Según publica La Nación El ala kirchnerista del Gobierno busca reforzar las fiscalizaciones, controles y multas a las empresas para frenar la inflación mientras que los economistas insisten que es un problema monetario.
Por: Camila Dolabjian
Entre economistas revive un debate acerca de las raíces de la inflación. Los detractores de la política oficial acusan al Gobierno de suponer que el alza en los precios es un problema de los empresarios y supermercados, que remarcan los productos, en vez de un fenómeno monetario, de oferta y demanda de pesos.
En la presentación del Presupuesto 2022, la cartera de Martín Guzmán actualizó la proyección de inflación a 45,1% para este año, 16,1 puntos porcentuales más que lo estimado originalmente. Sin embargo, algunos especialistas apuntan a que se acercará a 50% por efecto del aceleramiento del gasto y la emisión en este tercer trimestre, de cara a las elecciones. Es un número muy alto en comparación con la mayoría de los países del mundo.
La respuesta del oficialismo está orientada a relanzar sus programas de control de precios e implementar algunas novedades con el empresariado. Paula Español, la secretaria de Comercio Interior allegada a Cristina Kirchner, que había presentado su renuncia, tuvo una semana activa de reuniones con supermercados y proveedores para comunicarles un relanzamiento de la ley de góndolas, la implementación de multas y el endurecimiento de las fiscalizaciones.
En total, están vigentes al menos 20 programas orientados a controlar la suba. A continuación, cuáles son y qué efectos tienen.
- Precios cuidados: la clásica de los supermercados, es una política de administración de precios a través de acuerdos voluntarios entre las empresas, que deben suscribir, y el Estado. “El objetivo es establecer precios de referencia para los productos más representativos del consumo, en distintos rubros de la economía argentina”, dice la página web oficial. Según el Gobierno, están incluidos más de 700 productos. Esta semana se renueva el listado, que permitirá aumentos de solo un dígito. Es un programa de alta aceptación entre el público.
- Súper cerca: se trata de un programa de precios máximos fijos hasta fin de año. Incluye 70 productos y es obligatorio para las empresas. En junio de este año se suspendió “precios máximos”, que había congelado los precios de 100.000 productos desde el 6 de marzo de 2020.
- Ley de góndolas: establece que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola y que de un producto, por ejemplo, de fideos o galletitas, debe haber cinco marcas diferentes, como mínimo. El 25% de los productos deben ser de las pymes, cooperativas o mutuales y el 5%, deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular. La medida generó rechazo en algunos sectores, que alertaron sobre sus consecuencias negativas.
- Canasta ahorro: lanzada en mayo de este año, consiste en una canasta de 28 productos con precios por debajo de los Precios Cuidados. Incluye: leche en polvo, leche fresca, yogur, aceite, arroz, harina, azúcar, lavandina y toallitas femeninas, entre otros. Se implementa en 60 ferias de todo el país, y busca que los productores le vendan directo al consumidor, reduciendo costos de transporte e intermediación.
- Cortes cuidados: Se trata de 11 cortes de carne “a precio popular”. Están disponibles en las grandes cadenas de supermercados y en el Mercado Central. Dentro de la canasta están la tira de asado, vacío, matambre, tapa de asado, cuadrada, carnaza, falda, roastbeef, espinazo, carne picada y paleta. En los últimos meses surgieron críticas por generar una baja en la calidad de la carne, que aparecía en las góndolas como “un pedazo de grasa”.
- Cepo a la carne: “Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso”, dijo Alberto Fernández respecto a la decisión prohibir las exportaciones de asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío hasta fin de año. El nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció una apertura gradual de las restricciones. Los especialistas sostienen que es una política que genera incertidumbre entre los productores, con la posibilidad de ocasionar una caída de la oferta en el futuro.
- Mercado federal ambulante: es un programa de la Secretaría de Comercio Interior que ofrece “alimentos frescos a precios accesibles y sin intermediarios”. Se trata de acuerdos con los gobiernos locales y organizaciones intermedias, mercados de abastecimiento y entidades del sector frutihortícola y de la carne para ofrecer precios entre 30% y 40% menos que en el comercio minorista.
- SIPRE: “Es un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios para hacer más sencilla y transparente la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno”, explica el programa. Incluye a empresas de comercio minorista y mayorista de rubros desde alimenticios hasta productores de colchones.
