El texto elimina los límites patrimoniales de diez mil millones de pesos para tributar bajo el régimen simplificado de Ganancias y prorroga el esquema hasta diciembre de 2027 tras cosechar ciento treinta y nueve voluntades.
La Cámara de Diputados de la Nación, aprobó el 27 de agosto de 2026 la modificación de la Ley N° 27.799 de Inocencia Fiscal con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones, suprimiendo los topes de ingresos y patrimonio exigidos para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La reforma remueve las barreras cuantitativas preexistentes que limitaban el régimen a personas con facturación anual de hasta $1.000 millones y bienes declarados por un máximo de $10.000 millones. Con esta media sanción, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país quedan habilitadas para tributar mediante este esquema abreviado, extendiendo el plazo de adhesión hasta el 31 de diciembre de 2027.
El bloque de La Libertad Avanza construyó la mayoría parlamentaria junto a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el Movimiento de Integración y Desarrollo y Producción y Trabajo. La votación negativa reunió a las bancadas de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y legisladores de Provincias Unidas.
El articulado mantiene las facultades de auditoría de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre los patrimonios de mayor escala, fijando que la impugnación de declaraciones juradas simplificadas requerirá detectar una discrepancia no menor al 15% entre lo declarado y el impuesto determinado. Los contribuyentes que adhieran deberán operar mediante instrumentos financieros autorizados por el Banco Central de la República Argentina o la Comisión Nacional de Valores.
El proyecto incluye un descuento del 25% en las sanciones por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas. La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, sostuvo como miembro informante que la norma busca incorporar al sistema formal tenencias no declaradas generadas durante períodos inflacionarios pasados, estableciendo un principio de presunción favorable hacia los contribuyentes.
El debate parlamentario expuso discrepancias sobre las facultades fiscalizadoras de ARCA
La oposición objetó la eliminación de los controles a grandes patrimonios. La diputada Mariela Coletta, de Provincias Unidas, cuestionó la ausencia de registros públicos sobre funcionarios del Poder Ejecutivo acogidos al régimen. El diputado Juan Grabois, de Unión por la Patria, argumentó que la ley concentra privilegios tributarios en los sectores de mayores ingresos y debilita la capacidad de recaudación sobre patrimonios concentrados.
El diputado Martín Lousteau, integrante de Provincias Unidas, afirmó que las modificaciones reducen las atribuciones operativas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para perseguir maniobras de evasión fiscal y lavado de activos. Lousteau señaló antecedentes de adhesión a la normativa por parte de funcionarios de la administración nacional y cuestionó la legitimación del ahorro no declarado por fuera del sistema bancario.
La diputada Silvana Giudici encuadró la iniciativa dentro del programa de estabilización monetaria tras la reforma de la Carta Orgánica de la autoridad bancaria. El diputado Nicolás Mayoraz cerró las intervenciones oficialistas indicando que la flexibilización tributaria impulsará la disponibilidad de crédito productivo en el mercado interno. El texto normativo fue remitido formalmente a la Cámara de Senadores de la Nación para su revisión legislativa. (Agencia OPI Santa Cruz)