La fiscalía federal detectó un desbalance de $43.068.549 y erogaciones por US$ 402.578,12 en refacciones e inmuebles del matrimonio que carecen de sustento documental en los ingresos declarados ante el fisco.
El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días al ex jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni para que justifique el origen de su patrimonio en la causa penal donde se encuentra imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución del magistrado postergó el vencimiento perentorio que había fijado el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien formuló 20 requerimientos específicos sobre inconsistencias financieras detectadas durante el ejercicio de la función pública del exfuncionario.
La pesquisa judicial abarca el período comprendido entre diciembre de 2023, fecha en que Adorni asumió en la administración nacional, y junio de 2026, cuando presentó su renuncia al cargo. El dictamen fiscal determinó que el matrimonio conformado por Adorni y Bettina Angeletti registró ingresos lícitos acreditados por $229,7 millones, frente a un volumen de gastos consolidados que alcanzó $272,8 millones, arrojando una diferencia negativa sin justificar de $43.068.549.
El requerimiento del Ministerio Público Fiscal incorporó además erogaciones en moneda extranjera por un total de US$ 402.578,12 destinadas a operaciones inmobiliarias, obras de refacción y adquisición de mobiliario. El fiscal Pollicita determinó que dichos desembolsos carecen de respaldo en las declaraciones juradas y en los fondos de procedencia legal verificados en los registros bancarios de la pareja.
El dictamen fiscal sobre los movimientos de Bettina Angeletti
La investigación patrimonial extendió sus actuaciones sobre la actividad comercial de Bettina Angeletti a raíz de variaciones abruptas en sus balances fiscales. Los peritajes incorporados al expediente revelaron que la facturación de Angeletti creció un 1.440,97% a lo largo del año 2024 en comparación con el ejercicio fiscal previo, encendiendo las alertas de los organismos de control judicial.
Durante el período fiscal 2025, la cónyuge del ex jefe de Gabinete emitió comprobantes de venta por un total de $124,2 millones distribuidos formalmente entre 13 clientes. El análisis documental de la fiscalía corroboró que el 81,95% de ese volumen dinerario provino de contrataciones directas vinculadas a únicamente dos contratistas, cuyos vínculos comerciales forman parte de las pruebas solicitadas.
El pliego acusatorio incluyó pedidos de precisiones sobre mutuos y transferencias económicas dirigidas a Silvia Pais y Norma Zuccolo, familiares directas del núcleo investigado. La fiscalía requirió la acreditación del circuito financiero empleado para la compra de una unidad automotriz y el detalle pormenorizado de las obras ejecutadas en el inmueble radicado en el country Indio Cuá.
La prórroga de 15 días otorgada por el juzgado de Ariel Lijo constituye el paso procesal previo a la citación a declaración indagatoria de los imputados en caso de que los descargos técnicos y documentales presentados por la defensa no logren subsanar las 20 observaciones patrimoniales elevadas por el fiscal Gerardo Pollicita. (Agencia OPI Santa Cruz)