(Por: Rubén Lasagno) – El municipio de El Calafate argumenta un “silencio positivo” para desvincularse del hospital de alta complejidad SAMIC de gobierno tripartito que está integrado legal y jurídicamente por convenio con nación y provincia en esa ciudad. Detrás de los decretos y ordenanzas que generó el municipio y el Concejo Deliberante, asoma la verdadera razón: la decisión política de no financiar a un ente controlado por administraciones rivales.
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De esta manera, mientras el Consejo de Administración del SAMIC reclama que ocupen la banca municipal y cumplan con el acuerdo, el Ejecutivo local esgrime normativas propias para justificar su salida.
A diferencia de la prensa de El Calafate que copia y pega las comunicaciones municipales o gubernamentales y evita cranear los motivos y las consecuencias de las decisiones del municipio, haré un análisis de cómo la salud pública en El Calafate quedó atrapada en la reconfiguración política de la provincia.
La Dirección de Legales del municipio de El Calafate, a través de una nota sustentada en términos legales, formalizó la renuncia unilateral al convenio tripartito al cual hicimos referencia en nuestro primer informe, pero el análisis jurídico de la pieza demuestra que la retirada unilateral carece de sustento, dejando al descubierto que la negativa a aportar el 5% responde al nuevo escenario político nacional y provincial, que se contrapone a la del intendente K. Y esto es lo que voy a analizar desde OPI Santa Cruz a continuación.
En el derecho argentino, rige el principio de supremacía constitucional y la jerarquía de las normas (establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional). En la “pirámide” jurídica, las leyes y normativas nacionales están por encima de las provinciales y estas últimas por encima de las municipales.
Al analizar el recorrido legal del convenio tripartito del SAMIC, que describimos en el informe anterior, frente al accionar del municipio que rescindió unilateralmente su participación en dicho convenio, surgen las siguientes conclusiones sobre la invalidez de esta “renuncia unilateral“
El SAMIC no es una dependencia municipal, sino un ente interjurisdiccional creado por un contrato tripartito y en el derecho administrativo, de acuerdo a las fuentes consultadas, un convenio de esta naturaleza obliga a las tres partes (Nación, Provincia y Municipio).
Un principio básico del derecho es que los contratos obligan a las partes (pacta sunt servanda) y no pueden ser dejados sin efecto por la sola voluntad de una de ellas, a menos que el mismo convenio contenga una cláusula expresa de rescisión unilateral, lo cual no ocurre en el paso a la etapa “definitiva” del convenio labrado en 2023 cuyo texto hemos recorrido.
El documento
Analizado el Decreto Nacional N° 34/2015 (que aprueba el convenio provisional y el estatuto inicial del SAMIC con Misiones y exactamente igual con Santa Cruz), de su ratificación definitiva en 2023 y del marco normativo general que rige estos entes (Ley Nacional N° 17.102 y su Decreto Reglamentario N° 8248/68), la evidencia es contundente y dejamos el link al documento oficial para que el lector lo pueda revisar en todos sus términos.
Ni el convenio original de 2015 ni el definitivo de 2023 contienen una cláusula de rescisión o retiro unilateral. El texto del estatuto no contempla en ninguno de sus artículos la posibilidad de que una de las tres partes (Nación, Provincia o Municipio) decida abandonar sus compromisos financieros (el 5% en el caso del municipio) y administrativos por simple voluntad propia. Al constituirse formalmente como un ente interjurisdiccional bajo la Ley N° 17.102, el compromiso se asume de manera vinculante y estructural.
Ante la ausencia de una “puerta de salida” estipulada en el contrato, la desvinculación no puede quedar al arbitrio de resoluciones locales. En el Derecho Administrativo rige el principio de “paralelismo de las formas”, esto significa que para deshacer un vínculo jurídico se deben utilizar exactamente los mismos mecanismos y jerarquías que se usaron para crearlo.
