Los mensajes con los que la Justicia viene respaldando el caso de los Cuadernos de las Coimas

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Según publica Clarín Varias condenas y confirmaciones de sentencias contra Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez cierran le camino para desmentir la acusación en esa causa.

Por: Lucía Salinas

Además de la crucial convalidación de los testimonios de los arrepentidos en esa causa por parte de la Cámara Federal de Casación, en los últimos meses las condenas a Julio De Vido y Lázaro Báez, y la muy probable e inminente ratificación de la sentencia por enriquecimiento ilícito contra José López respaldan la acusación central del expediente de los Cuadernos de las Coimas: que en los gobiernos K existió una asociación ilícita para convertir el ministerio de Planificación Federal en una virtual “oficina de sobornos” a gran escala y a través del tiempo.

Cristina Kirchner no escatimó en críticas hacia la justicia en su último paso, virtual, por Comodoro Py. Sostiene que las ocho causas que tiene elevadas a juicio oral por corrupción, sólo responden al lawfare: una persecución política para desprestigiarla. Su explicación va más allá, y desde esa argumentación puso en duda el funcionamiento del fuero que investiga diferentes delitos vinculados al proceder de los funcionarios públicos, tanto en ejercicio de la función como fuera de ella.

En los últimos meses, la Justicia federal dictó varias condenas y confirmó otras, por hechos de corrupción y lavado de dinero en distintos expedientes, en los que se reitera la misma tesis: una presunta estructura para cobrar sobornos que funcionó desde el extinto Ministerio de Planificación Federal, que dirigió durante doce años Julio De Vido.

En medio del enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial, la Cámara de Casación confirmó la condena contra Julio De Vido por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, la confirmación de las acusaciones en uno de los casos de Odebrecht donde se investiga una ruta de coimas aplicada a dos plantas potabilizadoras de AySA.

Por otro lado, en febrero se condenó hace un mes a Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K con doce años de prisión: el juicio analizó las maniobras del ex socio de Néstor y Cristina Kirchner para lavar al menos 55 millones de dólares provenientes de contratos de obras públicas que según se juzga en otra causa fueron pactadas con sobreprecios y en muchos casos ni siquiera se terminaron. Un episodio absolutamente congruente con la acusación de la causa Cuadernos.

El 14 de abril habrá una audiencia en la Cámara de Casación, luego del a cual sus jueces tendrán veinte días para analizar la condena contra José López, ex secretario de Obras Públicas, acusado de enriquecimiento ilícito por aquellos bolsos con nueve millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez en junio de 2016. El dinero ilícito de López -que también está acusado por los Cuadernos- habría provenido de las coimas que se gestionaban desde distintas oficinas de Planificación.

Otro ex secretario de esa cartera, Ricardo Jaime, tiene un pedido de elevación a juicio en otra causa por corrupción y ya admitió el cobro de sobornos cuando buscó un juicio abreviado.

Aquellas causas vinculadas a Odebrecht, tanto el caso de Aysa como el expediente sobre la ampliación de los gasoductos NOA-NEA, investigan un circuitos de sobornos por los cuales ya están procesados De Vido, Roberto Baratta, López y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros. Todos integrantes del ministerio de Planificación.

Algunos de esos mismos ex funcionarios también tienen casos elevados a juicio por desvío de fondos que desde el Ministerio de Planificación debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, atravesados por denuncias de sobreprecios en obras que debían realizarse.

En todos los casos son expedientes individuales, pero que -como dijo la justicia- demuestran una “matriz de corrupción instaurada desde el Ministerio de Planificación Federal que funcionó desde 2003 a 2015”. Ese textual es parte de la imputación del caso de los Cuadernos de las Coimas.

“Parecen ser todas maniobras en diferentes momentos de ese lapso, que a su vez son partes de una gran maniobra criminal”, explicó una fuente judicial cercana al caso Cuadernos.

Así, mientras la Justicia sigue resolviendo en casos que rozan de cerca a la vicepresidenta, como lo fue la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone, en Comodoro Py otros trámites judiciales siguen alimentando la hipótesis del caso Cuadernos.

El fallecido juez Claudio Bonadio, describió el expediente como “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

El año pasado, la Cámara de Casación avaló la Ley del Arrepentido y así los 31 testimonios con los que cuenta el expediente Cuadernos, cuya acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

En todas estas áreas “se vienen confirmando fallos en otras instancias que alimentan ese esquema que funcionó desde Planificación Federal”, indicó otra fuente que trabaja sobre el caso ya elevado para su debate oral. 

Las investigaciones conexas a Cuadernos están relacionadas con el cuerpo principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. A ella sólo le quedaron la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados. (Clarín)

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