YCRT anula los últimos 6 sumarios por la explosión de la Caldera 3 y todo se encamina a sepultar las responsabilidades y que los daños lo paguen los argentinos

En relación con el estallido de la caldera Nº 3 de la Usina de 21 Mw de Río Turbio, ocurrida el 13 de marzo de 2022 y sobre cuyo incidente la Intervención de YCRT abriera 14 sumarios, muchos de ellos indebidos, por cuanto se incluía a gente que ni siquiera había estado en el lugar, el Interventor Gustavo Arribas.

con fecha 16 e junio de 2022 notificó a 6 de los 14 empleados sumariados que por Resolución Nº 2022-94-APN-YCRT, a partir del día 15 de junio 2022, dejó sin efectos los sumarios sobre los agentes: Braian Varas, Emiliano Guzman, Marcelo Alfaro, Diego Cañari, Damián Gómez y Ramón González. Ellos eran personal que en algunos casos ni siquiera estaban en la zona del incidente. Hasta aquí la cuestión era clara y de alguna manera venía a rectificar un error cometido por la administración, al abrir sumarios a personas sin ninguna responsabilidad per se.

Ahora, la impunidad

Sin embargo, la última novedad sobre el tema, tal como OPI ha podido constatar en la documentación correspondiente a la que tuvimos acceso, es que por Memorandum interno Nº 159/22 del 30 de agosto 2022 producido por la Subgerencia Central Termoeléctrica de 20 Mw y la firma de Hernán Cardozo como subgerente, la empresa ha tomado la decisión de levantarle la suspensión y los sumarios a los 6 agentes que sí estaban afectados a la investigación por la responsabilidad en el estallido de la Caldera Nº 3.

Quienes han sido liberados de responder sumarialmente en esta oportunidad son:

Esta extraña Resolución tomada por el interventor Gustavo Arribas, es la antesala a la impunidad por la explosión de la caldera Nº 3 cuyos daños, fueron estimados por el propio funcionario de YCRT en un millón de dólares.

La medida tomada por YCRT evidencia que la investigación va a quedar en nada y de esta manera tampoco se van a sustanciar las supuestas denuncias penales anunciadas, con lo cual y a la vista de lo ocurrido en YCRT, se presume con altas posibilidades de certeza que la Intervención y los gremios (Luz y Fuerza- ATE) han llegado a un acuerdo de partes para “planchar” un tema que traba la viabilidad de la puesta en marcha del complejo, en tanto los sumarios sigan en curso y no se resuelvan las actuaciones iniciadas. Fue claramente una imposición sindical que recibió Arribas, para destrabar el conflicto.

Cuestión de palabras

Analizando el documento a los agentes se les informa que “…se encuentran en condiciones administrativas…”, pero contrariamente no existe ninguna notificación del Área de Sumarios como sí sucedió con los primeros desafectados, lo cual informamos el día 22 de junio.

No es solo una cuestión de formas, sino (y básicamente) del aspecto legal que debe guardar este hecho, más aún cuando las autoridades de la empresa (Ing Vilches y Arribas) fueron enfáticos en medios radiales de la cuenca, al asegurar que defendían los bienes del Estado y que dentro de su responsabilidades como funcionarios públicos, estaba la de llegar hasta las “últimas consecuencias” para clarificar los sucedido, no solo por la falla humana en la que hubieran incurrido, sino y fundamentalmente porque las pérdidas ascendían a más de un millón de dólares, ante lo cual ambos amenazaron con realizar las denuncias penales a quienes se encontrara responsables del daño o negligencia, al término de los sumarios.

¿Y ahora qué pasará?

Esta es la gran pregunta que se desprende de la información que acabamos de dar. Si los sumarios se han levantado, no habrá resolución sobre el grado de responsabilidad del personal involucrado. Si no hay responsables la amenaza de Vilches y Arribas de hacer la denuncia penal, se cae por si misma. Si no hacen la denuncia penal, jamás serán investigados y responsabilizados los responsables del incidente. Y si todo esto no se aclara, tampoco se podrá recuperar el costo del daño, estimado en más de 1 millón de dólares.

Conclusión: el hecho quedará impune (como tantos otros en YCRT) y los argentinos deberemos pagar super millonarios daños ocasionados sobre bienes públicos por parte de operarios irresponsables y una Intervención que lejos de deslindar responsabilidades, se transforma en cómplice del hecho en si y de los daños ocasionados por esa negligencia.

Las fuentes de OPI aseguran que existe un acuerdo entre los sindicatos y la Intervención para eliminar los conflictos que mantienen detenida la producción y trabada la generación de energía, ante la reformulación de las políticas económicas nacionales y las posibilidades de que las empresas estatales con grandes déficit sufran recortes presupuestarios. Una de esas condiciones, es el levantamiento de los sumarios, ergo: nunca se llegará a saber qué pasó ni quién equivocó los procedimientos.

Este acuerdo entre gremio e Intervención tiene como finalidad la entrada urgente en servicio de la Usina de 240 Mw para mostrarlo como un logro de gestión del gobierno nacional en un área altamente cuestionada por los altísimos costos logísticos y de producción, sin que estén en condiciones (siquiera) de proveer de carbón al complejo de generación, del cual solo hay una sola turbina en prueba y tampoco hay seguridad de que pueda funcionar al 100%. (Agencia OPI Santa Cruz)