Frente a una base de 21 legisladores propios y la negativa de las provincias a ceder recursos energéticos, la conducción oficialista pactó exigencias industriales que forzarán una segunda revisión en la Cámara baja.
Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, abrió formalmente modificaciones en el texto del proyecto del Súper RIGI para sortear la limitación numérica del oficialismo, que cuenta con 21 bancas frente a las 37 necesarias para alcanzar el quórum.
La decisión legislativa expuso una fractura operativa con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien no participó en las conversaciones parlamentarias y conoció las concesiones una vez filtradas públicamente. El Palacio de Hacienda rechazó la inclusión de exigencias técnicas adicionales sobre las corporaciones internacionales, al considerar que la imposición de obligaciones regulatorias debilita la capacidad de captación de capitales extranjeros destinados a inteligencia artificial y minería extractiva.
El conflicto energético concentró la resistencia de los senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y los bloques provinciales. Las provincias exigieron que las empresas titulares de grandes centros de datos financien sistemas propios de generación eléctrica para evitar la saturación de los tendidos locales, bloqueando la pretensión oficial de que los estados provinciales absorban el suministro de emprendimientos electrointensivos.
La protección de la producción fabril local integró el segundo paquete de reformas exigidas por la oposición dialoguista. Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, reclamó que el compromiso de contratación equivalente al 20% del total presupuestario se aplique de forma exclusiva a bienes fabricados dentro de las fronteras nacionales, eliminando las excepciones contempladas en la media sanción previa.
El texto aprobado por la Cámara baja condicionaba esa cuota del 20% a la existencia de oferta en condiciones equivalentes de mercado en precio y calidad. Los bloques opositores establecieron que los grandes inversores deben integrar componentes manufacturados localmente, evitando esquemas de importación directa que marginen a los talleres y proveedores industriales radicados en los distritos provinciales.
El esquema de incentivos fiscales y el trámite de comisiones
La iniciativa legislativa otorga una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, acompañada por un régimen de amortización acelerada del 60% en el ejercicio fiscal inicial y del 20% en los dos periodos consecutivos. El paquete incluye la emisión de certificados de crédito fiscal calculados a una alícuota del 10% para cancelar obligaciones del Impuesto al Valor Agregado y contribuciones patronales.
El marco normativo añade la deducción temporal ilimitada de quebrantos fiscales y fija una retención sobre dividendos del 7%, con un esquema de reducción al 3,5% luego de cumplidos cuatro años de radicación efectiva. A su vez, el proyecto desgrava aranceles aduaneros tanto para la importación de bienes de capital como para las exportaciones, garantizando el acceso al 100% de la libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año operativo.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde, de Economía e Inversión, a cargo de Martín Goerling Lara, y de Legislación General, conducida por Nadia Márquez, postergó la firma del dictamen conjunto. El trámite administrativo determinará si el despacho modificado ingresa al recinto para su tratamiento en la sesión fijada para el 10 de septiembre de 2026.
La incorporación formal de estas cláusulas obligará a que la iniciativa regrese en segunda revisión a la Cámara de Diputados de la Nación hacia el 10 de septiembre de 2026, donde el Poder Ejecutivo Nacional deberá convalidar las alteraciones impuestas por los gobernadores o intentar ratificar el texto inicial sin el respaldo garantizado de la mayoría senatorial. (Agencia OPI Santa Cruz)