Por lo tanto, el único mecanismo jurídicamente válido para que la Municipalidad de El Calafate se retire del SAMIC requiere los siguientes pasos:Acuerdo tripartito de modificación/disolución parcial y Aprobación legislativa y Ejecutiva en los tres niveles: Ese nuevo acuerdo de salida debe ser nuevamente aprobado por un Decreto Presidencial (Nación), un Decreto y/o Ley Provincial (Santa Cruz) y una Ordenanza del Concejo Deliberante local.
La elusión y el “Silencio positivo“
La Ordenanza N° 2.540/2025 y el Decreto Municipal N° 1.224/2025 emitidos por la municipalidad de El Calafate, tienen efectos hacia adentro del municipio (le ordenan al Intendente retirar al representante y dejar de aportar el 5% de los fondos). Sin embargo, son normativamente incompetentes para modificar un convenio ratificado por Decretos Nacionales y Leyes provinciales, aseguran las fuentes jurídica consultadas. Para que la salida de El Calafate sea legalmente perfecta y oponible a las otras partes, requeriría una adenda al convenio original firmada por Nación, Provincia y Municipio y su posterior ratificación legislativa en los tres niveles. Eso es lo normal, los atajos que se toman, son controversiales medidas que la normalidad no considera.
La Dirección de Legales municipal justifica que su renuncia quedó firme porque Nación y Provincia nunca respondieron a su notificación, invocando el “silencio positivo“. Ahora bien, en el derecho administrativo argentino, el silencio de la administración frente a un reclamo generalmente se interpreta en sentido negativo (como rechazo), salvo que una ley expresa diga lo contrario para un trámite específico y éste no es el caso.
Aplicar la doctrina del “silencio positivo” para dar por rescindido unilateralmente un tratado interjurisdiccional de financiamiento y co-administración hospitalaria, es una interpretación jurídicamente muy forzada y sumamente frágil ante un tribunal.
Por lo tanto, el intendente Javier Belloni utilizó una herramienta de orden local (decreto/ordenanza) para intentar desvincularse de una obligación de orden superior (convenio tripartito avalado por Nación y Provincia).
Jurídicamente, el municipio se encuentra en incumplimiento contractual y normativo y aunque en los hechos retiren a su consejero y dejen de girar el dinero, legalmente siguen siendo parte del SAMIC y mantienen la obligación del aporte del 5%.
Si el Estado Nacional o la Provincia deciden accionar legalmente exigiendo el cumplimiento del convenio (y el pago de la deuda acumulada), este conflicto de normas y competencias deberá dirimirse inevitablemente en el ámbito judicial, posiblemente escalando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación dada la naturaleza interjurisdiccional del ente.
El verdadero trasfondo es político
Más allá de la fundamentación jurídica y el debate sobre la jerarquía de las normas, el conflicto es estructuralmente una disputa de poder territorial. Detrás de la arquitectura legal de los decretos y ordenanzas, lo que realmente observo es el uso de herramientas administrativas para cristalizar una ruptura política ineludible.
Cuando el intendente Belloni accedió a firmar el convenio con el SAMIC (de gestión nacional) estaba vigente el gobierno K en toda su amplitud en el eje “Nación-provincia-municipio.
Hasta diciembre de 2023, el SAMIC operaba bajo este esquema de alianza directa. Belloni compartía la mesa de decisiones con la gestión nacional y la administración provincial de entonces con Alicia Kirchner a la cabeza. El hospital funcionaba de manera integrada a un proyecto político unificado.
Pero con el cambio de conducción a nivel nacional y la llegada de Claudio Vidal a la gobernación provincial, la composición del Consejo (seis miembros en total) dejó al Municipio de El Calafate en una minoría absoluta. Mantener al representante municipal para el intendente, implica ocupar una silla simbólica sin capacidad de veto, obligándolo a convalidar decisiones de gestiones con las que está enfrentado. Pero Belloni nunca va a decir eso, obviamente.
Desde esa óptica, continuar aportando el 5% del presupuesto operativo deja de ser una inversión en salud local y se transforma en el financiamiento forzoso de una estructura donde el Municipio no tiene control. Políticamente, para el intendente, significa inyectar fondos propios para sostener políticas públicas que terminarán capitalizando sus adversarios (Milei y Vidal).
