Según publica Clarín Luego de que el fiscal ante la Casación Federal, Raúl Pleé, sostuviera ante ese tribunal la apelación de su colega Diego Luciani, el abogado de la vice lo recusó. Pero su reemplazante ratificó la acusación por asociación ilícita.
Por: Lucía Salinas
El abogado de Cristina Kirchner recusó al fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé, que la semana pasada había respaldado el criterio de su par ante el Tribunal que condenó a la vice por administración fraudulenta, pidiendo que se revise la sentencia y se le atribuya también el delito de asociación en carácter de jefa. Ante esta situación el fiscal Mario Villar mantuvo la apelación de Diego Luciani para que sea revisada por el máximo tribunal penal.
Cuando la sentencia que dicta un Tribunal Oral (responsable de realizar los juicios) es apelada por el fiscal del juicio, para que el reclamo sea analizado por la Cámara de Casación debe contar con el respaldo del representante del ministerio Público Fiscal de esa instancia. Si la apelación no se mantiene, los jueces del máximo tribunal penal no tienen en cuenta el planteo.
El fiscal del juicio Vialidad, Diego Luciani, requería que el fiscal ante la Sala IV de la Casación sostenga su apelación. La semana pasada, Raúl Pleé así lo hizo, lo que abrió el camino para que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos analicen el planteo sobre los delitos atribuidos a Cristina Kirchner por parte de la fiscalía.
El representante del Ministerio Público Fiscal insistió con los argumentos de su alegato que demandó nueve jornadas del juicio oral y público. Al concluir los mismos, pidió que la ex Presidenta sea acusada no sólo por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, sino también por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Su pedido de condena fue de doce años de cárcel.
En diciembre pasado, el Tribunal que tuvo a cargo el juicio desde mayo de 2019 condenó a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta con una pena de seis años de cárcel. Esta decisión fue apelada por la fiscalía que reiteró que hay elementos suficientes para atribuirle la totalidad de las imputaciones con las que fue enviada al debate oral.
Cuando el fiscal Plee mantuvo esa apelación, la defensa de Cristina Kirchner lo recusó. Entonces, para que no quede sin respaldo el planteo de Luciani y ya pueda ser analizado por la Casación, intervino el fiscal Mario Villar, quien mantuvo la apelación.
De esta manera, la Cámara de Casación ya está en condiciones de comenzar a dar trámite a todos los recursos de apelación ya que los abogados de quienes recibieron condenas, incluido Lázaro Báez, rechazaron los fundamentos en base a los cuales fueron acusados.
“Como fiscal titular en esta causa, vengo a mantener el recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo Villar en el escrito al que accedió Clarín.
Al momento de explicar la situación, ya que se encontraba de licencia y se incorporó recientemente, el fiscal dijo “a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, declárese abstracto el pedido de recusación formulado contra el Fiscal General Dr. Raúl Omar Pleé”.
El sustento de la asociación ilícita
Al igual que durante su alegato, Luciani señaló en su apelación que “se trató de una asociación ilícita piramidal, en la que los ex jefes de Estado estuvieron en la cúspide, como jefes de la asociación; y diversos funcionarios públicos la integraron y la organizaron de manera de ejecutar los aportes necesarios para llevar a cabo la maniobra”.
Todo esto se concretó “paralelamente al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y del poder político que ejercían”.
Al momento de determinar cuál era la finalidad delictiva de la asociación ilícita, el fiscal dijo que quedó demostrada: “detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero”.
Continuando con la explicación que sustenta la acusación de la asociación ilícita, el fiscal dijo que como medio ilegal para lograr que la misma funcione, “se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó la obra pública de esa provincia a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos”.
Para ello, dijo Luciani, “se convirtió a Lázaro Báez, de la noche a la mañana, en un empresario de la construcción”. Fue de esta manera, que “se creó un sistema de corrupción institucional aceitado y eficiente que contó con mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el cual se violentaron todos los principios esenciales que la regulan”.
Un gobierno no es una asociación ilícita
El fiscal también replicó a uno de los argumentos del kirchnerismo para descalificarlo: “No significa que todo un gobierno haya sido una asociación ilícita, como de manera engañosa y mendaz se ha intentado instalar mediáticamente para distraer la atención. Se trató de tan solo cinco funcionarios infieles que se apartaron de su verdadera misión, con la grave particularidad de que algunos de ellos eran los máximos responsables políticos de la administración general del país y los otros ocupaban cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo”.
Este esquema reducido de personas, junto al indispensable aporte de Báez, “de máxima confianza de los entonces presidentes de la Nación”, fue lo que la fiscalía calificó como la “columna vertebral de la asociación, que se comportó como una verdadera organización criminal”.
Por un lado, por “su efectividad al desarrollar las actividades ilícitas; por el colosal monto defraudado (estimado en 80.000 millones de pesos), su permanencia en el tiempo; el poder real de decisión que tenía tanto en la Administración pública nacional como en la provincia de Santa Cruz; y la estrecha relación de confianza y cercanía de sus miembros (familiares, amigos, compañeros, socios comerciales, etc.)”. (Clarín)
