Según publica Clarín Los analistas creen que el presupuesto le dará más flexibilidad para reasignar partidas. Igualmente, deberán modificar impuestos o gastos.
El Gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para reasignar los recursos en 2023, incluidos los fondos de la coparticipación que debe restituirle a la Ciudad tras el fallo de la Corte Suprema. Como el Presupuesto subestima la inflación del año próximo, el Ministerio de Economía obtendrá más recursos nominales que los presupuestados y tendrá menos restricciones para reacomodar los créditos sin pasar por el Congreso.
El proyecto de gastos e ingresos aprobado por el Congreso prevé una inflación del 60%, un cálculo muy por debajo del 99,7% proyectado por las consultoras privadas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. Para los analistas, el excedente de ingresos permitirá a las autoridades contar con una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos y tener la lapicera para hacer cambios sobre la marcha.
“Contás con más recursos de los previstos pero tambien habrá más gastos porque los salarios no podés aumentarlos al nivel presupuestado, lo que te da entonces la subestimación de la inflación es flexibilidad porque podés relocalizar los recursos no como definió en el Congreso sino como quiere el Ejecutivo”, explicó Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews, en donde estiman que la medida tendrá un costo fiscal de $ 200.000 millones anuales.
En su fallo, la Corte hizo lugar parcialmente a la medida cautelar formulada por la Ciudad y ordenó que la Nación incremente de 1,4% a 2,95% la masa de fondos coparticipables que le quitó en 2020 y que durante la gestión de Macri llegó al 3,75%. Después de rechazar la sentencia con apoyo de gobernadores, Alberto Fernández dio marcha atrás y este lunes anunció que le entregará bonos del Tesoro a la Ciudad durante los 90 días de vigencia de la cautelar.
El Presidente sostuvo en Twitter que “si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”. Y argumentó que los bonos en cuestión ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe, por lo que “no habría lesión al derecho concedido a la CABA”.
Pero algunos economistas creen la situación ahora es diferente debido a que el reclamo de la Ciudad no es por una deuda. “No podés entregarle bonos a la Ciudad, no significa que cambia el porcentaje de la coparticipación, lo que tiene que cambiar es la distribución de la coparticipación, las provincias van a recibir lo mismo, la Ciudad un poco más y Nación un poco menos”, dijo un exfuncionario del Banco Central.
Fernández informó este lunes que instruyó a Economía el envío al Congreso de un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22. Sin embargo, el lunes por la tarde solo había llegado a Diputados el proyecto de blanqueo impulsado por Sergio Massa.
No sería el primer cambio a la ley de leyes. El 14 de diciembre pasado el Gobierno amplió los gastos en el Presupuesto en $ 1,5 billones mediante el DNU 829, un cambio que reflejó una mayor recaudación y actualizó los topes de gasto por la aceleración de los precios. Pese a que la hoja de ruta del 2023 subestima la inflación, los especialistas sostienen que el Ejecutivo deberá generar recursos adicionales para compensar a la Ciudad.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el monto extra anual para CABA, según la medida cautelar, sería de $190.000 millones en 2023 (0,13% del PBI). “Si envían ahora el proyecto, tienen que encontrar recursos extra de algún lado con un nuevo ingreso, la baja de algún gasto o alguna combinación de ambos para sostener la meta fiscal con el FMI, no puede salir de la subestimación de la inflación”, dijo Nadín Argañaraz, titular del IARAF.
En igual sentido, el presidente de Analytica, Ricardo Delgado, estimó que el fallo tendrá un costo fiscal de $ 170.000 millones al año y que el financiamiento que se discuta en el Congreso “puede salir de la combinación de impuestos y la reducción del gasto”. (Clarín)
