El tribunal oral avanza sobre activos bancarios e inmuebles para cubrir la indemnización actualizada de 684.990 millones de pesos fijada en la causa Vialidad, tras registrarse el vencimiento del plazo de pago voluntario de los condenados.
La entidad financiera Banco Galicia notificó formalmente al fuero penal la disponibilidad efectiva de 4.664.000 dólares resguardados en una caja de seguridad y 1.032.144 dólares depositados en cuentas bancarias pertenecientes a Florencia Kirchner, junto con una suma remanente de 53.280 pesos. Estos valores monetarios quedaron habilitados para su decomiso coactivo tras permanecer inmovilizados durante diez años dentro del sistema bancario nacional sin que mediara resolución de devolución a la titular.
La incautación responde al procedimiento patrimonial que sustancia el Tribunal Oral Federal N° 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede que dispuso la ejecución compulsiva de activos para satisfacer la condena de la causa Vialidad. El tribunal ordenó decomisar bienes luego de constatar que ninguno de los sentenciados canceló la indemnización fijada tras expirar el término perentorio de diez días estipulado para el pago voluntario de la pena pecuniaria.
La condena pecuniaria original reclamaba una reparación fiscal tasada en 84.835 millones de pesos, pero el cálculo del quebranto estatal ascendió a 684.990 millones de pesos por efecto directo del reajuste inflacionario aplicado a la liquidación practicada en el expediente penal. Los peritos judiciales y los magistrados estiman que dicho monto requerirá actualizaciones adicionales si las controversias procesales continúan postergando la liquidación definitiva del dinero adeudado a las arcas públicas.
Las constataciones patrimoniales determinaron que el embargo trabado sobre una nómina inicial de 111 inmuebles resulta manifiestamente insuficiente para satisfacer la deuda exigida a los responsables de las maniobras defraudatorias. Ante este desbalance contable, los magistrados extendieron la persecución patrimonial hacia los bienes personales de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple actualmente régimen de detención domiciliaria bajo los términos dictados por la misma sentencia judicial.
El Tribunal Oral Federal N° 2 amplía el decomiso sobre bienes y sociedades
Dentro del nuevo catálogo de ejecución forzosa, los secretarios judiciales incorporaron, además de las divisas bancarias bajo custodia, 13 propiedades registradas a nombre de los integrantes del núcleo familiar Kirchner. La disposición judicial incluye de forma simultánea 128 activos comerciales que integran la estructura patrimonial del contratista Lázaro Báez, con el propósito de cubrir la brecha económica generada por la insuficiencia de las primeras medidas cautelares dictadas en la causa.
La disponibilidad notificada por la entidad bancaria abarca depósitos que permanecieron congelados durante diez años tras las medidas cautelares dictadas por la Justicia federal. A pesar de que Florencia Kirchner obtuvo un pronunciamiento de sobreseimiento formal en el expediente que investigó presuntas maniobras de lavado de dinero, las autoridades judiciales denegaron la restitución de los dólares por considerar que la legitimidad de su procedencia continuaba bajo sospecha en las actuaciones accesorias.
La transferencia material de las tenencias hacia las cuentas asignadas a la causa Vialidad no registrará una ejecución inmediata debido a que el Tribunal Oral Federal N° 5 intervino como autoridad de origen en la retención preventiva y conserva facultades para interponer objeciones procesales. Esta sede colegiada deberá evaluar si concede la libre disponibilidad de los fondos o si sostiene la afectación original del dinero frente a la solicitud cursada por el tribunal ejecutor.
El circuito del decomiso permanece supeditado a la resolución de este diferendo entre ambas salas federales y a la recepción de los informes bancarios definitivos sobre las cuentas, mientras la liquidación judicial por 684.990 millones de pesos continúa abierta a nuevas actualizaciones tarifarias y financieras hasta tanto se concrete la cobertura total de la indemnización impuesta. (Agencia OPI Santa Cruz)