El desvío de 1.600 millones de pesos en sueldos y viáticos adulterados provocó la remoción de nueve uniformados navales y expuso transferencias irregulares hacia cuentas bancarias de personas civiles ajenas a la institución castrense.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, apartó a nueve uniformados ante la causa penal que investiga una maniobra de fraude por 1.600 millones de pesos en la liquidación de haberes y viáticos de comisiones externas. Las transferencias ilícitas, ejecutadas mediante la falsificación sistemática de recibos de sueldo y rendiciones operativas, terminaron direccionadas hacia cuentas de terceras personas ajenas al cuadro castrense.
La pesquisa administrativa interna desarrollada en la fuerza naval identificó irregularidades sostenidas en el tiempo entre julio de 2022 y enero de 2026, acumulando inconsistencias directas en la acreditación de haberes por un importe de 938 millones de pesos. El procedimiento contable interno desnudó la manipulación sistemática de los conceptos salariales y la carga deliberada de viáticos apócrifos para personal que supuestamente viajaba fuera del país, generando erogaciones sin respaldo funcional.
El jefe del arma aplicó las facultades disciplinarias sobre ocho capitanes de corbeta y un suboficial, a quienes se les inició sumario bajo el régimen del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. A través de una comunicación formal emitida un día jueves, la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación consignó que “dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes“.
La conducción castrense separó de su cargo operativo al capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, titular del Departamento Revista de la Armada, dependencia clave en la liquidación de haberes. La institución resolvió que la medida “tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado” en la maniobra bajo examen.
Las actuaciones documentaron que su cónyuge, la ciudadana María del Carmen Prieto, percibió en su cuenta bancaria transferencias por 152,2 millones de pesos distribuidas en 46 operaciones consecutivas. La beneficiaria no registra relación contractual ni prestación de servicios en el ámbito castrense, configurando una de las mayores salidas de fondos públicos sin contraprestación en el período examinado.
Las transferencias bancarias a civiles sin vínculo con la Armada Argentina
La denuncia radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acreditó transferencias hacia personas particulares sin vínculo militar. El expediente incorporó comprobantes donde consta que Andrés Santana percibió 99,4 millones de pesos autorizados desde la estructura administrativa naval.
La investigación judicial comprobó que Amalia Cristina Díaz cobró 91,9 millones de pesos librados desde las partidas operativas navales sin poseer designación oficial. En total, la estructura delictiva abarca a 23 personas imputadas entre oficiales superiores, suboficiales y receptores externos, quienes coordinaban el direccionamiento ilícito de haberes y suplementos.
El esquema sumó a Natalia Carolina Yahia, beneficiaria de depósitos por 90,4 millones de pesos liquidados como falsos gastos de comisiones en el extranjero. Frente a las evidencias acreditadas, la institución militar sostuvo formalmente su “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre“.
El expediente continuará su trámite en el juzgado federal interviniente con la ejecución de medidas cautelares patrimoniales sobre los 23 implicados y el requerimiento de informes a las entidades bancarias para reconstruir el destino final de las partidas defraudadas. (Agencia OPI Santa Cruz)