Las pruebas que mostraron los fiscales para afirmar que “Néstor y Cristina Kirchner instalaron la mayor matriz de corrupción”

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Cartel de obra en la ruta nacional Nº 3 en Santa Cruz adjudicado a la empresa Austral Construcciones - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
Cartel de obra en la ruta nacional Nº 3 en Santa Cruz adjudicado a la empresa Austral Construcciones – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín Organización del ministerio de De Vido como plataforma del fraude al Estado; leyes y resoluciones para derivar obras y su control a Santa Cruz, falsas licitaciones, sobreprecios, falta de control y pagos adelantados por obras inconclusas.

Por: Lucía Salinas

Durante nueve audiencias, la fiscalía ante el TOF 2 que juzga los supuestos delitos cometidos en la distribución y ejecución de la obra pública vial de Santa Cruz buscó desentrañar lo que denominó la existencia de una “matriz de corrupción que perduró durante doce años y que se volvió sistémica, endémica”. Ese fue el eje central del planteo que inauguró el alegato y que buscó sustentar con diversos elementos de prueba durante tres semanas. En la cúspide de lo que llamaron una organización criminal, ubicó a Cristina Kirchner, no sólo como “jefa de la asociación ilícita” sino también como responsable de “un millonario perjuicio a las arcas públicas”. Licitaciones, decretos, mensajes, incrementos patrimoniales, negocios privados, son parte de las pruebas en las que se fundaron los delitos atribuidos a la vice.

“Néstor Kirchner y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, dijo el fiscal Luciani el primer día de alegatos. Lo que continuó fueron audiencias donde se ocupó de exponer las irregularidades en las licitaciones, los decretos y resoluciones que posibilitaron las millonarias partidas presupuestarias, el listado de obras que nunca se informaron al Congreso y que recibieron fondos por vías administrativas, la ausencia de controles de los organismos pertinentes, las rutas abandonadas que se cobraron con sobreprecios, las licitaciones amañadas, el direccionamiento de fondos.

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Ese universo de acusaciones que sostuvo la fiscalía en base a documentación oficiales y a informes periciales, tuvo en simultáneo veinte negocios que celebraron los ex Presidentes y Lázaro Báez. Este paralelismo se grafica en dos números: el patrimonio del empresario condenado por lavado de dinero, se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 %, y el de Austral Construcciones (su firma insignia) un 45.313%.

El Ministerio Público Fiscal trazó una línea directa entre estos porcentajes: mientras Austral Construcciones “se convertía en el principal contratista de obra pública, parte de esos fondos fue al patrimonio de Lázaro Báez y en una segunda etapa se montó un esquema de reciclaje, para enriquecer a Néstor y a Cristina Kirchner”.

En base a estos planteos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola plantearon que “la corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, en una organización permanente” que perduró desde 2003 a 2015. “Esto fue una asociación ilícita que fue encabezada primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Fernández”, concluyeron.

De monotributista a constructor

La fiscalía desarrolló en primer lugar cómo se produjo “la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial”. Austral Construcciones inició su actividad en mayo de 2003 y dejó de operar en diciembre de 2015. Sin tener experiencia “ganó de manera sistemática contratos con los que no podía cumplir; la empresa fue sólo una cáscara para desviar fondos públicos”, dijo Luciani.

En este punto, los fiscales analizaron cómo “la modificación de plazos y costos de obra ocultó la incapacidad de construcción que tenía Austral”. Permitieron, en base al análisis de los pliegos licitatorios, que en más de una ocasión tres empresas de Báez compitan por la misma obra, ofertando “siempre por encima del presupuesto oficial y subiendo el mismo hasta en un 20%”.

También expusieron lo que denominaron la “caja clandestina de Lázaro”, en relación a un conjunto de licitaciones para la remediación de canteras, que garantizó más de 650 millones de pesos “por trabajos que no se hicieron, por tareas que nunca se habían licitado pero garantizaron dinero inmediato al Grupo”.

