El Tribunal Oral Federal N° 2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble la inhibición del departamento de San José 1111 y bienes en Santa Cruz para asegurar la ejecución del decomiso actualizado por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 notificó la traba de un embargo preventivo sobre el departamento de la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, cumple su condena judicial. La medida patrimonial fue resuelta por los magistrados tras el requerimiento formal del fiscal federal Diego Luciani, con el propósito de asegurar los activos sujetos al decomiso actualizado en la causa por irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz.
La orden dictada el 12 de agosto de 2024 por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso instruyó la comunicación inmediata al Registro de la Propiedad Inmueble para asentar la inhibición sobre el piso porteño del barrio de Constitución. El tribunal dispuso la afectación registral directa sobre el inmueble particular de la exmandataria para impedir cualquier modificación sobre la titularidad del dominio, manteniendo la garantía patrimonial vinculada al proceso penal que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
La disposición judicial avanzó sobre el patrimonio inscripto a nombre de las firmas comerciales Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., cuyos paquetes accionarios están bajo la titularidad de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Los jueces trabaron el embargo sobre departamentos y cocheras ubicados en el edificio Madero Center en el barrio de Puerto Madero, alcanzando inmuebles corporativos que formaron parte de los contratos comerciales investigados por la justicia en los expedientes de retorno de fondos estatales.
En el territorio de la provincia de Santa Cruz, las anotaciones registrales alcanzaron a diversas propiedades comerciales y parcelas urbanas de la familia Kirchner. Entre los establecimientos bloqueados figura el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en la localidad de El Chaltén, junto con una serie de inmuebles registrados en las ciudades de El Calafate y Río Gallegos. La traba judicial sobre estos activos busca evitar cualquier liquidación societaria previa a la ejecución de las sanciones económicas derivadas del proceso.
La actualización del decomiso y la responsabilidad penal del Grupo Austral
La solicitud del fiscal Luciani respondió a la exigencia de actualizar el valor económico del daño provocado a la administración nacional, ajustando las tasaciones de origen a valores contemporáneos para asegurar un resarcimiento efectivo. El monto fijado para el decomiso definitivo alcanzó la cifra de $685.000 millones, cálculo derivado de los peritajes técnicos practicados sobre el perjuicio fiscal ocasionado por el esquema de concentración fraudulenta de licitaciones de infraestructura durante doce años de administración pública.
La condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner fijó una sanción de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo del tribunal oral determinó la existencia de maniobras concertadas para direccionar 51 licitaciones públicas de obras viales hacia las empresas del Grupo Austral, conglomerado económico perteneciente a Lázaro Báez, quien actuó como adjudicatario de contratos camineros en las rutas santacruceñas entre 2003 y 2015.
Las notificaciones judiciales remitidas a los organismos registrales de la Capital Federal y del territorio santacruceño formalizan la indisponibilidad de los activos hasta la culminación de la instancia revisora. El Tribunal Oral Federal N° 2 mantiene vigentes las medidas de aseguramiento sobre la totalidad del inventario de bienes y las participaciones societarias de los herederos Kirchner, a la espera de la resolución de los recursos extraordinarios pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)