De acuerdo a documentación en poder de OPI y News, el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, tiene previsto enviar al Concejo Deliberante de esta ciudad un Proyecto para constituir la denominada Sociedad de Estado Municipal que denominará “Municipio de Río Gallegos Sociedad de Estado”, con lo cual la municipalidad tal como la conocemos desaparecerá y pasará a transformarse en una empresa autárquica como Servicios Públicos o Fomicruz, la cual le dará potestades especiales para realizar contratos, obras, comercializar y brindar servicios con lo cual, de acuerdo a las fuentes consultadas, esto le abriría un universo de negocios a empresas privadas amigas del poder, relacionadas con el propio Intendente Pablo Grasso, en las cuales si bien él no figura en los papeles, sus relaciones de amistad y comerciales son clara evidencia de que existen intereses cruzados que en Santa Cruz, como en muchas investigaciones de OPI se ha evidenciado; obviamente, nadie investiga en la provincia, ni siquiera el Tribunal de Cuentas que tendría la obligación de auditar y denunciar.
Sin comunicación previa a la sociedad, sin Audiencia Pública para requerir la opinión de los ciudadanos de Río Gallegos, el documento que podría ingresar sobre Tablas en la próxima sesión del CD y ser aprobado por mayoría simple del FPV, indica que la Sociedad del Estado en que se busca transformar al municipio de Río Gallegos tendrá por objeto “ la prestación de servicios generales tendientes a el mantenimiento y la mejora del desarrollo social, económico, urbanistico, cultural de centros urbanos y/o a urbanizarse. Para ello podrá: prestar servicio de trasporte público urbano e interurbano de pasajeros, transporte escolar y prestar servicio de carga especial y transporte de carga en general.
También prestar servicios Públicos de recolección de residuos patógenos, su tratamiento y disposición final; Generar y/o extraer materia prima para generar energía y su comercialización posterior; prestar servicio público de mantenimiento, refacción, ampliación y construcción de infraestructura de bienes públicos y privados; Servicio, producción y comercialización de materiales de construcción y bienes productivos en general; Realizar estudios de suelo, concreto, asfalto y demás materiales de construcción, así como toda otra actividad tendiente a medir el impacto ambiental de obras de infraestructura; Prestar servicio de monitoreo y video vigilancia y cualquier actividad tendiente a su instalación y desarrollo; Prestar servicio de telecomunicaciones, fibra óptica, inalámbrica, coaxil, triple play y/o cualquier otra tecnología existente o a desarrollarse, como así también toda actividad tendiente a su instalación; Prestar servicio de radiodifusión e imprenta tendientes a mejorar la comunicación y la difusión de asuntos de interés general, y toda actividad dirigida a su instalación y explotación comercial; Prestar servicios para la atención de necesidades eventuales mediante unidades portátiles como oficinas, sanitarios, dormitorios, stands, depósitos, gateras, consultorios, aulas, salas de reuniones, baños, viviendas, boleterías. Así como toda actividad que permita su traslado, carga, descarga, colocación, limpieza y mantenimiento”.
El mecanismo
De los datos y consultas que hemos realizado para tratar de clarificar los alcances de la medida, se ha podido establecer que la cuestión institucional del municipio no se altera. Lo que crea Pablo Grasso, es una sociedad para hacer negocios. En esa sociedad del Estado van a crear un Directorio, donde obviamente Grasso no va a estar por su condición de Intendente. Es decir, el municipio irá por un lado, haciendo lo mismo que hace hoy, pero esta nueva figura le permite al intendente hacer negocios con privados que desde el municipio no lo puede hacer porque se lo prohíbe la Ley de Contabilidad.
Con este nuevo sistema, generando una Sociedad del Estado (es del estado porque forma parte del Estado de una sociedad con distinta gente, en distintos momentos y en diversos rubros) ahí si se lo facilita este mecanismo, porque jurídicamente estaría habilitado para hacerlo ya que hoy como municipio, el intendente no puede asociarse, por ejemplo con una empresa que provea servicio tecnológico, pero sí lo puede hacer si genera paralelamente al municipio, una Sociedad del Estado para hacer negocios, exclusivamente.
