Según publica Clarín Este martes será la última jornada de su alegato. Dice que no abandonó 24 de las 51 obras que ganó “como cualquier empresario”, sino que se las sacaron. Los otros dos juicios que se definirán en noviembre.
Por: Lucía Salinas
Este martes concluirá el alegato del abogado de Lázaro Báez, con un pedido de absolución para el ex socio comercial de Cristina Kirchner. En las dos jornadas previas, el defensor expuso los puntos centrales de un descargo con el que buscó desmentir los delitos atribuidos al dueño del Grupo Austral: haber sido el organizador de una asociación ilícita que defraudó al Estado. Por dichas acusaciones la fiscalía le pidió una pena de doce años de cárcel.
En las próximas semanas, Lázaro Báez espera tres decisiones claves por parte de la justicia federal. A comienzos de noviembre, la Cámara de Casación se pronunciará sobre la condena en su contra dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en el caso de la Ruta del Dinero K, donde lo encontraron responsable de haber lavado 55 millones de dólares y le dictaron una pena de doce años.
Durante el mismo mes, el máximo tribunal penal resolverá si junto a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, afrontará o no el juicio oral y público en los casos Hotesur y Los Sauces. Se trata de las dos empresas de la ex familia presidencial investigadas por operaciones de blanqueo. Todos fueron absueltos sin la realización del debate. Sobre ese aspecto debe resolver la Sala I de la Cámara de Casación.
En tanto, en este juicio por la causa Vialidad, que comparte con la vicepresidenta, el dueño del Grupo Austral escuchará a fin de año la lectura del veredicto a cargo del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de doce años de prisión para Báez. Su abogado, Juan Villanueva, planteó la inocencia del empresario patagónico.
En primer término, rechazó la idea de que Lázaro Báez haya sido beneficiado con obra pública vial en Santa Cruz. La imputación sostiene que el 78% de los contratos licitados en el sur entre 2003 y 2015 terminaron en manos del Grupo Austral.
En etapa de instrucción, la justicia determinó que las 51 licitaciones viales en favor de Báez se otorgaron bajo un sistema “de beneficios y privilegios exclusivos”. Esto incluye concursos “amañados, direccionados” y que respondieron a un sistema de “cartelización de obra pública”.
Los concursos para rutas en las que competían tres empresas del mismo holding, las ínfimas diferencias de costos planteadas, y ofertas que Báez realizó con cifra exacta incluyendo los centavos antes de que el pliego se publicite, son algunos de los fundamentos de las acusaciones por parte del Ministerio Público Fiscal.
Junto con ese esquema que funcionó -indica la acusación- desde diversos organismos del Estado y con la dirección de los ex presidentes Néstor y Cristina Kircher, se trazó otra línea de análisis: mientras ganaba sistemáticamente en cada compulsa de precios que se presentaba, Lázaro Báez firmó con las empresas de los ex presidentes acuerdos comerciales desde el ámbito privado, pero financiados con dinero proveniente de la obra pública.
Esos negocios tienen un número inicial: sólo en concepto de contratos de alquiler, Báez sumó al patrimonio de los Kirchner entre 2009 y 2015 un ingreso de 40 millones de pesos. Su única fuente de ingreso era el dinero proporcionado por el Estado a través de cada contratación.
Esa maquinaria denunciada por los fiscales, expuso “la simulación de las licitaciones”. Por ejemplo, Báez ganó cuatro contratos en poco más de un día: el 5 y 6 de marzo de 2007 el Estado le otorgó obras por más de 714 millones de pesos, pero por las que el Grupo terminó cobrando 1.260 millones, “duplicando y hasta triplicando los plazos de obra”, señalaron los fiscales. A ese ritmo, el ex socio comercial de Cristina Kirchner se posicionó en un año en 22 obras. Todo un logro.
Todo ello fue desmentido por Juan Villanueva, abogado del contratista, quien sostuvo que él ganaba las licitaciones “porque como cualquier empresario se presentaba, realizaba la mejor ofertaba y ganaba”. También señaló que “todas las obras se hicieron (al menos 27 de las 51)” y que las 24 restantes “no fueron abandonadas: no lo dejaron seguir ejecutando las obras, quebraron maliciosamente a la empresa”. La acusación apunta al gobierno de Mauricio Macri.
Lejos de atribuirle a Báez el delito de administración fraudulenta, la defensa sostuvo que fue Javier Iguacel -ex director de Vialidad Nacional de la gestión macrista-, quien “rescindió los contratos que le quedaban a Lázaro, no lo dejó seguir ejecutando obras y quebró a la empresa, entonces ahí está el verdadero perjuicio al Estado, el de Iguacel”, indicó.
La imputación sostiene que la defraudación se produjo con los sobreprecios aplicados a los contratos, con la modificación de plazos de obra que impactaron en los costos de los contratos, con los 46.000 millones de pesos percibidos por los 51 contratos investigados.
El abogado Villanueva fue enfático al decir que las 24 rutas que no se terminaron no fueron abandonadas y le reclama al Estafo 271 millones de pesos de deuda. Vialidad Nacional por su lado, inició 16 juicios en la justicia ordinaria de Santa Cruz para cobrar las pólizas sobre un grupo de contratos por unos 300 millones de pesos. (Clarín)
