Según publica Clarín Una semana después de la dura negativa de la Corte a la vice, y en la última audiencia previa a los alegatos, el TOF 2 también le dio una mala noticia.
Por: Lucía Salinas
Al rechazo de la Corte Suprema de Justicia a siete recursos de la defensa de Cristina Kirchner, vinculados al juicio por la presunta corrupción en la obra pública, se sumó la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que tiene a cargo ese debate, de rechazar una serie de planteos que buscaban dejar afuera testimonios y prueba documental que tendrán los jueces a la hora de decidir el grado de responsabilidad, o no, de la vicepresidenta en este caso.
El calendario judicial avanza en el únicio juicio por presunta corrupción que tiene en pleno desarrollo Cristina Kirchner. El 11 de julio comenzarán los alegatos en el caso que la tiene como principal acusada. Se la señala como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 millones de pesos. Esa cifra corresponde a los contratos viales que Lázaro Báez, su ex socio comercial, recibió “de manera irregular y gracias a un esquema de beneficios ilegales”, como sostiene la imputación.
Pese a que el organismos del gobierno, la Unidad de Información Financiera (UIF) buscó postergar el inicio de los alegatos para así retrasar las instancias finales del juicio, el TOF 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, se opuso a ese pedido y reiteró que se respetará el cronograma fijado.
No fue la única decisión comunicada por los jueces en la última audiencia de este juicio previo al inicio de los alegatos. También se respondió a los diversos planteos formulados por la defensa de la vice, de Báez y de Julio De Vido -entre otros-, que se habían opuesto a la incorporación de una importante cantidad de informes, documentos y testimonios vertidos durante el juicio y que serán tenidos en cuenta por los magistrados a la hora de resolver cuál será su veredicto.
De forma unánime, todos los planteos de Cristina Kirchner fueron rechazados.
Tanto la prueba documental incorporada como un conjunto de testimonios, son importantes para dos instancias. Por un lado, tal como se leyó en el juicio este lunes, a la hora de “decidir a qué grado de corroboración de las eventuales hipótesis de culpabilidad y de inocencia guían”.
Por otro lado, también son relevantes a la hora de determinar si “los elementos reunidos son suficientes para tener por probado el hecho” que se le imputa a la vicepresidenta como a los demás acusados.
Las defensas de los acusados querían evitar la incorporación de las presentaciones efectuadas por Javier Iguacel, ex titular de Vialidad durante la gestión macrista y denunciante en este caso. También pidieron que las presentaciones del abogado del organismo vial, Ricardo Stoddart, no sean incorporadas, al igual que los planteos de Juan Chediack como ex presidente de la Cámara de la Construcción.
El abogado de la vicepresidenta además se manifestó en contra de las presentaciones, informes y cuadros confeccionados por Alejandro Mon, ex asesor de Vialidad Nacional. Fue el responsable de analizar 26 de las 51 licitaciones que recibió el Grupo Austral. Expuso en sus conclusiones el beneficio irregular a Báez del 11% del presupuesto total del organismo vial, y cómo se quedó con el 86% de los contratos licitados en Santa Cruz.
“Todos ellos se corresponden con presentaciones escritas realizadas en el expediente o documentación acompañada a él, en algunos casos en forma espontánea y en otros como respuesta a pedidos librados por los organismos judiciales intervinientes en autos, de autoría intelectual o suscriptas por personas que declararon en el debate en calidad de testigos”, explicó el Tribunal para justificar su rechazo a anular esas pruebas.
Después, los jueces explicaron que las presentaciones incorporadas a la causa por los testigos Iguacel, Stoddart y Mon “funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad mientras el proceso transitaba la etapa de instrucción”, y por el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, “se encuadran en el contexto de una investigación en curso en cuyo marco las propias autoridades judiciales requirieron a los organismos que representaban la elaboración de una gran cantidad de informes, documentación o consultas técnicas a tenor del rol desempeñado”.
Bajo ese criterio, respaldaron esa cantidad de informes y documentos, ya que fueron confeccionados “en todos los casos a fin de dar respuesta a pedidos” formulados por las autoridades judiciales. Y replicaron a la defensa de Cristina Kirchner que los hallazgos, análisis y envíos de documentación que derivaron de dichas búsquedas “no son novedosos” pues “se encuentran agregados al expediente desde el inicio del proceso”.
Los magistrados resolvieron que “independientemente del valor convictivo de cada uno de los elementos analizados, se habrá de rechazar las oposiciones a la incorporación por lectura” de todas esas pruebas. Ahora los jueces pueden utilizar esos testimonios y documentos en su evaluación a la hora de resolver si Cristina es culpable o no. (Clarín)
Dejaron fuera de la prueba los libritos que escribió la gente de Clarín .