Por: Laura Serra
Un proyecto de Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, genera revuelo en la oposición y en la dirigencia rural. La iniciativa, que fue calificada como un “delirio” por parte de Juntos por el Cambio, propone prohibir, durante 30 años, que se modifique el destino dado a aquellas áreas afectadas por incendios, hayan sido intencionales o no.
Según el proyecto, no podrían desarrollarse en esas tierras explotaciones agrícolas diferentes a las vigentes en la superficie en el momento de iniciarse el fuego ni emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de nueva actividad.
La iniciativa, que modifica la ley 26.815 de Manejo del Fuego, propone incorporar un nuevo artículo que establece que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural” se prohíbe, por el término de 30 años, “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.
La iniciativa extiende esas prohibiciones por un término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales “a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
La iniciativa fue avalada no solo por el Frente de Todos; también cuenta con el apoyo del Interbloque Federal, con las firmas de Eduardo “Bali” Bucca y de Graciela Camaño, y del jefe del interbloque Unidad para la Equidad y Desarrollo, José Ramón. Iba a debatirse esta tarde en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja, pero la reunión se postergó hasta la semana próxima pues su presidente, el kirchnerista Leonardo Grosso, quedó varado por un paro de aeronavegantes en Bolivia, donde participó como observador de las elecciones presidenciales de ese país.
Juntos por el Cambio rechazó de plano el proyecto. “Creemos que es una solución irracional porque castiga exclusivamente al propietario, independiente del hecho que cause el incendio. Legisla sobre las cenizas y no evita los incendios ni su propagación”, enfatizó la diputada radical Brenda Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales.
La legisladora cuestionó, además, que se prohíba por 60 años cualquier modificación en el uso o destino de las áreas de bosques nativos afectados por incendios. “Esa prohibición ya está prevista en la ley de bosques y es de manera permanente; esta ley la reduce a 60 años”, enfatizó.
Por otra parte, acusó al oficialismo de imponer un doble discurso ya que mientras impulsa esta ley, al mismo tiempo dispuso en el Presupuesto 2021 una reducción a la mitad de los fondos destinados al Plan Nacional de Manejo del Fuego. “Es un doble discurso escandaloso ya que dicen que quieren prevenir los incendios pero mientras tanto se recortan los recursos presupuestarios”, sostuvo.
También la diputada Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, alertó sobre las implicancias de este proyecto. “Es la ley de la venganza. Se criminaliza al dueño de la propiedad afectada por el incendio, sea intencional o accidental. Le inhibe durante un plazo de 30 años a poder usar el suelo. Por ejemplo, si una propiedad en Cariló, en Pinamar, en Villa La Angostura, se incendia de manera no intencional, el dueño no podrá disponer de esa propiedad para otro fin que el que tenía originalmente. Se está lesionando, con esta regulación, el derecho al uso de la propiedad”, enfatizó.
“No se puede meter en la misma bolsa a quien comete un incendio de manera intencional y al que no tuvo nada que ver y sufrió la quema de su terreno. Hay que ir por los verdaderos responsables y para ello debemos trabajar en focalizar las penas en el Código Penal”, sostuvo Austin.
Con esta misma preocupación, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que el proyecto en cuestión no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio. Es decir, “se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble”.
“Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”, expresó la entidad a través de un comunicado, en el que advierte que “cuesta entender la razonabilidad política del proyecto que parece inspirarse en el desconocimiento de lo que sucede con los incendios, o peor aún por el desprecio a encontrar soluciones al verdadero problema de los incendios y sus causas reales”. (La Nación)
