16:00 – El 25 de abril publicábamos una nota bajo el título El peligroso monopolio de la información que pretende otorgar el municipio de El Calafate a una cooperativa y allí referíamos una acción que suena premeditada y peligrosa, de parte de las autoridades municipales de El Calafate, para quedarse con el monopolio de las comunicaciones de esa localidad. Explicábamos lo inconveniente de que el sector político (independientemente de quien se trate) maneje a través de personeros o sectores afines, el tráfico de datos, comunicación telefónica, celular e internet de una comunidad pequeña, teniendo en cuenta el valor imponderable que tiene hoy la comunicación digital, su estratificación, tabulación, archivo y utilización para cualquier tipo de fines: comerciales, estadísticos, políticos, etc.
Llamó nuestra atención, el puntual y manifiesto interés del municipio en otorgarle “exclusividad” en la explotación de internet, telefonía y transferencia de datos a la Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda (COTECAL)”. Más aún nos llamó la atención, porque el municipio mantuvo un firme enfrentamiento en el plano judicial con esta cooperativa y a la vista de quienes vivimos lejos, un día recibimos un parte de prensa de la municipalidad hablando loas de la actividad que cumple la cooperativa desde hace años, con argumentaciones tales como: “El objetivo de la iniciativa es continuar fortaleciendo a la emblemática institución local y dotarla de más herramientas estratégicas de cara al futuro” dice el comunicado y remarca “El espíritu de esta política es garantizar que Cotecal permanezca siempre ligada a la prestación del servicio de internet, telefonía y transferencia de datos. Es la continuidad del apoyo que la Municipalidad de El Calafate brindó siempre a la cooperativa, como compromiso con el sostenimiento de las fuentes de trabajo de decenas de familias calafateñas”.
El virtud de ello el Intendente Javier Belloni afirmó claramente en su comunicación “… el municipio quiere otorgar exclusividad…” y todo ello, disparó nuestro anterior análisis donde suponíamos que este cambio brusco de posición escondía un interés superlativo de parte de las autoridades municipales y transformaba en peligrosa (para la sociedad) alguna vinculación estrecha entre la cooperativa de comunicación y el poder político local.
No todos tan santos ni tan diablos
Finalmente, pudimos acceder a la génesis del problema: el enfrentamiento que tenía el Intendente con la Cooperativa, lo cual llegó a judicializarse y de hecho el fallo del Juez Federal fue contrario a la comuna, terminó cuando se cambió la dirigencia anterior que administraba la Cooperativa. Lo actuales, son señalados por los cooperativistas salientes como “los 12 apóstoles”, una metáfora la cual pretende remarcar que la última asamblea realizada para el recambio de autoridades de COTECAL, fue colonizada por adeptos al intendente, quien de esta manera y aprovechando la poca concurrencia ciudadana a este tipo de eventos, logró imponer una mayoría propia y de esta manera – lo señalan desde la administración anterior – colocar en la conducción de la cooperativa a personas de su confianza. El hecho más relevante, en la cual se apoyan los acusadores de Belloni, es que a partir de allí, el intendente cerró el conflicto con Cotecal y empezó a reescribir otra historia. Se enmarca, precisamente, esta nueva visión que tendría ahora la municipalidad, sobre la cooperativa telefónica.
Amores y odios
Para entender brevemente cuál es el problema de fondo y cómo se resolvió, vamos a remarcar algunos hitos de esta relación odio/amor que marcó al Intendente Belloni y la cooperativa telefónica Cotecal.
Cuando Cotecal hace unos años comenzó a tirar fibra óptica para mejorar el servicio, la municipalidad le impuso el pago de un canon imposible de enfrentar económicamente por los altos costos que implicaba, pero además porque existía una Ordenanza, la Nº 611 del año 2000, donde el Concejo Deliberante había resuelto aprobar un Acuerdo de Entendimiento entre Cotecal y el municipio por el cual se eximía del pago de tasas y contribuciones a la cooperativa y le donaba en el mismo acto 5 hectáreas (Lote 3d Manzana 22 Fracción LXXX III Lote 143 y 3 Ha Lote 3 Mza 22 7.026,22 m2 en El Calafate).
El propósito de cobrarle a la cooperativa, hizo que Viviana Bouza, integrante del Consejo de Administración de la comisión anterior de Cotecal, cuando estaba en funciones, realizara una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y el municipio interpuso una medida de no innovar, aludiendo a que la justicia federal no era el ámbito de aplicación. Sin embargo, se equivocó. La justicia le dio la razón a los cooperativistas en un juicio llevado a cabo en respuesta al cobro desmedido, lo cual permitió el reinicio de las obras por mucho tiempo detenidas.
A partir de la llegada al Consejo de Administración, de la nueva comisión, Bouza está acusada de irregularidades, junto con los demás administradores y la mujer no solo negó enfáticamente las acusaciones, sino que admitió haber dejado un superávit de veinte millones de pesos ($ 20.000.000,00), acusando al poder político de El Calafate, de estar tras la caja.
Curiosamente, el nuevo Consejo de administración desistió de un juicio prácticamente ganado al municipio y por la firma de un convenio del día 22 de febrero de este año Cotecal, con la representación de la señora Claudia Viviana Sandoval (como nueva presidenta y tesorera de la cooperativa) le entregó $ 700.000,00 y se comprometió a pagar 100 mil pesos por mes durante 5 años, más el 5% de facturación de los docodificadores “a cambio de nada”, insistió la señora Bouza.
En el documento al que accedió OPI consta el renunciamiento de Cotecal al juicio contra el municipio, en la segunda cláusula la municipalidad exime a la cooperativa del pago del derecho por el espacio aéreo y subterráneo como así también la habilitación comercial para servicios de internet y televisión satelital; en la cuarta cláusula, aparece un extraño compromiso donde la cooperativa aporta por única vez 700 mil pesos, bajo el eufemismo de “compromiso social” a depositar en la cuenta corriente del Banco Santa Cruz Nº 250002652.
La quinta cláusula, también difusa y gris en términos de transparencia, alude que como es inherente a toda cooperativa la “función social” Cotecal se compromete a aportar 100 mil pesos por mes más el 5% de cada decodificador que instale en la ciudad “para actualizar así, el importe pactado” (¿?).
Más allá de las posibles irregularidades o errores que pudiera haber incurrido la administración anterior de Cotecal, es muy sugestivo todo lo ocurrido entre la cooperativa y el municipio, desde el recambio de autoridades del ente de telecomunicación.
La renuncia inmediata a un juicio prácticamente ganado y el compromiso económico millonario, por 5 años, asumido por Cotecal a favor de la intendencia más el cambio brusco de posicionamiento institucional del Intendente con respecto a esta cooperativa, al punto de llegar a comunicar que “el municipio le otorga exclusividad en el manejo y distribución de lo servicios de internet, telefonía celular y datos en la ciudad” es un hecho objetivo de que el interés del intendente por tener injerencia en el tema se transforma en una obviedad, razonamiento que nos lleva a sospechar de las acusaciones que ha recibido sobre el hecho de haber “colonizado” la última Asamblea con el fin de “darla vuelta” y posicionar a gente que responde a su administración.
Si todo esto se puede comprobar en el tiempo, como va encaminado a demostrarse, El Calafate está ante un serio problema de monopolio de la información y las comunicaciones por parte del poder político local, más allá de los negocios que puedan rodear a todo esta extraña relación de odio y amor que une a Javier Belloni con Cotecal Ltda. (Agencia OPI Santa Cruz)
