(Por: Mario Bermejo para OPI TdF) – Luego de que la Legislatura provincial aprobará por unanimidad la modificación a la ley orgánica del Poder Judicial que contempla que Superior Tribunal de Justicia se amplié de 3 a 5 miembros, el Poder Ejecutivo dictó y publicó el decreto que promulgó el proyecto de ley sancionado en la sesión ordinaria realizada el pasado viernes 25.
Sobre los 7 integrantes del Consejo recaerá la responsabilidad definir cuándo se formalizará el llamado a concurso, el que deberá ser publicado durante tres días en el Boletín Oficial de la Provincia y durante un día en dos diarios de tirada nacional y en dos de tirada provincial. A que a partir de ese momento comenzar a correr los plazos del proceso, que contemplan un período de 30 días corridos para la inscripción de postulantes y 20 días corridos para la presentación de impugnaciones. Finalizada esa instancia deberá disponerse el cronograma de entrevistas y evaluación escrita de los postulantes.Raudamente el parlamento fueguino votó la “Ley Löffler” pero nada es casual ya que había que hacer todos los trámites con premura para llevar a cabo el pacto Melella/Ernesto Löffler, es que el futuro integrante del Máximo Tribunal de la Provincia no es ajeno al fallo del Superior Tribunal de Justicia que rechazó la recusación del juez Raúl Sahade, en la causa donde investigan al gobernador Melella por presunto abuso sexual coactivo.
No porque haya votado, sino porque es la figura clave del pacto entre el MoPoF, Mellella y Sagastume para politizar al Poder Judicial fueguino y convertirlo en el escudo protector de la gestión del Gobernador.
Por eso no sorprende que Battaini y Muchnik, Sagastume se excusó, hayan ratificado al frente de la causa al juez que fue observado por la Cámara de Apelaciones por las demoras injustificadas y la falta de avance en la investigación, y a al que ellos mismo le advierten de su mal proceder. “Se advierte una inusual demora en la formación del respectivo informe, luego de lo resuelto por el Tribunal de alzada, sin ninguna justificación argumentada, situación que no solo deberá evitarse en lo sucesivo sino también y a modo de advertencia, deberá interpelar al magistrado para que se adopten los recaudos del caso“, sostuvieron en el fallo.
Es que el Poder Judicial, como parte del pacto, va en camino de politizarse, de abandona lo jurídico para subirse a lo político. De dejar de ser el poder que controla al Ejecutivo, a ser el poder que acompaña, apaña y protege al Ejecutivo. En este caso al gobernador Melella.
Este trueque inmoral, tiene consecuencias directas sobre las presuntas víctimas, que además de estar abandonados por el Estado, que violentó sistemáticamente los protocolos que existen sobre situaciones de denuncia de abuso sexual, pierden cada día que pasa, la posibilidad de tener Justicia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)