Según publica Clarín Importantes causas que involucran a la Vicepresidenta deberán ser resueltas en los próximos meses por el máximo tribunal. Uno por uno los expedientes que desvelan a la Vicepresidenta.
Por: Lucía Salinas
La decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le ordenaba pagar 2,95% de fondos coparticipables a la Ciudad (superando el 1,4% actual), profundizó el enfrentamiento con el Poder Judicial. En ese contexto, decisiones claves que involucran a Cristina Kirchner quedaron en manos del máximo tribunal que en pleno escenario electoral Y la Vicepresidenta sabe que la situación judicial será aún más compleja.
La Corte Suprema, foco de las principales críticas en los últimos días por parte del Ejecutivo y del kirchnerismo, tiene en carpeta una serie de expedientes que inquietan a la vicepresidenta. Hay varios casos que llegaron al máximo tribunal -bajo la forma de recursos extraordinarios- sobre los que deberán definir los cuatro jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es a esos cuatro ministros que el Gobierno quiere recusar para que no sigan interviniendo en la reciente discusión sobre los fondos coparticipables que reclama Horacio Rodríguez Larreta después del recorte dispuesto en septiembre de 2020 por la administración de Alberto Fernández.
La discusión sobre la conformación del máximo tribunal es un respuesta del oficialismo a una serie de fallos que no resultaron como esperaba el Gobierno.
Por delante quedan otras decisiones determinantes. En el listado aparece diversos expedientes: la definición sobre la millonaria jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, las causas en las que están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, si la ex presidenta afrontará el juicio en el caso “Dólar Futuro”, y la causa conocida como los Cuadernos de las coimas K.
La vicepresidenta ya recibió malas noticias desde el máximo tribunal en los últimos meses: la Corte desestimó los siete recursos que había presentado su abogado, Carlos Beraldi, para intentar voltear la causa de Vialidad, el juicio que concluyó el 6 de diciembre con un pedido de condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Los argumentos sostenidos por la Corte fueron tomados como una ofensa por parte de Cristina, que acusó a los jueces de escribir la sentencia en su contra. Ella sabe que los ministros del máximo tribunal tienen que resolver otros recursos extraordinarios que la inquietan. Mientras en Comodoro Py otros expedientes se encuentran bajo análisis y tienen bajo la lupa su rol.
Por un lado la Corte deberá pronunciarse sobre el cobro por la doble pensión vitalicia que percibe la vicepresidenta por $ 4.147.000 como contó Clarín. La diputada Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) acudió a la instancia final para que se le obligue a optar por uno de los dos beneficios, como inicialmente había determinado el gobierno de Mauricio Macri.
La Cámara de Casación ya realizó las audiencias y resolverá -posiblemente antes de la feria judicial- si ella y sus hijos -procesados por lavado de dinero en los casos Hotesur y Los Sauces- afrontarán o no el juicio oral. Es, sin lugar a dudas, la foto más temida por Cristina: sus herederos sentados en el banquillo de los acusados. En estos casos se investigaron a las empresas familiares sospechadas de haber sido utilizadas como una pantalla comercial con la única finalidad de realizar operaciones de blanqueo.
Mientras la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa revisan la decisión de dos magistrados del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que sobreseyeron a la familia Kirchner sin la realización del juicio, hay en la Corte un conjunto de recursos sobre los que deberán resolver vinculados a estos casos, que buscan evitar la realización de cualquier juicio.
En caso de que la Casación ordene el debate oral, no se descarta que los Kirchner vayan en queja ante el máximo tribunal. Si por el contrario los camaristas apoyan el sobreseimiento, el Ministerio Público Fiscal recurrirá a la Corte. Por un camino o por el otro, todo derivará en la resolución del máximo tribunal.
Con el primer juicio por hechos de corrupción concluido, la defensa de Cristina señaló en varias ocasiones que buscará lo mismo que logró en las causas de Hotesur y en Pacto con Irán: que el Tribunal que tiene el caso Cuadernos de las Coimas, la sobresea sin al realización del juicio.
Sin embargo el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) ya avanza en los trámites administrativos previos a la realización del juicio oral y público, algo que comenzará a tomar mayor forma el próximo año mientras se desarrolla el calendario electoral.
El expediente la tiene en el centro de la acusación como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, es decir, sobornos que pagaban los empresarios contratistas del Estado del sector energético, transporte y obra pública.
Hay en la Corte quince recursos vinculados a este expediente. Tres fueron presentados por el abogado de la vicepresidenta y apuntan a desestimar los procesamientos, los embargos en su contra y los testimonios de los 31 imputados colaboradores que cumplieron un rol clave en el desarrollo de la investigación.
Lo que busca evitar es otra decisión como la que recibió en el caso Vialidad: un rechazo unánime que allanó el camino para el juicio oral de un caso de corrupción en su contra.
Además, cuando se retome la actividad judicial el próximo año, la Sala IV de Casación también se pronunciará sobre la condena a doce años de prisión que recibió Lázaro Báez por lavado de dinero. Este expediente está vinculado al juicio de la obra pública vial que significó la primera condena para Cristina.
El Tribunal que firmó la sentencia condenatoria en la Ruta del Dinero K, el caso por operaciones de blanqueo, en un voto mayoritario dijo que el dinero que se volcó a esas maniobras ilegales provino de las irregularidades cometidas en la obra pública vial. De confirmarse ese delito precedente, daría -aunque son dos casos que se juzgaron por separado-, mayor fortaleza a la condena ya dictada contra Cristina.
Se espera además la resolución de la Sala I del máximo tribunal penal sobre la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Pacto con Irán. Si queda firme el sobreseimiento dictado por el Tribunal que no hizo el juicio, las querellas acudirán a la Corte. Si por el contrario, se resuelve que la vicepresidenta afronte el debate oral, su abogado acudirá a la última instancia y serán los cuatro ministros los que tendrán la palabra final.
La fortuna de Báez -una que en 2016 de valuó en 205 millones de dólares- está bajo investigación y tiene como imputada a Cristina por el delito de lavado de dinero. En este caso se busca determinar si el empresario patagónico adquirió los 1.420 bienes muebles e inmuebles a título personal o si procedió como testaferro de la ex presidenta.
Ese expediente aguarda una última valuación e informes de operaciones inmobiliarias para determinar el rol de Cristina Kirchner y su responsabilidad penal, o no. (Clarín)