Esto, comercialmente, trae consecuencias, pues su concepción es totalmente desleal porque el Estado planta una competencia muy desigual en materia de costos y perjudica directamente a los privados que no estén contenidos en las contrataciones municipales de esa Sociedad del Estado.
En este contexto el sistema está pensado para que el municipio aporte el personal y el resto los privados. Y así planteado como está el proyecto, el intendente lo hizo tan abarcativo al objeto de esa sociedad, que puede vender de todo y brindar cualquier servicio, al punto que si esa sociedad se asocia con un hiper (por ejemplo) el municipio puede comprar de manera directa a precios más bajos o más caros (depende de cómo esté concebida la inversión y si como estamos acostumbrados el Estado compra tres veces más caro), pero instala una competencia desleal y vulnera las leyes antimonopolio en muchos casos.
“Esto es paralelo al municipio y es solo una cuestión económica, es para generar negocios”, le dijo a OPI un abogado que estuvo vinculado al municipio “hoy tienen que rendir muchas cuentas desde la municipalidad y habría que ver cómo se va a conformar esta sociedad y qué cuentas le tiene que rendir al Tribunal de Cuenta por los gastos que tenga el municipio conformando una sociedad de este tipo, sin embargo lo que busca Grasso es hacerse de instrumentos y mecanismos legales para hacer cosas que hoy la ley de Contabilidad se lo dificulta”.
Un dato no menor es que la Municipalidad de Río Gallegos ni siquiera tiene Carta Orgánica, pero el Intendente apura la conformación de una sociedad estatal, solo para alentar la vinculación comercial y facilitar los negocios desde la comuna, para lo cual no ha dado a conocer el proyecto y ni siquiera considera llamar a una Audiencia Pública.
El rincón del vago
El proyecto e Grasso no es novedoso y ni siquiera sale de la concepción que tiene sobre la administración pública; fue copiado de otro similar.
En la Municipalidad de Río Grande, en Tierra del Fuego, se hizo un procedimiento similar en el año 2019, presentado por la concejal María Duré, por la cual se creó Río Grande Activa Sociedad del Estado, con objetivos similares a los detallados en el proyecto de Grasso y conocemos la compulsiva tendencia del Intendente de Río Gallegos a pensar poco e imitar a otros estados municipales, al punto que plagió el logo institucional que identifica a su gestión del Intendente de Bariloche Gustavo Gennusa, que además de ser opositor le reclamó por nota la usurpación del isologotipo, sin lograr que Grasso bajara el suyo. No nos equivocamos si decimos que el de la concejal Duré de TDF y éste de Grasso, son iguales, como resulta de la lectura de ambos.
Si uno repasa el amplio espectro de las actividades que cumplirá la pretendida Empresa del Estado en la que el intendente Pablo Grasso intenta transformar el municipio local y las compara con las empresas que en los últimos ocho años se han vinculado con Grasso cuando era Presidente del IDUV y ahora como Intendente, se puede inferir que los objetivos de esta nueva SE, se acuñaron a imagen y semejanza de las empresas que contrata Grasso en sus funciones gubermantales, con lo cual nos resta pensar que detrás de esta nueva figura se amañan un negociado de enormes proporciones, más aún que los que se llevan a cabo actualmente.
Habrá que ver, en caso de aprobarse, cómo está compuesta esa Sociedad del Estado Municipal, en la cual Grasso, seguramente, no tendrá una participación activa reglamentaria y documentada, pero las fuentes legales consultadas, descartaron que detrás de todo ese manejo estará el propio Intendente manejando las contrataciones y los fondos.
