09:30 El proyecto de ley de presupuesto 2019 que presentó ayer en el Congreso el ministro de Economía, Nicolás Dujovne , se funda sobre dos premisas básicas. La primera, una fuerte poda en el gasto público con la mira puesta en alcanzar el déficit primario cero el año próximo. La segunda, una baja sustancial de la inflación (más de 20 puntos interanual hasta llegar al 23% en diciembre próximo) como consecuencia de la fuerte recesión económica, que traerá aparejada la caída del PBI del 2,4% este año y del 0,5% en 2019.
Por: Laura Serra
La poda en el gasto público afectará principalmente a los subsidios (especialmente los destinados al sector del transporte, con una caída del 18,1% respecto de este año), a los gastos de capital, esto es, obra pública (-8,6%) y a las transferencias corrientes a las provincias (-15,5% sobre todo en educación, desarrollo social y salud). El ministro Dujovne enfatizó que, en contrapartida, se incrementará el gasto en servicios sociales en un 32,3%, aunque en este punto la oposición advirtió que, en realidad, es un aumento tramposo porque la supuesta suba parte de una fuerte desaceleración en términos reales que tuvo este año esa partida.
El marco así proyectado, con caída del consumo (-1,9% del PBI) y de la inversión (-9,7%), se presenta poco halagüeño para un gobierno que pretende la reelección en las elecciones presidenciales del año próximo. Aun así, la Casa Rosada espera amortiguar el costo político del ajuste con una mejora en la balanza comercial, que pasaría de los US$22.400 millones de déficit proyectados para 2018 a US$9900 el año próximo. Esta reversión se produciría, confía el Gobierno, por un mayor volumen de exportaciones (crecería un 21% potenciado por un tipo de cambio que rondará los 40,5 pesos por dólar), la desaceleración de las importaciones y “un mayor crecimiento de los socios comerciales”.
El Gobierno confía en que esa reactivación de las exportaciones impulsaría lentamente el crecimiento de la economía durante 2019 tras la fuerte caída proyectada para este año, del 2,4%. Aun así, pese a la mejora prevista en la balanza comercial, el lastre que significará el año próximo el pago de los intereses de la deuda (unos $593 mil millones, casi un 50% de suba respecto de este año), mantendrá en rojo el resultado financiero ($600 mil millones).
Pese a que los condimentos de ajuste que contiene el proyecto de presupuesto, el Gobierno confía en que contará con el apoyo de un sector de los gobernadores del PJ y de sus respectivos legisladores para sancionarlo a fines de noviembre próximo en ambas cámaras. El respaldo sobrevendría no porque a este sector de la oposición le resulte atractiva la iniciativa -lejos de ello-, sino para garantizar la gobernabilidad tanto de la Nación como de las provincias en momentos de fuerte turbulencia cambiaria . De todas maneras, difícilmente este sector dialoguista de la oposición acepte aprobar el proyecto a libro cerrado: de hecho, ya están en carpeta una serie de puntos a negociar (más aumentos de impuestos) con el fin de amortiguar el costo del ajuste en las provincias.
La mayor poda del gasto, en rigor, recae sobre la Nación. El rubro que mayor disminución absoluta mostrará será el de los subsidios económicos (con una baja del 6,7% respecto de este año) y, en particular, los destinados al transporte. El Gobierno trasladará este costo a las provincias, lo que anticipa una dura pulseada en el Congreso. También habrá una fuerte poda en casi todos los rubros de la obra pública, tanto en energía (-67%), transporte (-8%), educación (-11,5%) y vivienda (-0,1%).
El oficialismo se prepara para una dura negociación. “Habrá menos transferencias a las provincias, es cierto, pero por la vía de ingresos coparticipables tendrán una compensación. De hecho, el año próximo se prevé una mayor recaudación por bienes personales, por los reintegros a las exportaciones y por la ampliación de la deducción del impuesto al cheque en Ganancias . Todos son ingresos extras que a partir del año próximo recibirán las provincias”, enfatizó un encumbrado diputado del oficialismo.
El legislador apuntó que las provincias computarán a su favor el acuerdo con la Nación de dejar sin efecto la baja del impuesto a los sellos, del 0,75 al 0,5% prevista para el año próximo; además, percibirían más recursos coparticipables por el aumento en la recaudación de Ganancias que generará la plena aplicación del impuesto sobre todos los ingresos que perciben los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales. (La Nación)
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