Según publica La Nación Se trata de la instancia previa a las fiscalizaciones presenciales, donde el ente recaudador podrá profundizar en las irregularidades que se detectaron en las declaraciones juradas.
Por: Melisa Reinhold
Este lunes 32.746 contribuyentes fueron intimados a través de sus Domicilios Fiscales por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de incumplimientos detectados en las fiscalizaciones electrónicas, una herramienta automática que adoptó Mercedes Marcó del Pont en 2020 y, a lo largo de los últimos dos años, logró generar ingresos que superan los $4500 millones.
Hay 14 motivos por los cuales se inician las fiscalizaciones electrónicas. Entre ellos, inconsistencias que se registraron en la valuación de inmuebles en el exterior, el uso de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal por compras a proveedores que tienen irregularidades e incumplimientos), liquidaciones de granos no declaradas, falta de presentación del Impuesto Cedular, rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en Ganancias, acreditaciones del exterior no declaradas y falta de declaración de contratos de arrendamiento, entre otras.
Según informa la AFIP, la fiscalización electrónica “potenció las tareas de control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva”. A través de distintas fuentes de información, que en la mayoría de los casos no requiere de datos adicionales del contribuyente, se hace un cruce de información para detectar en las declaraciones juradas presentadas “maniobras que afectan la recaudación”.
En líneas generales, en la AFIP reconocen que los datos son buenos, ya que tienen un elevado nivel de respuesta por parte de los contribuyentes, quienes rectifican las declaraciones juradas y cumplen la pretensión fiscal. Sin embargo, hay un grupo que se encuentra bajo el ojo del ente recaudador, ya que hicieron omisión de los requerimientos o no se allanaron a la pretensión fiscal.
Este lunes las notificadas fueron enviadas al Domicilio Fiscal Electrónico de quienes incumplieron y se les recodó la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal. Se trata del beneficio para regularizar deudas de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021.
No obstante, las misivas que fueron enviadas digitalmente representa el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial. En caos de que persistan los incumplimientos por parte del contribuyente, la AFIP podrá profundizar el análisis de las inconsistencias identificadas. (La Nación)
