(Por: Rubén Lasagno) – Lo que comenzó como una polémica por compras exorbitantes de alimentos para la Casa Rosada y la Quinta de Olivos ha escalado hacia un escándalo de presunta corrupción y desvío de fondos públicos. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal, con dos ampliaciones posteriores, ante la Justicia Federal, apuntando directamente contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y un cerrado círculo de funcionarios de su máxima confianza.
E acuerdo a la documentación enviada gentilmente por la diputada Pagano a OPI Santa Cruz, el centro de la tormenta tiene nombre propio: “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering, panadería y pastelería que operaba desde el teléfono personal de Analía Agudiez, la mujer que tenía a su cargo la cocina de la residencia presidencial.
El entramado familiar
La investigación impulsada por Pagano expone que la Secretaría General de la Presidencia autorizó compras que desafían cualquier lógica de consumo residencial: cerca de 29 toneladas de cortes de carne de primera calidad, más de 20.000 kilos de frutas y verduras premium, cientos de kilos de chocolate de moldeo, dulce de leche, manteca y harinas. Los volúmenes y el tipo de insumos, advierte la denuncia, encajan a la perfección con el perfil de un servicio de catering y pastelería comercial.
El control de estos alimentos estaba bajo un esquema familiar inaudito. Analía Agudiez manejaba la cocina; su esposo, Javier Sosa (un exjardinero), fue designado como intendente y Administrador General de la Residencia de Olivos, encargado de recibir y certificar el ingreso de la mercadería. Ambos llegaron a esos puestos de la mano de la hermana de Analía, María Belén Agudiez, quien hasta hace poco se desempeñaba como Subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina Milei.
Los pliegos oficiales aportados a la Justicia demuestran que tanto Belén Agudiez como Javier Sosa figuraban formalmente como los funcionarios con poder de decisión para autorizar estas masivas compras al Estado. En resumen: la misma familia planificaba los menús, exigía las millonarias compras, firmaba los remitos de recepción y, paralelamente, regenteaba un negocio privado del mismo rubro.
Funcionarios públicos como “personal de catering”
El elemento más comprometedor de la denuncia es una póliza de seguro de accidentes personales contratada por Analía Agudiez en marzo de 2024 para prestar servicios de catering en la “Bizarren Musik Party“, un evento masivo realizado en el Estadio GEBA.
En ese documento oficial, figuran asegurados como “personal de catering” de la empresa privada el propio intendente de la Quinta de Olivos, Javier Sosa, y dos de sus coordinadoras de administración.
Para agravar la situación y de acuerdo al relato de la denuncia en poder de OPI Santa Cruz, el evento fue organizado por Foggia Group, cuya apoderada es Mara Gorini, es una consultora contratada por la propia Secretaría General de la Presidencia. El circuito cerraba dentro del mismo gobierno.
“Purga” en Olivos
Una vez que las millonarias licitaciones de carne salieron a la luz la reacción oficial fue drástica. El Gobierno despidió a doce empleados civiles de la Quinta de Olivos, incluyendo a Sosa y al personal de cocina y maestranza y traspasó el control de la residencia a la Casa Militar.
Casi en simultáneo, María Belén Agudiez presentó su renuncia al cargo y el emprendimiento “Pancitos Caseros” y borró todos sus perfiles y publicidades de las redes sociales. Para Pagano, esto no fue una medida de seguridad presidencial, sino una clara “supresión de pruebas” para silenciar a los testigos civiles que veían qué entraba y qué salía diariamente de los depósitos de la residencia.
Declaraciones juradas bajo la lupa
El escándalo tiene también una arista patrimonial. Pagano también envió a OPI la tramitación de una segunda denuncia penal exclusivamente contra María Belén Agudiez por presunto falseamiento malicioso de sus Declaraciones Juradas.
Según el escrito, la exfuncionaria ocultó deliberadamente la existencia del negocio familiar de catering para encubrir el conflicto de intereses. Además, se detectó una acumulación injustificada de efectivo (multiplicó sus billetes por cien en dos años) y la declaración de un nivel de consumo que absorbía el 95% de sus ingresos, utilizado como presunta “caja negra” para que los números cuadren artificialmente.
La Justicia Federal tiene ahora en sus manos el desafío de investigar los remitos, levantar el secreto bancario y fiscal de los involucrados y determinar si, como sostiene la acusación, la comida comprada con los impuestos de los argentinos terminó financiando los negocios privados del entorno presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)
Muy bien. Y cuando denunciarán el desvío de los alimentos comprados con fondos provinciales y que el ministro de desarrollo hace entregar en ser? Ahí, si no sos militante, amigo de Claudia, de Karina, el dogo, brahian, yona, Jazmín o Nelly no recibid nada. Y por qué? Si no es plata del partido.
Lo mismo que las asistencias. Si no sos del partido el ministro no te ayuda. Pero si ayuda a que en niñez se queden con catorce palos.
Y nadie investiga. Y ellos siguen cobrando y currando. Dejen de usar a la gente. Delincuentes
Vieron,? nosotros acá somos los chorros?. No tenemos escuela nuestra jefa es maravillosa en el caso del choreo
La quinta de Olivos se transformó en la cueva del Jeropa Milei y su tortillera hermana Karina y TODOS los ladrones