El vicepresidente primero del cuerpo fundamentó la interrupción del debate tras constatarse lesiones a una agente de Protocolo, hecho que derivó en una denuncia penal y fuertes reproches del oficialismo.
El vicepresidente 1° de la Legislatura de Santa Cruz, Javier Jara, ratificó la suspensión de la sesión ordinaria correspondiente al jueves 8 de octubre. La determinación obedeció a la falta de garantías de seguridad en el recinto tras registrarse incidentes que afectaron al personal de la Cámara de Diputados en la capital provincial.
La decisión administrativa se apoyó de manera formal en las facultades disciplinarias y de orden establecidas en el artículo 157 del Reglamento Interno. Según el legislador oriundo de Las Heras, la medida no respondió a una negativa para el tratamiento de proyectos parlamentarios, sino al impedimento material de continuar la labor deliberativa bajo agresiones directas hacia el personal de apoyo.
El detonante fue un ataque físico contra una trabajadora del área de Protocolo de la institución, quien padeció un traumatismo directo en una de sus extremidades superiores. La empleada requirió asistencia médica inmediata debido al dolor físico y al cuadro de conmoción derivado del hecho violento.
Actuaciones por agresiones en el recinto parlamentario
La trabajadora afectada radicó una denuncia penal en sede judicial para identificar a los responsables de la agresión física. Al cierre de este despacho, no se habían oficializado datos relativos al juzgado de instrucción interviniente ni el número de expediente asignado a las actuaciones sumariales.
Jara rechazó las críticas planteadas desde bancadas del oficialismo provincial respecto a la interrupción del trabajo legislativo. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, el diputado sostuvo que mantendrá el mismo criterio reglamentario mientras conserve la responsabilidad de presidir el plenario, anteponiendo la integridad física de los empleados parlamentarios frente a cualquier imposición política.
El titular interino del cuerpo deliberativo remarcó que el mandato representativo provincial exige sostener el funcionamiento institucional sin tolerar situaciones de violencia material. La actividad parlamentaria formal en el recinto quedó supeditada a la resolución del conflicto y al curso de las actuaciones legales originadas por la denuncia penal radicada. (Agencia OPI Santa Cruz)