09:00 – La Afip determinó que debe pagar IVA y ganancias y que los conductores son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes
Más allá del ruido de las marchas de taxistas porteños contra el sistema de traslado de pasajeros no tradicional, la AFIP determinó que Uber debe pagar impuestos porque el transporte es una actividad legal y tienen una empresa en el país llamada Uber Argentina, que deriva lo recaudado al exterior. Pero además la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social del organismo tributario estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa, y debe pagar las cargas sociales correspondientes. Esto afectaría a más de 16.000 choferes, según cálculos de la AFIP.
Como resultado de esta investigación, la AFIP exige a Uber el pago de $358,7 millones por una deuda de $147,4 millones en IVA y Ganancias y de $211,3 millones por impuestos a la seguridad social.
Los montos exigidos, tal como lo reflejarán los edictos que se publicarán mañana en el Boletín Oficial , corresponden a los períodos fiscales 2016 y 2017. El ejercicio 2018 aún sigue abierto, pero si la situación no cambia, habrá nuevos reclamos de deuda, informaron en el organismo.
La decisión de la AFIP surge de un trabajo de fiscalización en conjunto de dos de sus direcciones generales: la DGI y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Sobre la parte impositiva, se dispuso el cobro de impuestos nacionales por $147.493.678, producto de $67.042.581 del impuesto a las ganancias y $80.451.097 del IVA. Según el organismo dirigido por Leandro Cuccioli, pese a que Uber desarrolló operaciones por cifras millonarias, “se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos por parte del grupo”.
Al ser consultada sobre el caso, la empresa señaló a LA NACION que “al momento, Uber no ha recibido notificación formal de la AFIP de proceso alguno” y ante la información difundida “aclara que paga todos los impuestos, está a disposición de cualquier consulta de la AFIP y confía en seguir contribuyendo al crecimiento de la Argentina”.
De acuerdo con el análisis que hicieron del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior “a través de un complejo entramado societario internacional”. Con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada chofer regresó a la Argentina por medio de al menos tres entidades financieras, según señaló el organismo.
Otra cosa es que la empresa tiene una sede en el país (Uber Argentina) y sociedades en el extranjero que se relacionan con esa empresa. “Es decir que no serían una mera plataforma digital como argumentan”, señalan conocedores del sector.
La AFIP consideró que en el período fiscalizado Uber “desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. De este modo, corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país”.
Sobre este punto, la empresa expresó que “colaborará en el proceso administrativo que la AFIP indique, siguiendo lo que establece la legislación fiscal local, el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos [donde está radicada la matriz de Uber]para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal”.
La información oficial de la AFIP señala que la relación de dependencia de los choferes para con la empresa se deduce de que esta “determina las condiciones en que los choferes deben prestar el servicio a través de la aplicación, fija la tarifa y el recorrido y, sobre la base de las calificaciones del pasajero, puede ‘desconectar’ al chofer, quien, además, no cobra directamente, sino que es Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin”.
Además, a partir de la investigación se pudo detectar la existencia de “una compleja ingeniería de sociedades que conforman un conjunto económico en los términos de la ley de contrato de trabajo”.
“El entramado de sociedades, compuesto por empresas nacionales y extranjeras se creó para dificultar ante el fisco la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros”, consideró la AFIP.
La fiscalización concluyó en que no se pagaron tributos a la seguridad social por más de 16.000 choferes. “Esta conducta de la empresa impide que los trabajadores gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados”, dijo la AFIP.
Uber llama a los choferes “socios conductores” y destaca que, en 2017, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 8 determinó que Uber “no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores”. Y los Juzgados 7 y 14 en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron, en noviembre de 2018, que aquéllos “no son empleados de la plataforma”. En esos fallos se señala que la empresa “acerca asi´ oferta y demanda de transporte, a fin de mediar en la conclusio´n de un contrato de transporte privado, sin tener relacio´n de dependencia o representacio´n con ninguna de las partes”, recordó la compañía.
Uber, concluye la empresa, paga “todos los impuestos que le corresponden por su actividad de promoción en la Argentina a través de su entidad de soporte”, y “los socios conductores que usan la aplicación contribuyen al fisco a través del pago de los impuestos correspondientes”. (La Nación)