Es por eso que ante un convenio de 2023 que, por su carácter definitivo, no le ofrece una cláusula de salida, el gabinete Legal municipal pretende forzar la interpretación del derecho administrativo. Construye un salvoconducto jurídico argumentando “el silencio de la Nación y la Provincia”, asumiendo que el costo de una posible irregularidad legal es menor que el costo político de ser funcional a las nuevas administraciones.
En definitiva, la fundamentación enviada por la Dirección de Legales de la municipalidad al SAMIC es la formalización institucional de un divorcio político. La defensa de la autonomía municipal se está esgrimiendo como un escudo para cortar el flujo de fondos hacia un ente que ya no controlan.
El problema para Belloni
El nudo central de este conflicto es el altísimo costo social que implica la toma de una postura intransigente por parte de la municipalidad de El Calafate ante la opinión pública, que obviamente queda a salvo en los medios locales que solo reproducen información oficial y no emiten opinión,
La salud pública es una línea roja en la percepción ciudadana y retirarle fondos a un hospital de alta complejidad no es una medida que pueda defenderse desde la simple trinchera ideológica. Le sucede al presidente Milei con las baja de los medicamentos, el abandono del PAMI, los jubilados, el retiro de apoyo a la discapacidad, etc.
Al analizar la jugada del municipio de El Calafate bajo esta lupa, queda en evidencia que la pesada fundamentación jurídica que esgrime el intendente no busca solo una salida legal, sino construir un escudo narrativo ante el inminente cuestionamiento público que va a suceder, cuando esto se haga público, no como postura política, sino como un mal manejo de la sensibilidad pública ante (nada menos) que la salud.
Belloni tiene incentivos reales para abandonar el SAMIC. Como lo analicé previamente, ser minoría en un directorio hostil (frente a Nación y Provincia) significa poner fondos municipales (el 5%) y avalar con su firma decisiones sobre las que no tiene control; y en el universo en que se mueve el intendente de El Calafate, eso es impensable porque como sabemos desarrolla una política territorial extremadamente omnipresente y controladora.
Ellos no son “nosotros”
En definitiva, el objetivo de fondo de este accionar es cortar ese flujo de recursos y desentenderse de los eventuales pasivos o crisis operativas que pueda sufrir el hospital bajo la nueva administración nacional y provincial.
El municipio sabe que un titular como “El Calafate le retira los fondos a su propio hospital” es políticamente letal. En una comunidad donde el SAMIC es un pilar fundamental de la salud, abandonar la salud pública se percibiría como una traición al ciudadano, no como un desplante a Milei o a Vidal.
Por lo tanto, la Dirección de Legales municipal construyó una arquitectura técnica para despolitizar la decisión. Al hablar de “Decretos“, “Ordenanzas“, “Silencio Positivo” y “vacancias“, el municipio intenta que la discusión pública gire en torno a los procedimientos administrativos y no sobre el desfinanciamiento de camas o insumos médicos.
Al intimar a los consejeros del hospital a obrar “con lealtad y buena fe” y amenazar con denuncias penales en la carta, el municipio busca posicionarse no como el actor que abandona el barco, sino como una institución que está siendo forzada a retirarse por la desidia administrativa (el supuesto “silencio”) de las otras partes. Bastante infantil como estrategia de convencimiento por parte del municipio; la típica creencia de que la mejor defensa es un buen ataque.
La sobreactuación legal del municipio es directamente proporcional al temor por el impacto en la opinión pública. Belloni quiere el beneficio político de no financiar al oficialismo nacional y provincial, pero está tratando desesperadamente de evadir la condena social que conlleva desamparar un centro médico de esa envergadura en su ciudad, el cual se construyó e ideó su funcionamiento teniendo como parte al municipio el cual, de hecho, aportó el terreno donde se erige el nosocomiio.
El documento legal del municipio es, en esencia y en todo aspecto, un manual de control de daños para la prensa y la comunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)