Según publica Clarín Ahora lo hizo Andrés Basso, del tribunal que juzgó a Cristina Kirchner por Vialidad. Ya habían sido hackeados los otros dos magistrados del juicio, Horacio Rosatti, Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli, entre otros.
Por: Lucía Salinas
El juez Andrés Basso, uno de los que condenó a Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, denunció en la justicia la intrusión ilegal a su teléfono celular y pidió que se investigue penalmente y se busque a los responsable de la maniobra.
El magistrado realizó la denuncia ante su par Marcelo Martínez De Giorgi quien ya tiene a su cargo los expedientes donde se investigan hackeos a celulares a otros magistrados, dirigentes, funcionario y hasta un intento de hackeo al presidente de la Corte Horacio Rosatti.
Con la denuncia de Basso ya son cuatro las causas abiertas en la justicia federal que podrían unificarse en el caso de que existan pruebas que las vinculen. El punto que podría unir todo es Misiones, en la localidad de Eldorado. Desde allí, para la Justicia de la Ciudad, el hacker Ezequiel Nunes Pinheiro habría realizado varias de las maniobras de hackeo. En su declaracion indagatoria dijo que los contactaron por la deep web y que le dieron una lista de víctimas a las que tenía que intervenir. Le habrían pagado $15 mil por cada trabajo y se lo dieron en bitcoins.
En septiembre del año pasado, cuando concluyeron los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, dos de los jueces del Tribunal que tenían a cargo el debate oral perdieron el control de sus respectivos celulares.
El primero en denunciar la situación penalmente, fue el juez Rodrigo Giménez Uriburu a quien le hackearon el celular el 8 de septiembre. A finales de mes, el 30 más precisamente, su par Andrés Basso perdió el control de la línea de su teléfono.
Frente a dicha situación sólo procedió a realizar la denuncia administrativa ante la compañía prestadora del servicio. Pero ahora, ante la nueva información constatada, decidió avanzar en la denuncia penal.
Este lunes ante el juzgado federal que tiene las otras causas a cargo, el juez Basso presentó la correspondiente denuncia, al entender que “quedó efectivamente verificado que se trató de una maniobra de hackeo”.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, se verificó que previamente ingresaron a Nosis y al RENAPER para acceder a los datos del magistrado, para luego proceder con la maniobra de sim swap, es decir, la clonación del chip para acceder a toda la información del celular.
Cuando el juez Basso observó que su celular no tenía línea telefónica y que tenía impedido el acceso al WhatsApp como también a Telegram, se comunicó con Movistar donde le informaron que habían procedido al cambio de chip solicitado por el “titular” de la línea. Un pedido que nunca había solicitado.
Después del reclamo administrativo realizado, la compañía le proporcionó un nuevo chip y fue recién cuando Basso logró recuperar el control del celular. Desde la compañía le indicaron que “cotejaron” la identidad del titular a “través de un protocolo de preguntas”. Un sistema calificado por los investigadores como “por demás vulnerable”, sobre todo teniendo en cuenta que en éste como en los otros expedientes abiertos tras la denuncia del camarista Mariano Borinsky y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, ocurrió lo mismo.
Uno de los planteos formulados en los tribunales de Retiro es que esta vulnerabilidad del sistema “es riesgosa teniendo en cuenta que estamos en presencia de jueces federales” y la responsabilidad que ello conlleva.
Andrés Basso es uno de los jueces que integra el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de haber llevado adelante, desde mayo de 2019, el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner que tuvo bajo análisis las 51 licitaciones viales otorgadas al Grupo Austral desde 2003 a 2015, período correspondiente a las tres presidencias kirchneristas.
A la hora de leerse la sentencia condenatoria, el magistrado fue el único que entendió que hubo durante el debate oral elementos suficientes para encontrar a la vicepresidenta responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Sin embargo, el voto mayoritario de sus pares se impuso con una única acusación, la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esto le significó a Cristina Kirchner su primera condena por corrupción, con una pena de seis años de cárcel.
Con esta última denuncia radicada en el juzgado a cargo de Martínez De Giorgi, son cuatro los expedientes que involucran a jueces federales planteando irregularidades con sus líneas telefónicas.
En el caso de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la situación fue diferente ya que se sacaron cuatro líneas telefónicas a su nombre sin que él las hubiera requerido. Se percató de la situación cuando llegaron a su domicilio de la provincia de Santa Fe, las Carta Documento exigiendo el pago de la deuda generada.
La situación del integrante de la Cámara de Casación, como de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, es similar: los chips de sus celulares fueron clonados.
Coincide el mes en el que la maniobra se llevó a cabo, todo ocurrió en septiembre de 2022. Mientras el juez Borinsky concluía las audiencias para pronunciarse con sus pares sobre la condena que había recibido Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, los jueces del TOF 2 transitaban la etapa de alegatos de la defensa de la vice en el juicio de Vialidad.
Previo a ello, todos sufrieron otra situación que se encuentra bajo investigación. El 30 de julio ingresaron al Consejo de la Magistraturas intrusos que robaron declaraciones juradas reservadas de jueces federales y nacionales. Entre ellos, se encontraba la información sensible de estos magistrados de Comodoro Py.
En los cuatro casos el juez Martínez De Giorgi dio intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO) para “establecer la identidad” del responsable detrás de todas las maniobras de hackeo.
Hay otro punto en común en estos casos: según pudo corroborar la justicia federal, todas las tareas sobre los celulares de los jueces para reemplazar los chips y poder obtener el control de los dispositivos, se realizaron desde Misiones.
En la justicia porteña se investiga a Ezequiel Nuñez Pinheiro (22 años) oriundo de Eldorado, provincia de Misiones, que reconoció haber recibido un encargo de una persona anónima. La tarea consistía en hackear los celulares de quince personas, entre ellas se encuentra el nombre de los jueces de Comodoro Py que radicaron la denuncia penal, del ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y del diputado Diego Santilli.
Para determinar si hay conexiones entre estos expedientes, el juez Martínez De Giorgi pidió a su par de la justicia porteña que le remita toda la información obtenida. (Clarín)
