(Por: Rubén Lasagno) – El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció la creación del Boletín Oficial del municipio y la página de “Transparencia institucional”. Lo que parece una revelación que se le dio de forma casi mágica al intendente capitalino, en realidad es una obligación que viene incumpliendo desde hace 6 años y hoy trata de “venderlo” como una iniciativa propia.
El diputado Pedro Muñoz de la CC-ARI, salió al cruce de los anuncios del intendente Grasso indicando públicamente que desde octubre del año 2020, el Concejo Deliberante de Río Gallegos, del cual formaba parte como concejal en ese momento, aprobó la Ordenanza N° 9392 (Decreto Municipal N° 2408/20) que estableció la creación del B.O.M.E (Boletín Oficial Municipal), que entre sus particularidades debe ser confeccionado diariamente y subido al site oficial de la intendencia.
Teniendo en cuenta lo que dice Muñoz y el anuncio de Grasso, está claro que no se trata de una iniciativa municipal nacida de la vocación democrática que tiene el intendente; es una resolución del Cuerpo legislativo que hace seis años el intendente debería haber cumplido y recién ahora le sucede esta epifanía y se le revela a Grasso la necesidad de administrar honestamente comunicándole a la opinión pública y especialmente a los vecinos de esta capital, que su gestión es transparente, pero claro, se acordó en el último año y medio de sus dos períodos como al frente de la gestión municipal.
De acuerdo a la norma aprobada oportunamente por los concejales, contempla la obligación de publicar licitaciones, adjudicaciones, contrataciones, decretos, ordenanzas y demás instrumentos legales emitidos tanto por el Ejecutivo municipal como por el Concejo Deliberante.
A Pablo Grasso le queda poco más de un año y medio de gestión, la pregunta que nos hacemos es si las herramientas de transparencia y el Boletín Oficial, se van a implementar como mínimo antes de fin de año o transcurrirá el tiempo en armado, nombramientos, construcción/adaptación de oficinas, estructura burocrática y la asignación de fondos, que recién el año que viene y tal vez ya muy avanzada la campaña a las elecciones provinciales, comience a funcionar como un esbozo de lo que tendría que ser un punto de transparencia e información para el vecino que asiste a ciegas a obras suntuarias, la postergación de obras indispensables, las licitaciones que caen siempre en las mismas manos y mega obras como la rotonda Samoré en la autovía que aún hoy el intendente no ha dicho cuánto costó, con qué fondos la hizo y por qué se rompió a los pocos días de estar inaugurada.
Quizás con el Boletín Oficial, el intendente estará obligado a dar información que nunca trasscendió a quienes con su plata, lo ayudan para que pueda disponer de fondos discrecionalmente y sin dar ninguna explicación pública sobre el destino de los mismos y la inversión de los recaudado en concepto de tasas, patentes y contribuciones, que en el último año aumentaron entre el 100 y el 150% muy por encima del costo de vida que afecta a las raquíticas billeteras de los vecinos y los comerciantes de la ciudad.
El Boletín Oficial es un medio para transparentar la función pública y el primero que suprimen quienes tienen más que ocultar que para aclarar. De hecho, la municipalidad de Caleta Olivia bajo la gestión del intendente Pablo Carrizo tiene vigente el dispositivo pero el Secretario de Coordinación Gral. Juan Carlos Gómez de la última administración de Fernando Cotillo, borró gran parte del archivo histórico, porque el BO, además de brindar información del presente es un archivo de gestiones anteriores por lo tanto es una herramienta fundamental para las investigaciones periodísticas y como sabemos, si algo incomoda al Poder es que la prensa crítica y la oposición política se entere de lo que hicieron, cómo lo hicieron y para qué. (Agencia OPI Santa Cruz)