(Por: Rubén Lasagno) – Hemos realizado una contrastación del discurso de Pablo Grasso sobre el “desendeudamiento“, la “usura bancaria” y las críticas al gobierno provincial que como resaltamos en otro informe el intendente plasmó en un proyecto ante la Cámara de Diputados y será allí donde se terminará de concretar (o no) la viabilidad del mismo.
Sin embargo y como siempre lo hemos hecho desde OPI Santa Cruz queremos contrastar esta buena idea del intendente de Río Gallegos, con la realidad que nos circunda a los habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta que es éste político, uno de los proyectos que tiene el PJ/kirchnerismo, para enfrentar a otros partidos políticos en el 22027 en camino a la gobernación.
Discurso Vs tarifazo
Haciendo un sobrevuelo sobre los dichos de Grasso en medios de la ciudad ha argumentado que a la gente “no le alcanza”, critica las “tarifas exorbitantes” de los servicios públicos y afirma que los ciudadanos no deberían destinar la mitad de su sueldo a pagarlos, sin embargo en su gestión frente al municipio la presión tributaria sobre los vecinos de Río Gallegos ha sido uno de los focos de mayor crítica durante su mandato; de hecho a principios de su segunda gestión (enero 2024), se registró un fuerte “tarifazo” municipal con aumentos que superaron el 150% en patentes automotores y el 100% en recolección de residuos.
A fines de 2025, el portal en OPI Santa Cruz denunciamos la mecánica usada por la intendencia bajo el título “Pablo Grasso la hace fácil: lo que aumenta en salarios lo traslada en incremento de impuesto a los vecinos“. Esto refleja que, frente al déficit municipal, la variable de ajuste constante han sido las tasas, impuestos y contribuciones comerciales y residenciales, impactando directamente en el mismo bolsillo del “laburante” que él afirma defender.
Desendeudamiento familiar y endeudamiento municipal
El intendente de esta capital lanza un programa de “Desendeudamiento Familiar” para ponerle un freno a la “usura bancaria”, señalando que las deudas ahogan a las familias, pero en su gestión municipal su municipio es uno de los mayores deudores institucionales de la provincia.
En OPI Santa Cruz hemos revelado que la Municipalidad de Río Gallegos mantiene una deuda multimillonaria con la Caja de Servicios Sociales (la obra social provincial) y la Caja de Previsión Social. A mediados de 2025, el gobierno provincial reportó que la retención indebida de aportes por parte del municipio de Grasso ascendía a más de $28.000 millones de pesos.
Paradójicamente, al no girar estos fondos (que se le descuentan al trabajador municipal de su recibo de sueldo), el municipio desfinancia la obra social y el sistema jubilatorio de los mismos trabajadores por los que Grasso expresa preocupación.
Salarios propios ¿Un ejemplo?
Pablo Grasso asegura que las deudas están “llevando el sueldo del laburante a 0 pesos” y que hoy “la desocupación está siendo latente“. Mientras esto dice y a pesar de mostrarse “del lado del trabajador”, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) ha advertido repetidas veces sobre “la situación crítica” de las categorías más bajas del escalafón municipal debido al costo de vida. Además, a fines de 2025, Grasso tuvo que declarar la “Emergencia administrativa y económica” del municipio para intentar equilibrar las cuentas ante la caída de la coparticipación.
¿Desde qué lugar habla Pablo Grasso?
El intendente Grasso habla desde la posición de candidato permanente y autopercibido “líder opositor”. Su estrategia discursiva busca capitalizar el descontento social generado por la macroeconomía nacional (LLA) y el ajuste del gobierno provincial de Claudio Vidal. Al plantearse como el “salvador” frente a la usura bancaria, lo que realmente pretende Grasso, es construir un perfil de Estado municipal paternalista y presente, con un pretendido mensaje de que si lo eligen a él, el paradigma cambiará. Los ciudadanos de Río Gallegos, sabemos que no.
Por tal motivo desde el punto de vista del vecino de Río Gallegos y del sector comercial, su legitimidad para este reclamo es frágil. Los comerciantes y habitantes locales sufren el ahogo financiero por dos frentes paralelos: la inflación/tarifas nacionales y la altísima presión fiscal del municipio (tasas, Sistema de Estacionamiento Medido, multas, habilitaciones comerciales).
El relato de las gestiones
La queja del habitante de Río Gallegos hacia Grasso es estructuralmente la misma que Grasso le hace a la provincia: asfixia económica y falta de empatía con el bolsillo. La diferencia fundamental entre lo que hace el gobierno provincial y lo que hace Grasso desde el municipio radica en el relato político y la administración de los fondos:
El Gobierno Provincial (Claudio Vidal) ha adoptado un discurso de austeridad, ajuste y ordenamiento de cuentas (“no hay plata”, reclamo de deudas a municipios), lo que Grasso califica de “abandono” y falta de horizonte.
El Gobierno Municipal (Pablo Grasso) mantiene un discurso populista de expansión, obra pública visible y sostenimiento del consumo local (festivales, programas de asistencia, pintura de la ciudad). Pero para sostener esa estructura “presente” y no perder capital político, recurre a aumentar sistemáticamente los impuestos a los vecinos y a retener ilegalmente los aportes de sus propios trabajadores, desfinanciando cajas provinciales.
En síntesis Pablo Grasso acusa a la provincia de abandonar al pueblo, pero en la práctica municipal, él traslada el costo de su modelo político de alta visibilidad directamente a la billetera de los vecinos a través de tributos, obra pública inexistente o cuestiones suntuarias, traslada los costos de la poca obra pública que hace, al bolsillo de los vecinos, anualmente eleva entre un 100 a un 150, 200% o más las contribuciones y genera la misma asfixia financiera que dice combatir, mediante su proyecto para que las deudas no afecten a las familias de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)