- SIFIRE: creado en marzo de este año, consiste en un sistema de fiscalización de rótulos y etiquetas. Un mes después de la entrada en vigencia, la Secretaría de Comercio imputó a las firmas Mondelēz, Bagley y PepsiCo por supuestas infracciones en la comercialización de productos con rótulos prácticamente idénticos a otros ya existentes en las góndolas a precios diferentes. “El hecho de modificar mínimamente una propiedad y/o el contenido neto de algunos de sus productos, para luego poder incrementar sustancialmente sus precios, puede representar un incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240)”, comunicaron.
- Aumentos administrados: Parten de la premisa de que las únicas listas de precios con subas que pueden recibir los supermercados son aquellas que en forma previa y expresa fueron autorizadas por la Secretaría de Comercio. Su extensión en el tiempo puede provocar una caída de la producción y desabastecimiento, sostienen los especialistas.
- Acuerdo de precios para lácteos: el Gobierno lleva adelante acuerdos con el sector, que a principios de este año acordó aumentos de provisiones a cambio de evitar una intervención en las exportaciones como en el caso de la carne.
- Acuerdo de precios con la industria petroquímica: “En el contexto de un aumento muy fuerte de commodities agropecuarios e industriales, el objetivo de este acuerdo es darle vida al sendero de crecimiento de la producción nacional y al mismo tiempo coordinar expectativas para darle más certeza a esta mejora en la economía”, dijo el Ministro tras presentar un acuerdo con Petroquímica Río Tercero.
- Acuerdo de precios con la industria electrónica y electrodomésticos: El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acordó con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) un congelamiento de los precios de venta vigentes al 1° de abril hasta el 31 de octubre de este año en televisores, teléfonos celulares, microondas y acondicionadores de aire.
- Acuerdo de precios para insumos industriales de uso difundido: “Se firma un acuerdo con los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año, con cláusula de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón y vidrio y cemento”, decía un documento firmado a principios de este año.
- Acuerdo de precios y provisión con la industria de la construcción: En junio, tras el avance de los precios en el sector, la Secretaría de Comercio lanzó un acuerdo con las principales empresas proveedoras de materiales de construcción con precios de referencia hasta fin de año con revisiones bimestrales.
- Precios máximos para la industria farmacéutica: Incluye un listado de medicamentos, principalmente de terapia intensiva, para asegurar el aprovisionamiento de hospitales.
- Fiscalización, multas y sanciones a empresas: Pueden ser de hasta 10 millones de unidades móviles, que hoy son equivalentes a $550 millones. La contracara es que puede desalentar la inversión.
- Congelamiento de tarifas de servicios públicos: Incluye gas, combustible y luz. “Eso genera una tensión entre el Estado y las productoras, pero nosotros creemos que en el segundo semestre no deberían variar los precios, no debería haber incrementos. Es verdad que sube el Brent y los precios los definen las productoras, pero nosotros creemos que no debería haber movimientos en el segundo semestre”, indicó Darío Martínez, secretario de Energía. El pasado cercano muestra malos resultados. La producción primaria de energía suele caer con el congelamiento tarifario.
- Limitaciones para el aumento de servicios de prepagas y obras sociales: Tras un año tenso, en el que el Gobierno permitió aumentar tan solo un 10%, las empresas de medicina privada obtuvieron un resultado favorable en la Justicia y pudieron aumentar 27% antes de finalizar el 2021, por sobre el 14% autorizado en los primeros meses del año. El sector sostiene que está desfinanciado.
- Atraso del tipo de cambio: Parte de la estrategia del Gobierno de mantener controlado el dólar oficial busca restarle impulso a la inflación. Esto puede generar un salto devaluatorio más importante en el futuro.
“Si siguen especulando habrá que clausurar sucursales”, sentenció Cecilia Moreau, diputada kirchnerista, la semana pasada en pleno debate sobre la inflación.
Su opinión contrasta con la de los especialistas. “Los programas, en el corto plazo, tienen un impacto que deja de ser efectivo en el mediano plazo. No tienen un efecto desinflacionario. Incluso, cuando se extienden, comienzan a verse problemas de rentabilidad, desabastecimiento e incumplimiento. Cuando se desarman, como pasó con precios máximos, empiezan a subir más que antes” dijo Agostina Myronec, economista de la consultora Ecolatina.
Para Roberto Cachanosky, el problema es monetario y de falta de crecimiento de la economía. La solución no estaría en el control del Estado. “Aumentan los precios porque no aumenta la oferta de bienes. La gente no come billetes y quiere sacarse de encima rápido los pesos. Puede haber un estallido similar a una mega inflación y a un Rodrigazo”, comentó. (La Nación)
