(OPI Chubut) – La fiscalía comodorense determinó maniobras ilegales ejecutadas entre abril de 2023 y febrero de 2024 con cuotas de ingreso individuales, sumando 594 personas damnificadas y cobros no autorizados bajo promesas de adjudicación oficial.
El fiscal Martín Cárcamo formalizó el pedido de juicio oral en Comodoro Rivadavia contra cinco mujeres acusadas de conformar una estructura delictiva que defraudó a 594 personas mediante falsas adjudicaciones de unidades habitacionales dependientes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Las actuaciones judiciales determinaron un desvío de fondos superior a los 60 millones de pesos coordinado por Vanessa Elizabeth Fita junto a otras cuatro imputadas. La acusación sostiene que la organización prometía adjudicaciones y supuestos vínculos con funcionarios provinciales para validar las operaciones habitacionales.
Entre abril de 2023 y febrero de 2024, la estructura captó familias en la ciudad petrolera “sin contar con autorización ni capacidad económica para concretar las adjudicaciones”. Cada solicitante abonaba un monto inicial de 100 mil pesos para incorporarse a grupos de mensajería digital donde se aseguraba la entrega de inmuebles financiados con recursos públicos.
Mecanismo de captación y pruebas informáticas
Cárcamo asentó en el expediente que las cinco acusadas “organizaban reuniones informativas que contribuían a mantener la apariencia de legitimidad de las operaciones y atraer nuevos interesados”. Las últimas maniobras comprobadas por los investigadores datan de los primeros días de febrero de 2024.
El requerimiento fiscal incorporó peritajes sobre registros digitales, mensajería instantánea y flujo patrimonial bancario como prueba material de las transacciones efectuadas por las imputadas, quedando la causa en instancia de elevación a debate oral. (Agencia OPI Chubut)