La Cámara de Diputados aprobó con 237 votos la norma permanente de discapacidad acordada entre el oficialismo y bloques opositores, blindando el presupuesto de Salud contra recortes reales e indexando aranceles por inflación.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, al registrar 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones en una sesión legislativa reciente. La iniciativa, remitida formalmente al Senado para su tratamiento definitivo, convierte los parámetros de la Ley 27.793 en un régimen de orden público permanente que elimina la condición de emergencia transitoria para garantizar prestaciones asistenciales.
El esquema aprobado ratifica la compatibilidad de las pensiones contributivas por discapacidad fijadas en el 70% del haber jubilatorio mínimo con el desempeño de empleo registrado o monotributo, bajo el tope de dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, el texto legal consagra el nomenclador único oficial, ordena la indexación periódica obligatoria de los aranceles prestacionales mediante la fórmula de movilidad jubilatoria atada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor y extiende la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud a los beneficiarios directos.
La Cámara de Diputados estableció en el articulado financiero que la asignación presupuestaria destinada al Ministerio de Salud de la Nación para este sector no podrá situarse por debajo, en términos reales, de los fondos ejecutados en el ejercicio fiscal precedente. Esta pauta fiscal de financiamiento continuo busca cerrar la discrecionalidad en las partidas de asistencia y sostener las prestaciones frente al avance inflacionario.
El proyecto estructuró un circuito de auditorías regulares basado en el entrecruzamiento de bases de datos entre ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y el Registro Nacional de las Personas. La normativa otorgó un plazo perentorio de 160 días para que los titulares con observaciones administrativas formulen sus descargos antes de sufrir la suspensión preventiva de sus asignaciones. También se fijó un intervalo improrrogable de 30 días para que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente el cronograma de cancelación de deudas acumuladas con los prestadores médicos.
El diputado Oscar Herrera Ahuad, titular del bloque Argentina Federal, coordinó los consensos técnicos con el oficialismo y las representaciones opositoras para unificar criterios frente a las demandas de las organizaciones asistenciales. Durante la apertura del debate, el diputado oficialista Gerardo Huesen defendió la consolidación legal y remarcó: “Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas o de decisiones políticas cada vez que quieran ejercer sus derechos”.
La bancada de Unión por la Patria formalizó su respaldo parlamentario a través del diputado Juan Marino, quien admitió la adhesión ante la carencia de votos para prorrogar el esquema de emergencia. Durante su intervención, Marino advirtió que permanecen 324.303 personas en espera de resolución de pensiones frente a solo 8.000 altas registradas, cuestionando el recorte de 13,9% planteado originalmente en los anexos de salud. La iniciativa obtuvo el rechazo del Frente de Izquierda y de la diputada Natalia de la Sota, quedando el expediente derivado a la Cámara alta para la continuidad de su curso procesal legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)
