Certificaciones médicas hospitalarias confirmaron valores de monóxido en sangre en tres alumnos de Río Gallegos, mientras la cartera de Mantenimiento y Camuzzi desestimaron irregularidades en la red del edificio.
La filial provincial de ADOSAC desmintió formalmente la postura oficial del Consejo Provincial de Educación y ratificó la existencia de cuadros de intoxicación por monóxido de carbono dentro de la EPP N° 83, ubicada en la ciudad de Río Gallegos. El gremio respaldó su denuncia en los informes de guardia emitidos por los profesionales del Hospital Regional de Río Gallegos, cuyos análisis clínicos constataron la presencia de dicho gas en sangre en al menos tres estudiantes pertenecientes al establecimiento.
La entidad sindical expuso además que los extintores de incendio emplazados en el predio escolar se encontraban con sus plazos de vigencia vencidos. Ante este escenario, la conducción docente exigió la intervención pericial integral de las instalaciones de combustión en la totalidad de los colegios santacruceños, supeditando el dictado presencial a la emisión de certificados de aptitud expedidos por gasistas matriculados y técnicos habilitados.
El episodio derivó en la evacuación preventiva del edificio durante la jornada de este lunes, activando el desplazamiento de personal de Bomberos, inspectores de Camuzzi Gas del Sur y agentes de la Dirección Provincial de Mantenimiento Escolar.
Posturas contrapuestas por la seguridad edilicia en Río Gallegos
La directora provincial de Mantenimiento, Marcia Arroyo, rechazó de plano las acusaciones y sostuvo que las pericias técnicas descartaron cualquier desperfecto en los conductos de distribución interna. La funcionaria respaldó su descargo en la inspección operativa realizada por la prestataria Camuzzi Gas del Sur, entidad que no constató emanaciones de monóxido ni fugas activas de combustible en el establecimiento escolar.
Arroyo catalogó las advertencias como infundadas y señaló el perjuicio que ocasiona la suspensión de actividades sobre la continuidad pedagógica del alumnado. La contraposición de antecedentes mantiene abierta la controversia entre la documentación médica que certificó la presencia de gas tóxico en los alumnos y los partes técnicos de la distribuidora que descartaron averías estructurales en el inmueble. (Agencia OPI Santa Cruz)