ARCA ¿Te “garca”?
La situación del sector comercial en la provincia atraviesa un momento crítico. Durante el último año, una alarmante cantidad de locales han cerrado sus puertas en las distintas localidades de Santa Cruz, una realidad palpable que los vecinos observan a diario en sus calles.
Si bien la emergencia comercial decretada por el gobierno provincial fue bien recibida por el sector, ya que permite refinanciar deudas con el Estado santacruceño, la medida resulta insuficiente frente a la postura de ARCA. El organismo no ha habilitado planes de financiación especiales ni ha suspendido las medidas judiciales, en consecuencia, los comerciantes sufren constantes embargos en sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, lo que paraliza por completo su operatividad diaria.
Levantar estos embargos se convierte en un desgaste insostenible. Los afectados deben invertir horas en trámites contables, además de afrontar el pago de multas. Cada paso administrativo representa un costo económico adicional para el comerciante, quien, con sus fondos bloqueados, se ve en la necesidad urgente de agilizar gestiones para recuperar su capital de trabajo.
En nuestra redacción recibimos múltiples quejas dirigidas a las oficinas de ARCA en la capital provincial. El principal reclamo apunta a demoras de hasta 15 días para la firma de expedientes. Resulta paradójico que, en una época donde el formato físico quedó atrás y las presentaciones en ventanillas virtuales son inmediatas, la burocracia estatal siga siendo tan lenta.
A pesar de los insistentes llamados telefónicos diarios de los contribuyentes para destrabar sus gestiones, la firma final y la continuidad de los trámites dependen de Ana Coenda, jefa de la Agencia Río Gallegos. Gran parte de los expedientes quedan estancados en su escritorio, evidenciando la necesidad urgente de que el organismo adopte una dinámica mucho más expeditiva.
Más funcionarios y menos plata
El gobernador Claudio Vidal presentó a Sebastián Santillán como responsable de la coordinación de las delegaciones de Trabajo de toda la Zona Norte de Santa Cruz. La presentación se realizó el viernes, junto al secretario de Trabajo Javier Aravena, ante los delegados de cada una de las localidades de la región.
Inmediatamente de conocido el nombramiento se empezaron a perfilar las críticas desde el sector de la minería. Obvio, todos se están quejando que la gente en el campo no tiene camionetas, no posee ropa ni medios para ejercer un control eficaz en los proyectos mineros de la zona y el gobierno invierte en una infraestructura que contradice el llanto económico que derraman los funcionarios cuando los inspectores reclaman medios para cumplir su tarea.
La última controversia de los gremios mineros con Newmont, destapó una olla que seguramente el gobernador Vidal pretende mantener controlada poniendo a Sebastián Santillán quien tendrá bajo su responsabilidad la articulación de las delegaciones de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos y simular que el 90/10 se aplica ¿O necesitará de alguien que interceda y negocie (literalmente) estos conflictos entre las mineras y los trabajadores/sindicatos?.
La crítica principal que viene de los involucrados en el tema minero, se dispara contra el gobierno provincial y las autoridades que “simulan” controles y multas millonarias las cuales en realidad nadie sabe si las operadoras pagan o no y en caso de que así sea, dónde va esa plata.
Las quejas del personal que debe acceder a las locaciones mineras para efectuar controles en caso de desmoronamientos, escape de gases o de aguas contaminadas (entre otros eventos comunes en la actividad), carecen de medios de protección personal, herramienta de seguridad, en muchos casos son las propias mineras quienes los tienen que trasladar en su vehículos porque carecen de camionetas 4X4, como si tienen los funcionarios de la Secretaría e inclusive las quejas que hemos recibido señalan que no cobran viáticos.
OPI Santa Cruz está trabajando una investigación respecto de este tema, pero es importante tener en cuenta que el nombramiento de este nuevo funcionario es parte de la “burocratización” del Estado que pretende tapar con más funcionarios, multas que solo ellos y las mineras conocen y una serie de designaciones y relato, lo que la realidad contrasta de manera brutal: el Estado sigue gastando fondos, ampliando la burocracia y limita la capacidad de control, sosteniendo una carestía que no se ve entre los funcionarios del área.
La pregunta que nos hacemos es ¿Santillán estará puesto ahí para controlar o para negociar mejor los conflictos antes que la sangre llegue al río y permitir que la fiesta entre el gobierno, las mineras y los sindicatos siga?.
Represas sin agua y sin laburantes
En la última semana supimos que la UTE Represas Patagonia canceló el llamado de los trabajadores que habían sido convocados. Como OPI Santa Cruz lo ha informado en otra oportunidad, el personal convocado era la mínima expresión para seguir funcionando en “pausa” con el mantenimiento de equipos y tareas mínimas.
Una vez más el gobierno provincial y la propia UTE ante el silencio de la UOCRA y otros gremios que actúan dentro del proyecto represas, volvieron a dar un paso hacia atrás (¿O será que nunca dieron un paso hacia adelante?) y los pocos convocados por telegrama, quedaron stand by hasta próximo aviso.
Las fuentes aseguran que varios chinos traídos en los últimos meses fueron enviados a Bs As, mientras la UTE asume que con los fondos que le han llegado no pueden satisfacer la demanda y las deudas (algunas de más de un año y medio) y por ese tema, precisamente, los proveedores del proyecto se quejan por las pésimas condiciones de pago que les proponen desde la UTE.
Internamente los chinos quieren correr definitivamente a Electroingeniería de la UTE, pero administrativa y legalmente es muy complicado, sin embargo las fuentes admiten que no toleran más “a Ferreyra y su patota” (entre ellos estaría Mariano Musso).
Asumen que Electroingeniería no quiere pagar las indeminizaciones del personal propio, los pocos que le quedan con cesión de contrato, porque según la empresa “no tiene plata”. La última novedad es que les quiere hacer firmar “un mutuo acuerdo” (Art 241) para desvincularlos y pagarles solo los años trabajados en la UTE, cuando en realidad hay gente que viene trabajando muchos años antes en Electroingeniería y esos años los perderían si prospera la propuesta, quedándose la empresa de Ferreyra con los millonarios montos de quienes trabajan allí desde hace décadas. (Agencia OPI Santa Cruz)