El ex presidente Alberto Fernández amplió este jueves su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “Seguros”, en la que se investiga una presunta defraudación al Estado a través de contrataciones irregulares de pólizas para organismos públicos. Durante casi dos horas, Fernández respondió preguntas del magistrado, la fiscalía y las defensas, en su primera presentación ante Casanello luego de haber sido indagado el año pasado por el anterior juez del caso, Julián Ercolini, instancia en la que había optado por no declarar.
El ex mandatario negó haber intervenido en contrataciones particulares y defendió la legalidad del decreto que habilitó la intermediación de brokers en la contratación de seguros estatales. Según aseguró, esa medida formó parte de una política pública impulsada durante su gestión, en un intento de ordenar y transparentar el sistema. Rechazó cualquier vínculo irregular con el broker Héctor Martínez Sosa, uno de los principales señalados en la causa, y sostuvo que su contratación por parte del Estado “es previa” a su gobierno.
“Martínez Sosa ha sido contratado por el Estado durante muchos años, incluso antes de mi presidencia. No es un actor nuevo ni inexperto en el sector“, explicó Fernández. Recordó que cuando se desempeñó como Superintendente de Seguros ya era el bróker más relevante del país, con una trayectoria de más de cinco décadas en el mercado, y que su empresa ha intervenido en contrataciones estatales durante distintos gobiernos.
Fernández también hizo hincapié en el funcionamiento autónomo de los organismos públicos a la hora de tomar decisiones administrativas. Subrayó que, como Presidente, no tenía injerencia directa en las contrataciones que realizaban entes descentralizados, en el marco de lo establecido por la Ley de Administración Financiera y el derecho administrativo. “Cada organismo actúa con su propia gerencia de administración. No tenía forma de conocer si se consideraba conveniente contratar a Martínez Sosa u otra empresa”, argumentó.
Durante su exposición, el ex jefe de Estado solicitó además una serie de medidas de prueba, entre ellas la citación como testigos de la ex secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el ex ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se desempeñó como canciller durante parte de su mandato.
El juez Casanello deberá ahora resolver la situación procesal de Fernández y de otros 37 imputados en el expediente. La mayoría de ellos fue indagada durante la etapa anterior de la investigación, bajo la dirección del juez Ercolini. En las últimas horas, la Cámara Federal porteña resolvió anular la inhibición general de bienes que pesaba sobre todos los acusados, al considerar que ya pasaron más de cinco meses desde que concluyeron las indagatorias, sin que se definiera su situación judicial. Para los camaristas, no se justificaba seguir aplicando una medida tan restrictiva en un contexto sin urgencia procesal. (Agencia OPI Santa Cruz)