La Sala IV de Casación ratificó al tribunal que juzgará a tres exfuncionarios viales por omitir controles en Santa Cruz, tras rechazar los planteos dilatorios de las defensas técnicas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 para encabezar el debate del caso Vialidad II. El tribunal de alzada desestimó el recurso interpuesto por la defensa técnica de Sandro Férgola, quien pretendía apartar a los jueces asignados para juzgar la falta de supervisión en las obras públicas asignadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron la intervención de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel al frente del tribunal de juicio. Los integrantes de la sala revisora fundamentaron que el planteo recursivo carece de viabilidad formal, debido a que la impugnación no se dirige contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable por sus efectos jurídicos inmediatos.
El pronunciamiento judicial aplicó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual establece la desestimación directa de aquellas recusaciones que resulten manifiestamente inadmisibles. Esta resolución consolida el esquema del proceso oral tras el rechazo previo de otro planteo formulado por la misma defensa, el cual pretendía excluir a la Unidad de Información Financiera de su rol procesal como parte querellante en las actuaciones.
El esquema de control administrativo en Santa Cruz
El expediente judicial investiga el favorecimiento a las firmas constructoras de Lázaro Báez mediante la omisión sistemática de los deberes funcionales de supervisión en la provincia de Santa Cruz. La acusación sostiene que las estructuras administrativas intermedias facilitaron irregularidades en la fiscalización de los plazos contractuales y en la ejecución técnica de las obras viales asignadas al grupo empresarial durante el período investigado.
La etapa de instrucción penal investigó originalmente a diez personas imputadas por presuntas irregularidades administrativas dentro de la Dirección Nacional de Vialidad. El requerimiento de elevación a juicio oral depuró la nómina procesal y determinó que tres exintegrantes del organismo nacional comparezcan en el debate: el exgerente Sandro Férgola, junto a los exfuncionarios Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate.
El debate oral constituye la derivación directa del proceso principal donde resultó condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las actuaciones actuales delimitan la responsabilidad penal de los mandos operativos secundarios y terciarios de la administración vial nacional, concentrando el análisis en los circuitos de certificación y control administrativo que operaron sobre los contratos de obra pública en el distrito patagónico.
La resolución de la alzada deja expedita la instancia preparatoria final para que el tribunal determine la fecha de inicio del juicio oral y público. Con la confirmación de los tres magistrados y la ratificación de los organismos querellantes, los exfuncionarios viales enfrentarán el proceso bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. (Agencia OPI Santa Cruz)