Según publica La Nación Declararon cinco peritos que fueron unánimes en afirmar que al variables económicas permitían un reajuste de precios en el marco de la ley, pero no evaluar las razones de la empresa para hacerlo.
Por: Hernán Cappiello
Cinco peritos contadores declararon hoy bajo juramento que las normas permitían hacer una readecuación de precios en las licitaciones de las obras públicas por las que están siendo juzgada Cristina Kirchner y Lázaro Báez, pero señalaron que no estaban en condiciones de decidir si esos mayores costos eran irregulares o no a partir de las razones esgrimidas por la empresa.
Los especialistas, contadores del cuerpo de peritos de la Corte, contadores de la fiscalía, contadores de la defensa de Cristina Kirchner y de otros de los acusados, señalaron de manera unánime que no había cuestiones contables sobre las que pudieran expedirse en torno a las redeterminaciones de precios.
Los expertos declararon en el juicio oral que se le sigue a Cristina Krichner a modo de coloquio. Es decir que se presentaron todos juntos y al mismo tiempo para contestar las preguntas del tribunal, la fiscalía y los abogados defensores. Los que declararon ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso son: Daniel Fontana, perito oficial; Valeria Fritella y Maria Sol Gavella, de la fiscalía; Jose Lucas Gaincerain, de la defensa de Cristina Kirchner, y Jorge Bueri de Raúl Pavesi.
Los especialistas, de manera unánime, tenían un solo punto de pericia a responder: establecer si las redeterminaciones de precios que se habían hecho en las cinco obras tomadas como muestra estaban de alguna manera justificadas.
La respuesta de todos los peritos fue que no advertían cuestiones contables sobre las que pudieran expedirse y no podían evaluar la razonabilidad o no de los motivos esgrimidos por la empresa para establecer esos nuevos precios. “No podemos saber si es razonable”, coincidieron.
Dijeron que no podían decir si estaban justificadas las extensiones de plazos, y las modificaciones de obras porque no estaban al alcance de sus conocimientos. Para la acusación esas extensiones de plazo eran para encubrir las falencias de la empresa de Lázaro Báez.
En cambio, sí señalaron que podían verificar los cálculos de variación de referencia. Analizaron cada obra, hicieron las cuentas y concluyeron que las variables externas determinaban un resultado superior al 10 por ciento de ajuste, lo que superaba el porcentaje requerido para hacer readecuación de precios. En todos los casos se verificó que había una variación de referencia superior al 10%, afirmaron los expertos.
Es decir señalaron que estaban dadas las condiciones económicas que establece la ley para permitir que se hicieran estas readecuaciones, pero no estaban en condiciones de decir si las razones que esgrimió la empresa en cada caso para efectuarlas, por ejemplo el contexto económico mundial, eran razonables.
Se fijaron en la cuenta matemática, que dijeron que era correcta, pero pudieron ahondar en los otros aspectos.
En la declaración ante los jueces el perito oficial explicó las operaciones que realizaron y la metodología del trabajo que efectuaron. Otros de los expertos hicieron comentarios complementarios.
Los abogados de los acusados pidieron una semana más de tiempo antes de escuchar a los peritos especialistas en obras viales, los ingenieros que comparecerán el 18 de abril, después de la Semana Santa. Allí se vislumbra un debate más álgido, ya que hay posturas divergentes en los estudios que realizaron los peritos de la defensa y los de la acusación.
La etapa final del juicio
En el juicio se investiga a Cristina Kichner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó las obras públicas santacruceñas para favorecer a Lázaro Báez. El juicio lleva dos años y ya declararon todos los testigos. Ahora resta que terminen de declarar los peritos y que los acusados decidan si van a ampliar sus declaraciones indagatorias.
Los jueces deberán decidir si desde la cabeza del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz se “montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos”.
Los acusados en el juicio por administración fraudulenta son Cristina Kirchner, Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. Cristina Kirchner, Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner también están acusados de asociación ilícita.
Una vez que se acaban estos asuntos, el fiscal Diego Luciani y los abogados defensores estarán en condiciones de realizar sus resumenes finales en los alegatos. La fiscalía decidirá si hay elementos para acusar y los defensores, para reclamar la absolución de sus clientes. (La Nación)
