Según publica La Nación Hasta inicios de este mes ya se destinaron $3.246 millones diarios a los planes y ayuda alimentaria, pero las partidas no alcanzan por el impacto de la suba de precios.
Por: Gabriela Origlia
La movilización de los piqueteros opositores al Gobierno fue masiva en todo el país esta semana. La inflación y la suba de la pobreza acelera los pedidos de más alimento para los comedores populares y más planes, justo cuando Desarrollo Social avanza con la revisión y ya recortó alrededor de 100.000. El propio Fondo Monetario Internacional alertó que la inflación “puede aumentar el descontento social”. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, asegura que “no hay ni habrá ajuste” pero los números muestran que, para ganarle al alza de precios, los montos de asistencia deberían dar un salto que es imposible por las condiciones de la macro.
En función del 30% ejecutado de lo presupuestado para el plan Potenciar Trabajo y para las partidas destinadas a los alimentos en el primer trimestre del año -dato oficial- el 70% nominal que le resta ejecutar en términos de poder adquisitivo de estas ayudas, rendirá 40% menos por la inflación anual proyectada. La inflación es la que hace el ajuste; para seguirla -o, al menos, acercársele- la administración requerirá de más recursos.
Desde Desarrollo Social indicaron a LA NACIÓN que a hoy existen 1.272.693 planes Potenciar Trabajo activos; 92.391 menos que en diciembre pasado. “El padrón se encuentra en permanente movimiento, todos los meses hay bajas por pase al empleo registrado, fallecimiento, renuncia o cambio en las condiciones socioeconómicas de los titulares”, precisaron e indicaron que “se continúa con el análisis caso por caso” de quienes se presentaron a validar su identidad fuera de fecha.
Sigue también la revisión de los 160.000 que reciben los planes Nexos, un complemento del Potenciar Trabajo con una asignación de $17.000 (ambos sumados dan un salario mínimo vital y móvil).
El presupuesto de este año del Ministerio es de $1.169.510 millones, de los que 1.033.736 millones (88,3%) están destinados a Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo y a Políticas Alimentarias.
Al 6 de abril entre esos dos ítems lleva pagados $197.396 millones, lo que implica $ 2.077 millones diarios. Lo devengado (registrado como gasto pero no efectivamente pagado) hasta esa misma fecha por los mismos programas suma $308.433 millones, lo que implica $3.246 millones diarios.
Ese ritmo diario es imposible de sostener a lo largo del año -lo que implicaría que no haya actualización de los montos a pagar, cuando los Potenciar Trabajar acompañan al salario mínimo y vital y móvil- porque si no sólo esos dos programas insumirían $13 millones más que todo el presupuesto asignado al Ministerio.
Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, alerta sobre los períodos temporales donde está el interés del gobierno tanto en ajuste como en ingreso de divisas: “Parece concentrarse en evitar desvíos demasiado groseros para las metas de fin de junio, de modo que no exista tanta incertidumbre acerca del desembolso de setiembre”. La auditoría de las metas de ese mes, en cambio, condiciona los giros de diciembre del FMI, por lo que, en realidad, habrán de afectar a la próxima administración.
Un círculo maldito
No es novedad que una inflación alta no solo conspira contra el buen funcionamiento de la economía, sino que tiene un impacto muy regresivo en la distribución del ingreso. La consultora Idesa, que dirige Jorge Colina, analiza que entre el segundo semestre del 2019 y el mismo período del 2022 el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI y, en ese marco, lo destinado a planes asistenciales (sin incluir la AUH), subió de 0,7% al 1,8% del PBI. En ese lapso, la inflación saltó del 53% al 85% anual y la cantidad de pobres de 10 millones a 11,5 millones de personas.
“La inflación va primero y la gente por detrás -dice Colina-. Pasa con los planes, con las jubilaciones, con los salarios. La clave no es revisar los planes sino bajar la inflación. El aumento del gasto es ineficaz para reducir la pobreza. Por el contrario, la acelera y cada vez hay más gente debajo de la línea de pobreza. Es un círculo vicioso, para tratar de bajar la pobreza se aumenta el gasto público, pero esto acelera la inflación y hay más pobreza”.
En los últimos 20 años el asistencialismo se multiplicó casi por cinco: el 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y en el Jefas y Jefes de Hogar; en el 2012 eran 9,4 millones (se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez) y el año pasado llegó a 14,1 millones dominados por el Progresar y el Potenciar Trabajo.
Idesa precisa que la expansión se dio en años de crecimiento económico (entre 2002 y 2012, el PBI per cápita aumentó 58%) y de estancamiento (entre 2012 y 2022 el PBI per cápita se contrajo 5%).
“No hay ajuste”
Según datos oficiales, el año pasado el gasto de Desarrollo Social creció 6,9% interanual en términos reales y, en el primer trimestre de este año, en enero hubo una caída real del 0,8%; en febrero un alza real de 0,5% y, en marzo, el Ministerio apunta un aumento nominal de 122% (la inflación acumularía 110%).
En un tuit Tolosa Paz planteó que hubo un “sostenimiento” del gasto real para los primeros dos meses del año y un incremento real del 9% para marzo: “Tampoco hay ajuste en 2023, hay incremento de la inversión social”. Desde su cartera indican que los presupuestos de Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar tienen niveles de ejecución de 30% y 32%, respectivamente y la asistencia a comedores comunitarios y merenderos, 39%.
La argumentación muestra que, efectivamente, el mayor gasto no alcanza para frenar el avance de la pobreza y, advierte Colina, hay que tener en cuenta que hay pobres que no reciben planes. “Hay una contradicción interna, no se puede bajar la inflación con medidas expansivas”, define.
Respecto de dónde va el dinero de los planes que se dan de baja -serían unos $2.500 millones en el año-, el decreto 728/2022 del presidente Alberto Fernández, señala que será destinado al “fortalecimiento de las unidades productivas de la Economía Popular a través del Programa Banco de Máquinas y Herramientas”. (La Nación)
