El Gobierno multó al interventor judicial de Hotesur y no a los Kirchner por el retraso en la entrega de los estados contables

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El hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La abogada Silvina Martínez denunció que la Inspección General de Justicia le impuso multas por 400 mil pesos al interventor judicial de la empresa Daniel Altaman. Mientras, los Kirchner le negaron la información y un tribunal retrasa el juicio oral.

Por: Daniel Santoro

La Inspección General de Justicia (IGJ), que dirige el cristinista Ricardo Nissen y depende del Ministerio de Justicia multó a los auxiliares de la justicia por incumplimientos de HOTESUR, la empresa de la familia Kirchner que es dueña del Hotel Alto Calafate y está siendo investigada por presuntas maniobras de lavado de activos.

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 El 7 de julio de 2021, la IGJ -organismo del Estado que controla las empresas y entidades civiles radicadas en la Ciudad de Buenos Aires- impuso 4 multas de 100.000 pesos cada una al interventor judicial Daniel Altaman por los incumplimientos de presentaciones de estados contables desde 2017.

La abogada especialista en temas de corrupción Silvina Martinez denunció que la IGJ ” llamativamente no sanciona a HOTESUR, la empresa, sino al administrador judicial por incumplimientos de la compañía, sus accionistas Maximo y Florencia Kirchner y el propio titular de la IGJ Ricardo Nissen en su rol de apoderado de la compañía”.

Para la Justicia Hotesur fue “pantalla sin fines comerciales reales” durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que se utilizó sólo como un medio para lavar dinero por 80 millones de pesos entre 2009 y 2013. Ese dinero lo pagó Lázaro Báez en concepto de “alquiler” de los Hoteles Alto Calafate y las Dunas que son parte del patrimonio de Hotesur. En la causa Vialidad, se investiga el direccionamiento de 3 mil millones de dólares de los gobiernos de los Kirchner a favor de las empresas de Báez como Austral Construcciones.

Nissen fue abogado de los Kirchner y apoderado de Hotesur antes de ser designado en la IGJ para controlar a la empresa de sus ex clientes.

Si bien se excusó de intervenir en la firma de la resolución de multa, la misma fue firmada por un dependiente del propio Nissen.

La abogada Martinez explicó que el interventor no pudo confeccionar los balances reclamados porque los accionistas Maximo y Florencia Kirchner como también el propio Nissen “negaron el acceso a la documentación contable y societaria necesaria sumado a los retrasos en el Tribunal Oral 5 a autorizar la contratación de un estudio contable para la confección de los balances”.

Ante un pedido de acceso a la información sobre Hotesur, por ejemplo, Nissen le negó los estados contables a Martínez. Por otra parte, Nissen “blindó también al Instituto Patria en cuanto a quiénes son sus socios y cómo se financia”.

El interventor Judicial había solicitado la disolución de la empresa Hotesur a la IGJ denunciando numerosas irregularidades antes de ser multado por el organismo que depende del Poder Ejecutivo. (La Nación)

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