(Por: Rubén Lasagno) – El Jefe de Gabinete Pedro Luxen presentó ante la Fiscalía del Dr. José Chan una denuncia con el patrocinio del Dr Sergio Macagno donde textualmente el alto funcionario del gobierno provincial expresa que “ciertas personas se encuentran realizando seguimientos y vigilancias en la vía pública, tanto de mi persona, familiares, como en nuestras viviendas, esto al menos de desde el día 15 de agosto de 2026, solicitando se investigue la situación planteada y se dispongan medidas de protección personal”.
Y tras hacer la reserva de ampliar la denuncia y presentar elementos relacionados con la misma el funcionario dice desconocer si existe alguna intervención telefónica y de redes sociales e indica que el día 15 de agosto advirtió que personas desconocidas, “de forma sistemática y regular, en diversas horas del día y lugares, se encuentran realizando seguimientos y vigilancias en la vía pública, tanto de mi persona, familiares, como en nuestras viviendas” dice puntualmente de parte de Luxen.
Y más adelante señala textualmente “Uno de los vehículos que he identificado que es usado para realizar los seguimientos un Peugeot 208 chapa AF718WO. El agravante consiste en la función que desempeño, la de Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial, algo que es público y notorio conocimiento”. Finalmente incluye como objeto de seguimiento a su señora esposa y a él personalmente dando dos domicilios (uno de ellos de su casa familiar) en los cuales supuestamente la policía habrían estado vigilando.
El Dr Macagno refiere al respecto “La conducta de seguimiento físico configura prima facie delitos del Código Penal común tales como amenazas coactivas o simples (art. 149 bis CP), coacción (art. 149 ter CP), perturbación al ejercicio de funciones públicas (art. 241 CP) o abuso de autoridad si intervinieran funcionarios policiales locales (art. 248 CP)” y a continuación el denunciante pide protección y custodia personal para él y su familiar y el secuestro inmediato de registros filmicos de domos y cámaras de seguridad públicas y privadas de las zonas donde se detectó el seguimiento, según la denuncia.
En la petición ante el fiscal la presentación solicita formalmente:
- Tener formulada denuncia en virtud de los hechos denunciados en los términos, prima facie, de los delitos previstos en art. 149 bis, art. 149 ter CP, art. 241, y/o art. 248 del CP.
- Proveer las medidas de prueba solicitadas y las que eventualmente se dispongan.
- Proveer las medidas de protección solicitadas para mi grupo familiar y mi persona.
La implicación política-institucional
La actual situación con esta grave denuncia por medio, representa un cuadro de extrema sensibilidad y gravedad institucional para la provincia.
Es importante hacer una aclaración importante; el Jefe de Gabinete, Pedro Hernán Luxen, no acusa de manera directa y cerrada a la propia policía provincial en esta instancia, sino que plantea la posibilidad como una hipótesis legal.
En la tipificación de las conductas, señala que podría existir “abuso de autoridad si intervinieran funcionarios policiales locales (art. 248 CP)“. Esto significa que el funcionario sospecha formalmente de su propia fuerza de seguridad, pero deja en manos de la justicia confirmar si se trata de agentes del Estado o de una estructura paralela.
Si la investigación judicial, además, Luxen confirma que fuerzas oficiales están espiando al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial, el impacto institucional es enorme porque implica la ruptura del mando civil por cuanto evidenciaría que el gobierno provincial ha perdido el control operativo sobre sectores de sus propias fuerzas de seguridad y si un funcionario de su rango, por su función de “público y notorio conocimiento” y su familia son blancos de seguimiento en sus propios domicilios se termina de proyectar un mensaje de total indefensión para la ciudadanía común.
El silencio oficial
El hermetismo gubernamental y la presunta inacción interna de la policía que se evidencia en estas horas, es un síntoma de crisis política profunda y especulativamente, pienso que este comportamiento puede responder a la necesidad “de no entorpecer el proceso de investigación”, inclusive, a pedido de la propia justicia o que la intención sea la de resolver una potencial fractura interna en el poder provincial “a puertas cerradas”, evitando admitir públicamente una crisis de inteligencia o insubordinación.
De cualquier manera el silencio sepulcral que hace el gobierno provincial y sus medios afines, es absolutamente inédito y deja lugar a cualquier tipo de hipótesis sobre la cuestión política interna, luego de la salida del reciente conflicto policial.
En la próxima nota OPI Santa Cruz se extenderá en relación a estas hipótesis y cuáles serían las acciones de “ambos bandos” y cuál podrían (y deberían) ser las consecuencias de esta verdadera dinamita puesta en el corazón mismo del gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)