
(Por: Rubén Lasagno) – La Fundación FUSSO, liderada por el médico sanitarista Fernando Urbano de la provincia del Chubut, emitió un ranking de ríos argentinos contaminados por la actividad urbana y minera. La actividad de esta Fundación gira en torno al modelo económico extractivista y mide su impacto socio-sanitario en cada provincia.
En Chubut, la fundación ha centrado sus denuncias en el sistema judicial y la corrupción hospitalaria, además de problemas ambientales; en Santa Cruz y otros estados provinciales, el principal eje de conflicto es la actividad megaminera.
FUSSO emite de manera constante denuncias, alertas ambientales y posicionamientos sobre el resguardo de los recursos hídricos frente a actividades extractivas como la minería y las principales preocupaciones y líneas de análisis que la organización y otros colectivos socioambientales de la región, sostienen alertas permanentes respecto a la contaminación de los ríos patagónicos
En ese contexto, emitió un cuadro donde figuran las cuencas y los ríos de cada provincia minera, el año y el período de contaminación. Allí figuran los cauces de Río Turbio y Río Gallegos, entre 1996 y 2004 figurando ambos “en seguimiento” desde ese año y Río Deseado y Río Pinturas entre 2023 y 2024.
La fundación históricamente ha seguido de cerca los emprendimientos mineros en provincias como Chubut y Santa Cruz y han denunciado que los proyectos de minería metalífera a gran escala, de carbón (Río Turbio) e hidrocarburos, ponen en riesgo las nacientes de los ríos y la pureza de las cuencas debido al uso de sustancias químicas, potenciales derrames, lixiviación o contaminación directa por lavado de carbón como pasa en Río Turbio.
Contaminación cloacal e industrial
Aunque, en realidad, la actividad ambiental excede el espectro exclusivo de una sola ONG, los análisis de la calidad del agua en los ríos de la Patagonia (como el Río Chubut y el Río Gallegos) en los que se apoya la Fundación FUSSO para categorizar los ríos de nuestra provincia, coinciden en las siguientes problemáticas crónicas:
Falta de tratamiento cloacal por parte de los centros urbanos de Santa Cruz:el vertido directo de aguas residuales domiciliarias e industriales sin procesar que deterioran de forma drástica los lechos fluviales es un denominador común de todas y cada localidad provincial, pero particularmente las de mayor concentración poblacional como Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio con 28 de Noviembre.
Basurales y vaciaderos en localidades próximos a los ríos: la cercanía de basurales a cielo abierto (como el de Río Gallegos, la cuenca carbonífera, etc) provoca la filtración de lixiviados hacia las napas y cursos de agua superficiales.
Y la disminución del caudal de los ríos, es otro de los factores, porcuanto los períodos de sequía intensifican la concentración de contaminantes (nutrientes, salinidad y agroquímicos), elevando el riesgo de eutrofización (proliferación de algas que agotan el oxígeno). Obviamente el estudio deja afuera a muchos ríos de Santa Cruz que sufren impactos contaminantes de alta concentración como el mismo Río Santa Cruz y el factor “represas” que ha modificado sustancialmente el estado natural del cauce de ese río, uno de los más importantes de la Patagonia.
Problemas viejos, sin soluciones
Este problemas o este conjunto de problemas no son nuevos, sino que vienen de arrastre desde hace décadas y nunca, a pesar de la cantidad de informes, advertencias e investigaciones que desde OPI Santa Cruz se han difundido respecto de estos aspectos contaminantes de la salud pública en las ciudades mencionadas, jamás un gobierno provincial o uno de los municipios que contienen esos ríos (Río Turbio y Río Gallegos), han adoptado medidas sanitarias, de hecho, los fondos asignados a la construcción de las plantas de tratamientos de residuos sólidos han desaparecido y los intendentes han sido judicializados.
En el caso particular del Río Pinturas y el Río Deseado, la actividad extractiva (además de la contaminación urbana) consolida un panorama mucho más grave aún para la salud pública de la región. Tanto la minería metalífera como la actividad petrolera, mantienen contaminados todos los acuíferos de zona norte y centro-oeste de la provincia, ante la inacción histórica de los sucesivos gobiernos provinciales.
“Oro para pocos, pobreza para muchos”
El Dr Fernando Urbano y FUSSO han criticado con dureza la paradoja socioeconómica de Santa Cruz centrándose en varias cuestiones claves como el “Récord minero”, comparándolo con los niveles de pobreza. La organización ha confrontadolos anuncios del gobierno provincial de Claudio Vidal que celebran récords de exportación de oro y plata, con la realidad social que vivimos.
Para FUSSO, “exportar más no significa necesariamente desarrollarse“. Sostienen que, mientras la provincia es la principal exportadora minera del país, sigue sufriendo altos índices de pobreza en la Patagonia, falta de infraestructura escolar y deficiencias en el sistema de salud.
También, ante los datos de desocupación en ciudades como Río Gallegos, FUSSO cuestiona el verdadero impacto de la minería en la generación de empleo permanente para los santacruceños, señalando que la riqueza no permanece en las comunidades locales y la mano de obra que emplea es, en su gran mayoría, foránea.
Y ahora, el uranio
Y uno de los cruces más claros de la Fundación FUSSO con los discursos sobre expectativas de desarrollo minero santacruceño, ocurrió tras el impulso oficial del gobierno de Vidal al Proyecto Sofía (explotación de uranio y vanadio cerca de Las Heras). Allí el Dr. Urbano apuntó contra la falta de transparencia en los controles del agua y el suelo, cuestionando públicamente: ¿Dónde se toman las muestras?, ¿Quién las analiza? y preguntándose si los resultados son públicos.
Es decir, a pesar de que nada nos asombra, por cuanto todo lo que padecemos en Santa Cruz es de dominio público, está bueno saber que fuera de la provincia y a pocos kilómetros de Ramón Santos, hay una fundación que más allá de atacar las mentiras oficiales del gobierno de Ignacio Torres (Gobernador de Chubut), que está desesperado por la derogación de la Ley 5001 que impide la utilización del cianuro y no le permite al Ejecutivo cumplir con los compromisos asumidos con el presidente Milei, se ocupa de revelar datos que en Santa Cruz están bajo siete llaves.
En Santa Cruz no hay una Fundación que se ocupe de los desastres ambientales de todo orden. El sector medioambiental oficial de la provincia no controla y mucho menos, difunde los daños que ocasiona a las poblaciones y deja a los centros urbanos en la total ignorancia, víctima de impactos a mediano y largo plazo que (como ocurre con la contaminación en general) cuando se advierte, ya es tarde para remediar sus consecuencias. (Agencia OPI Santa Cruz)