(Por Rubén Lasagno) – La municipalidad de Río Gallegos ahora aparece “advirtiendo” que “podría” denunciar a los vecinos que hace pocos días fueron autorizados a retornar a esta ciudad desde otras zonas, entre ellas Chile, por cuanto el intendente Pablo Grasso se ha dado cuenta que no cumplen con la “cuarentena obligatoria” y exponen a la comunidad al contagio del COVID 19. ¡Feliz regreso a la realidad!.
Humildemente le pedimos al intendente Grasso, que si no sabe, al menos le pida a uno de los tantos asesores que lea OPI y le cuente; y no porque seamos más vivos o tengamos un conocimiento científico del tema, se trata solo de seguir la lógica y el razonamiento aplicado a la realidad cotidiana, para lo cual el intendente solo debe tomar: la experiencia de vida propia y social del medio en el que se desenvuelve, la observación, el análisis básico del comportamiento humano y finalmente generar una conclusión (también básica) que le ayude a decidir en libertad y por cuenta propia y no respondiendo a órdenes política de quienes, como a nivel provincial y nacional, carecen de criterio.
Esto viene al caso, porque en OPI el 28 de mayo publicamos una nota titulada “El gobierno abre la frontera para traer gente de Chile a quienes los dejará libres en Río Gallegos y la provincia” donde exponíamos lo que iba a suceder.
¿Son o se hacen?
Decíamos en una parte de aquella nota: “La única medida posible para asegurar de alguna manera que esa gente no dispare el virus en esta capital o en la provincia, es que ni bien pasen la frontera, sean obligados a permanecer en hoteles por 14 días para controlar si han desarrollado la enfermedad. Esto, el gobierno no lo tiene previsto. Es decir, la gobernadora que tanto promueve el cuidado social, va a exponer a todos los ciudadanos a encontrarnos con gente que puede venir con el virus en latencia y podemos cruzarlos en un supermercado o en lugares de concentración humana” y asegurábamos “Con este accionar se rompe la lógica del protocolo del distanciamiento y el tránsito de gente proveniente de lugares que (como Punta Arenas) es de alto nivel de contagio. Al no haber un aislamiento obligatorio, todo aquel que ingrese por la frontera, va a dispersarse en la ciudad y la provincia, sin el menor control”.
La epidemióloga Ana Cabrera de la provincia dijo al respecto “Se están organizando los dispositivos para el arribo y traslado a sus localidades. El Ministerio de Salud recomienda que se alojen en su hogar con las recomendaciones para una cuarentena estricta”
Y puntualmente sobre esto replicamos: “La funcionaria da por sentado que ni bien baje la gente de sus vehículos les permitirán ir a sus lugares de origen y por ende deberán cumplir la cuarentena en sus hogares, a la que la califica de “estricta” (¿?). Estricta sería si una vez arribado, fueran alojados en un hotel para su control. El gobierno no quiere asumir los costos ni la logística que ello implica y entonces, toma el atajo más cómodo: hacernos creer que la gente mediante un papel y en sus domicilios cumplirá el aislamiento”.
Y lo que tenía que pasar, pasó
Lo que preveíamos que iba a pasar, pasó. Entonces, casi con naturalidad boba por no emplear un término más ofensivo para calificar la irresponsabilidad del Intendente de Río Gallegos y sus funcionarios comunales, vemos que hoy se enteran que los “repatriados” no son “tan responsables” como creían, que no hacen la “cuarentena obligatoria en sus hogares” y que “deambulan por las calles”.
Al despertarse de la siesta, la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la municipalidad de Río Gallegos, Claudia Picuntureo, reconoció (recién ahora y después del grave error cometido) que existe preocupación en el intendente por cuanto al visitar a los “retornados”, detectaron que muchos habían salido a comprar a un supermercado.
“Lamentablemente no estamos encontrando la responsabilidad que esperábamos en los vecinos que volvieron a la ciudad ya que, a modo de ejemplo, se detectó que uno de ellos había salido a comprar a un supermercado y a caminar” dijo la funcionaria de Grasso a quien deberían darle un premio a la “inocencia” el día 28 de diciembre de este año.
Ahora, para mitigar el hecho irremediable de ser la propia municipalidad de Río Gallegos, la culpable (junto con la provincia) de haber vulnerado los más elementales controles para evitar la propagación del virus que ellos mismos promocionan, la funcionaria sale a decir “vamos a denunciarlos penalmente y tendrán que atenerse a las consecuencias”. Toda pirotecnia verbal para amenazar en el aire, pues saben de antemano que no puede sancionar a nadie porque de hecho el propio municipio es culposo.
Lamentablemente ya es tarde. Se funda en la teoría del hecho consumado, es decir, la adopción de medidas tardías luego de ocurrido lo irremediable. Esto le pasa a Pablo Grasso.
La culpa de que los “repatriados” hayan quedado libres en la ciudad, solo ceñidos a “su buena voluntad”, es responsabilidad exclusiva del intendente Pablo Grasso y sus funcionarios. El costo político de esta medida absolutamente arbitraria y desubicada, lo pagará el intendente. Él y no otro, decidió que esto fuera de esa forma. No podía ignorar lo que sucedería si no se aplicaba una cuarentena obligatoria en un lugar debidamente asignado para ello, que no fuera el hogar de cada uno. Decir que no lo sabía, no sería una disculpa, implicaría que no es apto para el cargo que ocupa.
Abriendo el paraguas, la otra responsable de todo esto es la gobernadora Alicia Kirchner, quien en las últimas horas les dijo a sus dirigidos que “no se relajen” por cuanto se podría agravar la situación de contagio en la provincia. Si esto ocurre, solo habrá dos factores concurrentes y puntuales responsable: los factores son, la falta de controles y la aplicación falsa de “protocolos” inexistentes (solo expresada en los papeles), sumado a ello un “conteo” de casos y de infecciones, claramente irregular y falaz. La/los responsable principal será la gobernadora a nivel provincial y cada intendente a nivel local, por no oponerse a las medidas, discutirlas o rectificarlas. (Agencia OPI Santa Cruz)
