(OPI TdF) – El secretario general de SUTEF radicó el expediente 12172 para cobrar salarios caídos, daño moral y perjuicios previsionales derivados del Decreto 3004/2015, pese a computar condena penal firme por la toma de Casa de Gobierno.
El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, formalizó una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno de Tierra del Fuego por un monto total de $659.500.000. La causa judicial ingresó bajo el expediente 12172 con el patrocinio del letrado Néstor Ignacio Sánchez Otharán, exigiendo una compensación patrimonial directa tras la invalidación jurídica de la cesantía aplicada en Ushuaia.
El reclamo económico impugna los efectos del Decreto Provincial 3004/2015, norma rubricada el 16 de diciembre de 2015 por la mandataria Fabiana Ríos que ordenó la desvinculación administrativa de dirigentes gremiales docentes. Dicha medida disciplinaria respondió a los episodios ocurridos durante la ocupación edilicia del 23 de mayo de 2013, derivación fáctica que mantiene antecedentes en los estrados judiciales.
La nulidad administrativa confronta con una condena penal firme
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur impuso a Catena el 2 de diciembre de 2015 dos años de prisión en suspenso por atentado contra la autoridad y lesiones leves. El Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena el 15 de junio de 2018, mientras que la Cámara de Apelaciones había admitido la exclusión de tutela gremial para ejecutar la exoneración provincial en noviembre de 2017.
La vía contenciosa revirtió esa penalidad burocrática cuando el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 1 sentenció en diciembre de 2022 la nulidad del decreto sancionatorio. Los magistrados de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur confirmaron dicho criterio el 15 de agosto de 2024 debido a defectos de debido proceso, postura que el Superior Tribunal de Justicia consolidó declarando inadmisible la casación oficial.
La liquidación discrimina cinco partidas por salarios y daño moral
La pretensión económica desglosa su partida mayor en $339.500.000 correspondientes a los haberes no percibidos bajo licencia gremial entre noviembre de 2017 y marzo de 2025. El demandante añadió $150.000.000 en concepto de daño moral y otros $100.000.000 atribuidos al perjuicio previsional ocasionado en el régimen jubilatorio diferencial docente.
La liquidación incorpora además $50.000.000 por pérdida de oportunidades de ascenso en la carrera educativa estatal y $20.000.000 en concepto de afectación al proyecto de vida. La sumatoria de estos cinco rubros totaliza los $659.500.000 reclamados formalmente al erario provincial, a los que el gremialista solicitó adicionar intereses compensatorios y costas procesales devengadas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)