09:00 El empresario de medios Sergio Szpolski volvió ayer a los tribunales de Comodoro Py. Amplió su declaración en la causa de los cuadernos de las coimas y admitió haber gestionado cobros millonarios, que -según relató- acordó con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina .
Por: Paz Rodríguez Niell
Szpolski no aparece en los cuadernos del chofer Oscar Centeno , pero está acusado en el expediente porque lo mencionó el exsecretario privado de Abal Medina Martín Larraburu. La sospecha es que Szpolski está vinculado con el destino final de parte de los sobornos recaudados durante el kirchnerismo, que se habrían destinado a la impresión de boletas del Frente para la Victoria.
Fuentes judiciales informaron a LA NACION que el viernes pasado, en la primera parte de su indagatoria, el relato de Szpolski le había resultado inverosímil al juez Claudio Bonadio , que así se lo hizo saber al abogado defensor, Santiago Blanco Bermúdez (también encargado de la defensa del exespía Jaime Stiuso); Bonadio evaluó incluso la posibilidad de detener a Szpolski. Blanco Bermúdez le pidió al juez tiempo para mejorar la declaración. “Para ampliar los datos”, relataron fuentes de la propia defensa, que dijeron que el viernes habían llegado a los tribunales sin saber con claridad de qué se acusaba a Szpolski.
El empresario había dicho el viernes que lo había llamado Abal Medina y lo había contactado con Juan Carlos “Chueco” Mazzón, histórico operador peronista. Que querían preguntarle dónde podían imprimir boletas del kirchnerismo para la elección legislativa de 2013. Y que él solo le había recomendado una imprenta que conocía porque le hacía parte de sus productos periodísticos. “Como si Mazzón, con la experiencia que tenía organizando elecciones, fuera a necesitar ese dato…”, dijo ayer un funcionario judicial que trabaja en la causa.
Ayer, en cambio, Szpolski declaró además que él había arreglado con Abal Medina el cobro de la impresión de 16 millones de boletas. También, que el dinero salía de la Jefatura de Gabinete y que por eso había acordado todo con Abal Medina. Insistió, no obstante, en que la imprenta contratada, que identificó como Poligráfica SA, no era suya. Los investigadores sospechan que sí lo era.
¿Por qué negoció Szpolski un pago que supuestamente no era para él? Según su defensa, para colaborar con la gente del Frente para la Victoria, que estaba buscando una imprenta, y para favorecer además que la fábrica, que también trabajaba imprimiéndole publicaciones a él, incrementara su actividad comercial, lo que mejoraría sus números. En su declaración, Szpolski dijo que no le constaba si los pagos habían sido en blanco o en negro. Que sí sabía que una parte se abonó en efectivo y otra en cheque.
Ahora, fuentes judiciales informaron que buscarán corroborar con documentos su versión. Szpolski respondió no saber con qué cuenta se había concretado el pago.
Con respecto a Mazzón, en su declaración de ayer el empresario dijo que se había reunido por temas técnicos de las boletas, por asuntos tales como el color, la forma y otras precisiones para la impresión.
Larraburu, el secretario de Abal Medina, vinculó a Szpolski con el pago de fondos para imprimir las boletas después de que le secuestraron un pendrive con información que él llevaba sobre los gastos de proselitismo. La anotación atribuida a Szpolski decía “trabajos de imprenta”. Larraburu admitió haber recibido dinero para repartir directamente de gente del Ministerio de Planificación (aunque dijo desconocer que tuviera origen ilegal).
En el fallo de los procesamientos, Bonadio consideró que el circuito de dinero negro recaudado de las empresas contratistas del Estado era después utilizado para financiar la política.
Por eso llamó también a declarar a integrantes de La Cámpora que aparecen en las anotaciones sobre gastos e ingresos vinculados a las elecciones de 2013.
En paralelo con esta causa, Szpolski fue citado a indagatoria, también para esta semana, por el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway, quien lo investiga por una presunta defraudación al Estado de $163 millones impagos por el Grupo Veintitrés correspondientes a los aportes previsionales.
La AFIP acusó a Szpolski ante la Justicia y pidió para él una pena de prisión efectiva. Lo consideró jefe de una asociación ilícita que involucra una maniobra sobre el salario de 800 periodistas de los medios Tiempo Argentino, CN23, Radio América y otros, la mayoría vendidos o quebrados después de que Cristina Kirchner dejara la Casa Rosada. (La Nación)
