Según publica Clarín La Cámara Federal dijo al juez Martínez Di Giorgi que resuelva también si procesa a otros ex funcionarios K y empresarios argentinos y brasileños.
Por: Lucía Salinas
La Sala II de la Cámara Federal porteña pidió que el juez que tiene a su cargo la investigación por las presuntas coimas alrededor de la obra del Soterramiento del Tren Sarmiento, resuelva el caso lo más rápido posible. Hablaron de una “instrucción que no ha avanzado con la rapidez y eficacia”. Se le ordenó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que resuelva el caso que tiene al menos, tres pedidos concretos del fiscal Franco Picardi para que todos los acusados sean procesados por coimas.
Hace dos meses el fiscal Franco Picardi volvió a pedir que se avance en el procesamiento de todos los indagados en 2018 en el marco de este expediente. En su dictamen sostuvo que “los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”.
El estado actual del expediente y la “cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas, de conformidad con lo valorado y requerido por este Ministerio Público Fiscal en el referido recurso de apelación”, es decir: que sean procesados.
Por el momento no se tomó ninguna resolución al respecto. Hay que recordar que en abril de 2019, Martínez de Giorgi procesó a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal por “negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas”, por presuntamente haber favorecido a las firmas ganadoras de la licitación.
Por el delito de dádivas también se había procesado a Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos para cada uno.
Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución, y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados. Por ese motivo, el fiscal Picardi pide que se avance en el procesamiento de las personas investigadas.
En ese estado se encuentra el expediente que aguardaba la llegada de información del Ministerio Público Fiscal de Brasil, documentación ya ingresada a la investigación y como explicitó en otro dictamen el fiscal Picardi, corrobora lo ya expuesto, “la existencia de una estructura de sobornos” vinculada a la millonaria obra ferroviaria.
La causa se inició hace seis años en nuestro país, después de que los dueños del gigante brasileño admitieron, el marco de la operación Lava Jato, que hubo sobornos por 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular diversos contratos de obra pública. Ese monto es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
En Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones sospechosas adjudicadas a Odebrecht: la más importante es justamente la que investiga corrupción en el soterramiento del tren Sarmiento, una obra presupuestada en 3.000 millones de dólares, y adjudicada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio de 2019 la firma brasileña se fue de la obra, al igual que IECSA.
El caso es inédito. Se lanzó por primera vez en 2006 -cuando Néstor Kirchner era presidente -y la puesta en funcionamiento de la obra se anunció una decena de veces. A 16 años, aún no se terminó.
El expediente judicial tampoco avanza todo lo requerido por el fiscal federal Franco Picardi quien en septiembre de este año volvió pidió el procesamiento de Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y un grupo de empresarios que incluye a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
También se suman Santiago Ramón Altieri, Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Alejandra Kademián, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso.
El planteo de la fiscalía se formuló después de que el juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi ordenara una pericia contable para lograr cuantificar el daño ocasionado al Estado. Cristina Kirchner había dicho que el caso que se encontraba “paralizado” y representaba “el mayor caso de corrupción”.
Al respecto la Sala II de la Cámara Federal porteña formuló una dura advertencia al juez del caso. “A pesar del tiempo transcurrido desde entonces en una instrucción que no ha avanzado con la rapidez y eficacia que fue varias veces encomendada, de los varios pedidos del acusador público”, no se resolvió la situación procesal de los acusados.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah añadieron a su análisis que el juez del caso debe resolver las situaciones procesales, con otro agravante, “a dos años de recibida la información pedida al Brasil, aún no fue renovado el estudio de los casos correspondientes, conforme fuera encomendado”, es decir “que complete la instrucción”.
Esa documentación proveniente de Brasil, en gran medida las confesiones de los arrepentidos, fue requerida “para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias que obran” en el expediente que tramita en Comodoro Py.
Lo que se especificó es que esa instancia quedó resuelta, el fiscal Picardi señaló en otro dictamen que la documentación proveniente de Brasil corrobora la estructura de sobornos ya investigada. “Se pidió que (el juez) se expida motivadamente sobre los cargos que pesan sobre los indagados, evaluando cada situación o aporte individual, así como las diferentes hipótesis que se han formulado sobre los hechos (sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles, etc.)”.
Sin embargo, resaltaron los camaristas, nada de ello ocurrió. Por ese motivo le ordenaron al juez Martínez De Giorgi que proceda según lo ya indicado, es decir: que resuelva prontamente la situación procesal de todos los acusados. (Clarín)