Esta nueva organización dará lugar a la aparición de otra estructura burocrática de gestión, compuesta por un Directorio con representación de los sectores que a Grasso se le ocurra y lógicamente, ampliará la estructura estatal, porque finalmente, todo esto es financiado por el propio Estado municipal/provincial, acorde al manejo de los dineros públicos, solo que acá el complejo sistema permitirá, como sucede en SPSE, la contratación, subcontratación y manejo indiscriminado de fondos, recursos y personal, además de aceitar las relaciones con empresarios amigos del medio, quienes harán de las contrataciones con la Sociedad del Estado municipal, sus delicias y las delicias de aquellos funcionarios públicos que estén conectado con la actividad privada, como sucede en el gobierno provincial, ya sea mediante empresas propias que contratan con el Estado o alguna devolución de amigos de las empresas que desde hace años ganan licitaciones o son contratadas de manera directa con la provincia/ municipio. La gran zanahoria que va mostrarle Grasso al SOEM, es la posibilidad de ocupar un cargo en el Directorio, pero reservándose él, el mano político de esta verdadera unidad de negocios municipal.
Claros y oscuros
En principio la Ley 20.705 seguramente es el pie en el que se apoya el intendente y su asesores legales para armar el proyecto. Sin embargo, inicialmente la misma colisionaría con el Art 124 de la Constitución Nacional, donde se expresa que el dominio originario de los recursos que pretende explotar el municipio, es de la provincia. Y por otra parte, la creación de una Sociedad de Estado Municipal que explote servicios como transporte y telecomunicaciones, entre otros, atentaría contra la ley 26.552 de Servicios de Comunicacion Audiovisual que prohíbe el monopolio.
En otro orden y siguiendo el modelo adoptado por Río Grande, esta nueva sociedad deja claramente establecido que los trabajadores de la nueva sociedad “se regirán por las disposiciones legales de la ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744). Bajo ninguna circunstancia podrán ser considerados empleados estatales”, dice la norma en relación al personal contratado. “Para aquellos trabajadores que al momento de iniciar el proyecto se encuentren desempeñándose dentro del ámbito estatal, los cuales se encontraren bajo el amparo de la Ley N° 22.140 y sus modificatorias, mantendrán su status laboral”, indica la nota en TDF.
Siempre en relación a la sociedad fueguina el proyecto aprobado dicen “La relación entre trabajadores y Río Grande Activa Sociedad del Estado estará regida por los Convenios de Trabajo de acuerdo a cada actividad que la empresa lleve adelante (Camioneros, UOCRA, UTA, Sat Said, A.T.E., A.S.O.E.M., Petroleros Privados, Luz y Fuerza, etc.) por lo que sus salarios y condiciones laborales deberán respetar la legislación del derecho privado”. Si en el caso de Grasso, esto se encuentra en el mismo marco de la empresa estatal fueguina, de hecho la situación podría complejizar aún más los servicios, si algunos de estos sectores sindicalizados, plantara un paro o una medida de fuerza con sus contratistas, a su vez proveedora de la Sociedad del estado municipal.
Y la norma fueguina, aclara “No se requerirá la realización de tareas en Rio Grande Activa Sociedad del Estado a los trabajadores municipales, respetando su carácter de empleados estatales conforme a la ley vigente”, concluye, para aclarar cómo jugarán los trabajadores municipales en este asunto. En el caso de Río Gallegos ¿Qué harán con los 4.000 empleados que hay en el municipio local?.
Ésta parte del proyecto de Grasso, hasta el momento, no lo tenemos expresado, razón por lo cual ponemos como ejemplo el usado en Tierra del Fuego, adelantándonos al hecho de que el intendente capitalino, ha copiado textualmente el proyecto de Río Grande. (Agencia OPI Santa Cruz)
Y mansilla y el soem? Y el diario nuevo dia?
Pasaron intendentes inutiles y chorros , este esta potenciado.
Se cree que gallegos es su estancia.
ARREGLA LA PLAZA SAN MARTIN INUTILLLLLLLL!!!!
Cual va a ser el capital inicial de esta “Suciedad del Estado Municipal”, suena raro que en una “provincia quebrada” haya una Municipalidad con fondos suficientes y sobrantes como para crear esta “suciedad” y si los tiene, la MRG realiza los depositos correspondientes a los aportes de la Caja de Prevision? o como el resto de las municipalidades santacruceñas los embolsa para gastos generales? Este engrendro va a ser solamente para poder pedir luego “recursos extraordinarios” para sostener la “suciedad” y que por supuestos (como los de YCRT) van a ir a parar a los bolsillos de los conocidos de siempre.