El equipo jurídico de la ex mandataria recurrió a un informe contable surgido en la Causa Cuadernos para litigar ante las Naciones Unidas, sosteniendo que las empresas viales adjudicatarias recibieron menos del uno por ciento del presupuesto global.
El abogado defensor Carlos Alberto Beraldi presentó el 15 de septiembre de 2026 ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra una impugnación formal contra la sentencia judicial que mantiene a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner bajo régimen de detención domiciliaria. La presentación cuestiona la validez probatoria del fallo por administración fraudulenta dictado por los tribunales federales argentinos mediante la incorporación de elementos periciales originados en un expediente tramitado en paralelo.
Durante la conferencia de prensa realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a los letrados Rafael Valim y Javier Borrego, los patrocinantes sostuvieron que la acusación original desestimó auditorías integrales de la obra pública. La estrategia de los litigantes busca establecer que el Ministerio Público Fiscal omitió contrastar las erogaciones totales del Tesoro Nacional al momento de fundar el pedido de pena privativa de la libertad en el marco de la Causa Vialidad.
Beraldi fundamentó el planteo internacional al manifestar: “anunciamos la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente”. Los representantes legales afirmaron que los testimonios rendidos por técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad en la denominada Causa Cuadernos desarticularon los cálculos económicos que sirvieron de premisa al Tribunal Oral Federal N° 2.
La incorporación de peritajes contables de la Causa Cuadernos en Ginebra
El origen del descargo radica en una planilla de cálculo incorporada al fuero penal por un testigo técnico perteneciente a la estructura vial estatal. Beraldi precisó que dicho documento oficial detalla el destino final de las partidas correspondientes a los fideicomisos financieros del sector, pieza administrativa a la que el equipo letrado no tuvo acceso durante las audiencias orales del juicio previo sustanciado en los tribunales de Comodoro Py.
A partir del acceso a los registros del fideicomiso vial, los letrados estructuraron una auditoría sobre el volumen de fondos canalizados hacia obras de infraestructura en el período constitucional investigado. El relevamiento concluyó que la distribución presupuestaria general no respondió a una concentración deliberada en favor de las compañías asociadas al contratista Lázaro Antonio Báez, contradiciendo las conclusiones del pronunciamiento condenatorio nacional.
Al detallar las cifras analizadas, Beraldi expuso textualmente: “Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le había dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”. Los defensores remarcaron que el conjunto de constructoras del grupo económico ocupaba posiciones marginales dentro de la nómina global de pagos certificados del Estado federal.
La estrategia procesal ante el Comité de Derechos Humanos
La presentación tramitada por Beraldi, Valim y Borrego apunta a activar los mecanismos de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ante la sede europea del organismo internacional. La defensa sostiene que la negativa de las instancias judiciales domésticas a contrastar la totalidad de las partidas viales vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva y el principio de congruencia probatoria.
El escrito radicado en los despachos de la entidad internacional procura una recomendación vinculante sobre el proceso judicial sustanciado en la República Argentina. La acción diplomática avanza mientras la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos dictada por la justicia federal argentina mantiene plenamente su estado de ejecución procesal. (Agencia OPI Santa Cruz)