboneros que operan en Punta Loyola es de 30.000 toneladas, el volumen total del contrato equivale matemáticamente a los siete barcos indicados por el funcionario.
Hasta aquí la información a la opinión pública, Ni la empresa ni el gobierno provincial han aportado a la opinión pública constancias reales de la venta real de siete buques de carbón y desde adentro de la empresa algunos dudan que en las condiciones actuales de operatividad, YCRT pueda generar esa producción y presumen que el anuncio es a los fines de tapar el rojo imposible de cubrir que tiene el yacimiento y pone a toda la empresa en riesgo para lo cual “ayudan” el propio Interventor Gordillo y el diputado de LLA Jairo Guzmán, funcionario nacional y legislador que nadie sabe bien, para qué y para quién trabajan. (Agencia OPI Santa Cruz)