El informe de Financial Times y la consultora Equilibra reveló que 5,8 millones de personas cayeron en cesación de pagos en Argentina, con un 32% de mora en el segmento no bancario frente a tasas positivas superiores al 100%.
Un total de 5,8 millones de personas mantiene atrasos en el cumplimiento de sus compromisos financieros en la República Argentina, donde el 16,3% de la cartera crediticia otorgada a individuos acumula más de noventa días de mora, según reportó el periódico británico Financial Times sobre la base de registros de la consultora Equilibra.
El programa monetario conducido por Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, desaceleró la inflación interanual desde un máximo del 289% a principios de 2024 hasta el 34%, fijando tasas de interés reales positivas de tres dígitos que anularon el mecanismo de licuación inflacionaria del endeudamiento familiar.
La irregularidad crediticia alcanza su nivel crítico en el financiamiento no bancario, donde el 32% de las colocaciones emitidas por empresas fintech y billeteras virtuales permanece impago. Las plataformas tecnológicas aplican recargos financieros a usuarios no bancarizados, motivando protestas de organizaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de agosto de 2026.
La mora bancaria y no bancaria traba la reactivación crediticia
Amílcar Collante, director de la consultora Profit, determinó que la acumulación de deudas vencidas interrumpe la reactivación del consumo interno mediante el canal crediticio. La masa de tomadores de préstamos con atrasos administrativos carece de margen patrimonial para acceder a nuevas líneas comerciales o personales.
Nery Persichini, jefe de investigación de GMA Capital, señaló que la reactivación del crédito al consumo permanece detenida por el deterioro del ingreso disponible frente a los costos financieros vigentes. Pese a los balances de equilibrio fiscal, la afectación de recursos familiares al pago de deudas previas absorbe el flujo monetario disponible.
El Poder Ejecutivo Nacional descartó programas estatales de rescate financiero o reestructuración de pasivos para familias endeudadas. La administración central ratificó que las obligaciones vencidas constituyen un diferendo estricto entre agentes privados, condicionando el debate legislativo y electoral hacia 2027.
La composición del pasivo individual se refleja en casos como el de Jonatan Verón en la ciudad de La Plata, quien solicitó un préstamo bancario de U$S 1.300 a inicios de 2025 para capital de trabajo y devengó una obligación superior a U$S 11.000 tras ingresar a circuitos no regulados con tasas del 300%.
La analista e integrante de la agrupación Deudores Organizados, Oriana Fernández, registra un saldo impago de U$S 3.300 en tarjeta de crédito al 132% anual tras destinar U$S 1.600 a un contrato de alquiler, en un marco donde su salario acumuló un incremento de solo 20% durante los últimos 18 meses. (Agencia OPI Santa Cruz)