Orden política y cartelización

Para que el Grupo Austral sin experiencia en el rubro se impusiera en 51 compulsas de precios, la fiscalía señaló que hubo dos aspectos centrales: una voluntad y orden política de favorecer a Báez -atribuida a los ex presidentes- y un sistema de “simulación de licitaciones, porque fueron obras amañadas, parte de la cartelización de la obra pública que había en Santa Cruz”.

La fiscalía también se refirió largamente y con detalles a la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal). Luciani y Mola analizaron la estructura de la cartera que dirigió Julio De Vido durante doce años, y de la cual dependía Vialidad Nacional. En esa cadena de responsabilidades se encontraba la secretaría de Obras Públicas a cargo de José López.

El celular de José López y el rol de Cristina

El accionar “conjunto y concertado de todos ellos posibilitó el cumplimiento del plan criminal”, sostuvo Luciani. Esto posibilitó “la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública, además del diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”.

Una nueva fuente de pruebas aportó cuantiosa y contundente información al respecto. Son los mensajes del teléfono celular de José López, secuestrado por la justicia la noche en que quiso tirar bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Allí quedó al descubierto “un canal exclusivo de pagos que se diseñó para que Báez cobre anticipadamente. Le preadjudicaron obras en 24 horas, a veces la comisión evaluadora se expedía el mismo día de realizadas las ofertas”, dijo el fiscal Luciani.

Esos mensajes también mostraron cómo Cristina Kirchner se reunió con Lázaro Báez cuando se necesitaba destrabar el pago de certificaciones de obra y a finales de 2015, “para poner en marcha el plan limpiar todo, que era cerrar Austral Construcciones”. Para Luciani, “la entonces Presidenta intervenía de forma directa en las obras que se hacían en Santa Cruz; la señora sabía todo, decidía todo y fue quien ordenó que siempre se le pague de forma prioritaria a Báez”.

El reciclaje

La justicia determinó que hubo una etapa posterior al “apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública”, y fue el destinado “al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. La fiscalía mostró un listado de dieciocho operaciones comerciales celebradas entre Néstor y Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

Esas operaciones -compraventa de propiedades, firma de un fideicomiso, un préstamo millonario, terrenos permutados, contratos de locación y de explotación de hoteles- se celebraron de manera simultánea a la adjudicación al Grupo Austral de 51 contratos viales “de manera ilegal, amañada y violando todo normativa en materia licitatoria”, sostiene la acusación.

El Ministerio Público Fiscal durante la etapa de alegatos señaló que “parte del dinero de esos contratos direccionados se destinaban a solventar los negocios comerciales entre ellos”. Este mecanismo “es el móvil de estos delitos, y explica porqué tantos beneficios para Báez: porque él representaba los intereses de Néstor y Cristina Kirchner”, señalaron los fiscales.

Para ese “reciclaje de fondos”, se usaron empresas de Báez, y así pudieron “canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos”. Esta secuela de la investigación se analizó en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”.

Santa Cruz: el lugar elegido

Como parte del punto tres, se explicó cómo “Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez, que como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos”.

La fiscalía analizó y expuso durante varias jornadas de su alegato resoluciones administrativas que favorecieron y garantizaron “el flujo permanente de fondos a favor del Grupo Báez”.

Al mostrar las 17 obras que no fueron incorporadas en las leyes de presupuesto durante la gestión kirchnerista, el fiscal dijo: “procedieron de espaldas al Congreso porque nunca lo informaron de este conjunto de obras omitidas año tras años”. Respecto a los fondos, señaló que hubo “un conjunto de decretos firmados por Cristina Kirchner que permitieron la ampliación de los créditos reales, esto es decisiones administrativas que modificaron los presupuestos”. Todos los documentos fueron expuestos durante las audiencias de alegatos.

Licitaciones simuladas para una “empresa cáscara”

Como cuarta instancia de la maniobra se planteó que el proceso de adjudicación “configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.

Licitaciones en las que Lázaro Báez competía contra él mismo. Rutas en las que tres empresas del holding se presentaban con mínimas diferencias de costos, “porque la decisión era que el ganador sea el Grupo y esa decisión provino de las máximas autoridades”, reiteró Luciani. (Clarín)

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