Newmont no quiere unirse
En la última semana (aunque el problema viene desde hace un par de meses atrás) en todos los medios provinciales se advierte “una explosión” de noticias que inundan los portales, todas referidas a las acciones que toma el gobierno con la minera Newmont y el complejo Cerro Negro.
Es como si de repente, todos se hubieran despertado del permanente y largo letargo que tuvieron en relación con los desastres de la minería en nuestra provincia y lo malo y egoístas que es esta multinacional que ni siquiera respeta el 70/30, ni el 90/10 que parece preocupar a Aravena, al sindicato minero, a las Cámaras y al propio gobierno provincial.
Entonces, algunos pensamos “zás!, se terminó la joda”. Y no es para menos; nos enteramos de un allanamiento al yacimiento Cerro Negro donde extrañamente fue la plana mayor de la policía, algunos dicen “circo” armado en el yacimiento y que desde adentro mismo del gobierno señalan como “armado” con segundas intenciones, porque allí se ve a policías urbanos, cuando deberían actuar fuerzas especiales, todos sin chalecos antibalas ni armamento, con cadenas metálicas provistas (no es común) para forzar el portón de ingreso a un predio como el de Newmont que es de jurisdicción nacional y hasta los bomberos fueron parte del procedimiento, algo bastante inusual.
Dentro de la minera lo ven como un escenario político de presión y aseguran “El problema no lo tiene Newmont, es de las subcontratistas”, donde están los alineados con el secretario general del sindicato petrolero en estas luchas de poder, espacios políticos y cajas que hay en Santa Cruz, de algunos ex aliados del gobierno de Vidal.
Y en ese contexto aparecen las preocupaciones por el alcohol y la droga y los desastres ambientales que desde el año 2004 investigamos y publicamos en OPI Santa Cruz, ante el absoluto mutismo de la prensa; los accidentes contaminantes, la falta de controles y hasta la negativa del sector político de subir las regalías del mísero 3% al 5%, como fue aquel proyecto de Peralta gobernador sepultado rápidamente por diputados, medios y hasta los propios K, horrorizados ante las multinacionales que se veían afectadas y presionaban con la billetera.
Y entonces hoy aparecen las preguntas y las sospechas. No pocos se preguntan dónde estuvieron los allanamientos cuando murieron los dos obreros de Newmont y/o cuando un centenar de operarios resultaron intoxicados por químicos? ¿Dónde estaban Aravena y Gutierrez?. Y el interrogante más grande es ¿Newmont es la única minera que incumple todas las leyes en Santa Cruz o es una más de todas; o sinceramente es Newmont a la que hay que atacar porque no cumple algunos acuerdos no escritos?
Quizás, éstas y otras preguntas son respondidas “extraoficialmente” desde el propio gobierno, cuando aseguran que Newmont se resiste a cumplir con la cápita pedida por el gobierno nacional de aporte (nada voluntario) al Fideicomiso UNIRSE, una discusión que mantiene la empresa con el gobernador, justo cuando éste necesita que la billetera brille, para que lubrique si campaña 2027 con destino a la reelección.
Si el Gobernador lo dice…
Como en el boxeo, en política siempre hay una pelea estelar y una de fondo parte de la misma pelea. Este contrapunto entre Daniel Peralta y Claudio Vidal, no estoy tan seguro que provenga (simplemente) de un pedido expreso del ex gobernador que el mandatario provincial se negó a cumplir; es mucho más profundo y eminentemente político – partidario.
No obstante, lo realmente llamativo es la explicación que dio Claudio Vidal sobre el enojo de Peralta “Su enojo es porque no le nombramos a la cuñada ni le dimos un lugar en YPF”.
Dos cosas que evidencian las advertencias de Vidal: la primera que a la justicia la maneja con exclusividad el gobierno provincial que pone y saca jueces a su antojo, lo cual (no es una novedad pero dicho por el gobernador es grave) destaca claramente que el manejo personal, político y partidario de los jueces provinciales, sigue siendo el mismo de los últimos 30 años del kirchnerismo.
En segundo término que el lugar en YPF, donde la silla paga cerca de 100 millones de pesos mensuales, no es un espacio que se gane alguien por méritos profesionales, sino que Vidal lo asigna a amigos y colaboradores, de donde (seguramente) deben salir eficientes aportes para campañas políticas y gastos menores a través de aportes obligatorios consensuados previamente con el ocupante del lucrativo lugar en la compañía estatal petrolera que Milei prometió privatizar, hasta que le vio la manija a la bocha y la dejó más viva que nunca, facturando en Vaca Muerta y caja ineludible de campañas mediáticas y aliados ensobrados.
¿Qué se necesita? ¿Antecedentes o prontuario?
Con los nombramientos que pretende hacer el gobierno provincial en la justicia, tema que abordamos en uniforme de investigación la semana pasada, demostramos que los lugares en el esquema judicial que el gobierno dice llegó para cambiar, no se ocupan por mérito, sino por acomodo y decisión el gobernador y allí en el Concurso múltiple N° 115 aparece la abogada Anabella Gisel Dionisio que se ubicó cuarta en el listado con 62,75 puntos obtenidos quien es la actual Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio y es la abogada que cual pica en punta para hacerse cargo del juzgado rioturbiense.
El problema de esta funcionaria con aspiraciones a jueza, es que oportunamente ha sido vinculada con la sustracción de armas que estaban en custodia en la dependencia judicial a cargo de la controvertida Jueza Bettina Bustos y las cuales la policía halló en un allanamiento en la cuenca, hecho que la involucró en la causa caratulada “MUÑOZ JORGE FRANCISCO Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA – VIOLACIÓN DE SELLOS – SUSTRACCIÓN DE OBJETOS CUSTODIADOS – PROV. DE ARMA DE FUEGO”, Expte. N.º 30.988/24 (Apelación N.º 9.350/25).
Desde los sectores profesionales de los abogados provinciales colegiados, piden (con extrema coherencia) que debido a la gravedad institucional que implica el nombramiento de la Dra Dionisio en un cargo de tal relevancia como el Juzgado de Río Turbio, se hace necesario que, previamente, sean despejadas todas las dudas razonables, sobre su responsabilidad (o no) en los hechos que son de dominio público y sobre los cuales el Superior Tribunal de Justicia no se ha expedido. ¿O será que previo a la selección de los postulantes, no se tuvieron en cuenta los contextos de cada uno y solo primó el dedo político de quien, como el gobernador, reconoció públicamente, cuando le contestó a Daniel Peralta, que desde el gobierno ponen a los jueces de la provincia?. (Agencia OPI Santa Cruz)