Según publica La Nación Elena Dilario es secretaria de la magistrada que la vicepresidenta cuestiona por la investigación del atentado; la ola de violencia en Santa Fe podría descongelar la designación junto a otros 30 pliegos judiciales.
Por: Gustavo Ybarra
Con seis meses de demora y luego de que la crisis por la violencia narco en Rosario tomara dimensión global por las amenazas a la familia política de Lionel Messi, el kirchnerismo estaría dispuesto a aprobar en el Senado las designaciones de tres candidatos a jueces para tribunales de Rosario.
Se trata de los pliegos que nominan a Gastón Salmain para el juzgado federal 1 de Rosario y a Elena Dilario y Eduardo Rodrígues Da Cruz como vocales del Tribunal Oral Criminal 2 de la ciudad santafecina. Los tres, junto a una treintena de designaciones judiciales, tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos desde mediados de septiembre del año pasado y desde entonces esperan su turno para llegar al recinto de la Cámara alta.
La clave que explica el cajoneo de esos expedientes es el nombre de Dilario, cuya designación Cristina Kirchner habría vetado, según confiaron fuentes legislativas del bloque del Frente de Todos.
La bolilla negra contra la candidata se explica en el hecho de que Dilario trabaja como secretaria en el juzgado Federal de María Eugenia Capuchetti, la jueza que lleva adelante la investigación del atentado fallido del que fue víctima la vicepresidenta.
El dictamen de la candidata fue firmado por el oficialismo después de que superara, sin contratiempos, la audiencia pública celebrada el pasado 6 de septiembre, menos de una semana después del intento de magnicidio del que fue víctima Cristina Kirchner.
Pero el pliego de Dilario terminó quedando entrampado en el enojo de la vicepresidenta con la jueza Capuchetti porque no avanza con la teoría conspirativa kirchnerista de que Fernando Sabag Montiel no actuó solo, sino que lo hizo financiado por el macrismo.
La ofensiva de la vicepresidenta contra la magistrada empezó en noviembre del año pasado, cuando comenzó a criticarla por la demora en tomar determinadas medidas procesales.
El primer ataque fue un video posteado en la red social Twitter en el que cuestionó el accionar de la magistrada, a la que responsabilizó por la pérdida de la información del contenido del celular de Sabag Montiel, la demora en detener a Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, supuestos cómplices de quien intentó matarla y falló, y la resistencia a convocar a tomar declaración al diputado de Pro Gerardo Milman, quien supuestamente habría anticipado en dos días el atentado en una conversación que mantuvo en un café de la zona del Congreso con dos colaboradoras.
La vicepresidenta volvió a la carga en noviembre último, horas antes del acto del 17 de noviembre por el día de la militancia que la tuvo como oradora, en el que denunció que Capuchetti habría recibido instrucciones de cómo investigar el intento de magnicidio en una reunión con jueces en Comodoro Py.
Eso se tradujo en pedidos de pedidos de recusación contra la juez. En febrero sumó a todas sus críticas el hecho de que Capuchetti era docente en la escuela de la Policía de la Ciudad, razón por la cual la consideró empleada de la administración de Horacio Rodríguez Larreta y la vinculó con el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Toda esta intrincada teoría conspirativa terminó jugándole en contra a Dilario, cuyo pliego para ser jueza del TOF 2 de Rosario quedó cajoneado por el hecho de trabajar con Capuchetti. Con ella, también terminaron congeladas las designaciones de Salmain y Rodrígues Da Cruz.
El caso Olmos
No son estos los únicos pliegos que tienen dictamen desde septiembre del año pasado y que no cuentan con el apoyo del oficialismo. De los 29 nombramientos restantes de jueces, fiscales y defensores oficiales, hay varios que cuentan con la objeción de senadores del oficialismo por internas políticas comarcales.
Es el caso de los pliegos para completar vacantes en la Capital Federal, a los que desde el Instituto Patria acusan de tener vínculos con Juan Manuel Olmos, hombre de confianza de Alberto Fernández y que juró en la jefatura de Gabinete durante la gestión de Juan Manzur.
Conocido en el mundillo político como el “Gordo”, Olmos es un operador judicial porteño con fuertes vínculos con el macrismo, en particular Daniel Angelici, personaje que es considerado por el kichnerismo como uno de los responsables de la “mesa judicial” que supuestamente hostiga y persigue a Cristina Kirchner.
Sin embargo, y luego de cuatro meses de parálisis legislativa y con la violencia narco agudizándose, el Frente de Todos en el Senado comenzó a explorar la última semana caminos para tratar armar una sesión.
Para vencer el bloqueo de Juntos por el Cambio al funcionamiento del Congreso, en rechazo a la ofensiva kirchnerista contra la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque oficialista de la Cámara alta, José Mayans (Formosa), le propuso al principal bloque opositor aprobar todos los pliegos con dictamen de la Comisión de Acuerdos, entre ellos los de los tres jueces que esperan desde hace seis meses la luz verde del Senado para ocupar sus juzgados en Rosario. (La Nación)
