El cronograma judicial de audiencias fijado por el fuero federal porteño se extenderá durante más de dos meses para indagar a exmandatarios, legisladores y empresarios que accedieron a dosis irregulares de Sputnik V.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a la exsenadora Hilda González de Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky y a más de treinta beneficiarios del circuito irregular de inoculación montado en el Ministerio de Salud de la Nación. La resolución del juzgado penal responde a la requisitoria formal presentada por el fiscal federal Eduardo Taiano, luego de que la Cámara Federal ordenara extender la instrucción penal sobre quienes recibieron las dosis estatales sin cumplir los criterios de prioridad sanitaria.
El cronograma formal de declaraciones indagatorias fijó audiencias a partir del 2 de octubre y extenderá los testimonios procesales hasta el 9 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py. La fiscalía impulsó las convocatorias tras el pronunciamiento de la alzada judicial que revocó los sobreseimientos iniciales para determinar la responsabilidad penal de los particulares y dirigentes que gestionaron aplicaciones privilegiadas de la vacuna Sputnik V durante la etapa de estricta escasez poblacional.
Las actuaciones principales acumulan imputaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado sobre Marcelo Ariel Guille, exsecretario privado de la cartera sanitaria; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Nacional Posadas. El extitular del área ministerial, Ginés González García, dimitió en febrero de 2021 luego de hacerse pública la operatoria y falleció a los 79 años previo a que el tribunal de apelaciones confirmara su procesamiento formal.
El requerimiento de la fiscalía alcanzó a representantes del Poder Legislativo y a colaboradores del Poder Ejecutivo nacional, disponiendo la comparecencia del diputado nacional Jorge Taiana, del diputado nacional Eduardo Valdés, del publicista Jorge Héctor Devoto y de Patricia Alsua, cónyuge del entonces procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini. La nómina procesal incorporó al fotógrafo institucional Esteban Collazo, afectado a la cobertura presidencial durante el mandato de Alberto Fernández, junto con el periodista Gabriel Michi.
El esquema de citaciones fijado por el Juzgado Federal N° 5
La citación judicial comprende al grupo familiar directo del expresidente Duhalde mediante el llamado a sus hijas María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, sumando a Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. En el mismo tramo de las audiencias deberán presentarse el exintendente del municipio de Tres de Febrero Hugo Curto y su cónyuge, Filomena Marta Burgos, por haber recibido dosis reservadas para el personal estratégico y de salud.
El sector comercial y periodístico vinculado a la ciudad de Mar del Plata incluye en el listado de indagatorias al empresario Florencio Aldrey, propietario del diario La Capital, junto a sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey y Dolores Noya Aldrey. La nómina mercantil suma al empresario Seza Manukian y a Félix Eulogio Guille, padre del exfuncionario que coordinaba la agenda operativa de la conducción ministerial de salud.
La resolución de Capuchetti completó el padrón de convocatorias judiciales con las citaciones dirigidas a Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez y María Felisa Mango. El tribunal notificó además a Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda y María de los Ángeles Domínguez para que justifiquen su inclusión en las listas de vacunación.
La Justicia federal determinará la eventual responsabilidad penal de los beneficiarios por el aprovechamiento indebido de bienes públicos destinados al control epidemiológico nacional. Las indagatorias se desarrollarán de manera presencial en el juzgado para definir si los imputados enfrentarán un procesamiento formal como partícipes de las maniobras administrativas investigadas. (Agencia OPI Santa Cruz)