La Casa Rosada negocia con bloques aliados modificaciones en las partidas de educación superior y el esquema prestacional de salud para contener demandas judiciales y evitar la extensión de la emergencia legal prevista para el ejercicio venidero.
El Poder Ejecutivo nacional resolvió abrir la revisión de las partidas asignadas a Discapacidad y Universidades en el proyecto del Presupuesto 2027. La administración central busca recomponer el esquema de acuerdos con sus bloques aliados de PRO y la UCR, luego de reconocer en Balcarce 50 que las modificaciones plasmadas en la iniciativa original alteraron los consensos políticos y abrieron dos frentes de conflicto simultáneos.
El debate legislativo en torno a la educación superior se concentra en achicar una diferencia de $3,65 billones entre la asignación proyectada y la demanda sectorial. El mensaje oficial contempla $7,349 billones para gastos de funcionamiento e inversión, frente a los $11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional. La estrategia del oficialismo consiste en incrementar la oferta inicial en las comisiones del Congreso sin conceder de forma automática las pretensiones de las universidades, con la expectativa de alterar el cuadro procesal generado por las medidas cautelares y las demandas salariales fundadas en la Ley 27.795.
En materia de discapacidad, el Ejecutivo procura contener las fricciones generadas en su propia fuerza política tras los cambios normativos introducidos en el articulado. La postura oficial rechaza extender la vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hacia el período 2027. En contrapartida, las autoridades ofrecen acordar partidas adicionales, liquidar las compensaciones reclamadas por las entidades prestadoras ante el atraso verificado entre 2023 y 2024, y establecer una estructura legal definitiva para el sector.
La controversia central continúa en la pretensión oficial de disolver el nomenclador universal único por financiador, esquema que permitiría a los prestadores determinar aranceles propios sobre una base tarifaria mínima. Al corte del último reporte oficial, la Secretaría de Discapacidad formalizó un reajuste mensual del 1,7% correspondiente a septiembre, liquidado bajo los parámetros del régimen vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)